Por Eduardo Videla
Más que una protesta, fue una movilización en defensa propia. Unos 13 mil obreros de la
construcción marcharon hacia el Congreso para reclamar la reforma a la ley de riesgos de
trabajo, una norma que a dos años de ponerse en vigencia ha logrado el efecto contrario
al que, supuestamente, se proponía: que la prevención disminuya en lugar de aumentar y
que la cantidad de muertos en accidentes laborales crezca un 20 por ciento en un año,
según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). La ley es tan
cuestionada que en Diputados ya hay 19 proyectos para modificarla, entre ellos, la del
titular de la UOCRA, el diputado Gerardo Martínez, que en su momento la había apoyado.
Entre los legisladores hay consenso para aprobar la reforma dentro de dos semanas (ver
aparte).
"Los empresarios irresponsables tienen que ir presos",
disparó Martínez, orador central de la denominada "Marcha por la vida", que
contó con la adhesión de las 62 Organizaciones y el Movimiento de los Trabajadores
Argentinos (MTA). Minutos antes, frente a los manifestantes que se concentraron frente al
Congreso, monseñor Osvaldo Musto reclamó en un responso por "los derechos humanos
adquiridos por los trabajadores".
Las columnas de obreros que llegaron desde distintos puntos pusieron en
colapso el tránsito en la ciudad. La marcha fue convocada la semana pasada, tras la
muerte de tres trabajadores de la construcción en accidentes laborales. Recién entonces
salieron a relucir algunas cifras que ponen los pelos de punta: según datos oficiales que
difundió la SRT, en el primer semestre de 1997 se registraron 387 muertes en accidentes
laborales, mientras que este año, en el mismo lapso, las víctimas fatales fueron 460. Un
19,8 por ciento más. Aunque son más los trabajadores incorporados al sistema, la cifra
contempla tanto a los obreros que tienen cobertura como a los que están en negro. Según
el gerente de Control de la SRT, Andrés Faragó, la cantidad de accidentes en Argentina
es cinco veces superior al de Estados Unidos y el doble que la de España.
"Aquí es más barato pagar la vida de un trabajador que cumplir
con las medidas de seguridad", denunció Martínez. El titular de la Cámara
Argentina de la Construcción, Aldo Roggio, replicó: "La vida no tiene valor y las
normas de prevención hay que hacerlas al máximo", dijo el empresario, que rechazó
cualquier cambio a la ley de riesgos de trabajo.
La inseguridad en las condiciones de trabajo quedó plasmada en las
cifras que difundió la SRT: en el 75 por ciento de las 2021 obras en construcción
inspeccionadas este año se detectaron fallas. En ese período fueron clausuradas sólo 15
obras y no se aplicó aún ninguna multa.
Con el pretexto de mejorar la seguridad laboral, la ley 24.557, vigente
desde julio de 1996, obliga a las empresas a afiliarse a Aseguradoras de Riesgo del
Trabajo (ART), compañías que deben responder por las indemnizaciones ante accidentes,
pero que además debe garantizar que sus clientes cumplan con medidas para prevenir esos
episodios. El poder de policía sobre el sistema fue delegado a la SRT, que debe controlar
a las empresas y también a las ART. Una tarea prácticamente imposible, si se tiene en
cuenta que la Superintendencia tiene 30 inspectores para 450.000 empresas afiliadas,
según informó a Página/12 Faragó.
El propio ministro de Trabajo, Erman González, disparó contra las
ART: "Algunas no estarían cumpliendo con las obligaciones que les marca la
ley", cuestionó. El gerente general de la Superintendencia, Eduardo Toribio, dijo a
este diario hace una semana que "la ley desestimula la prevención".
El abogado Héctor Recalde, titular del Derecho del Trabajo en la UBA, sostiene que el
sistema "es perverso", pues las ART "no controlan a sus afiliadas por temor
a perderlas como clientes". "La responsabilidad empresaria se diluye con el
aporte a la ART y el efecto inmediato es la falta de prevención", dijo a Página/12.
Las empresas pagan el 1,5 promedio de su masa salarial en concepto de seguro de trabajo y
con eso, supuestamente, están cubiertas. Ricardo Cornaglia, titular de Derecho Social en
la Universidad de La Plata, alertó: "Las empresas creen que están a salvo, pero el
ahorro es ficticio. Ya hay seis sentencias de inconstitucionalidad de la ley, que les dan
derecho a los trabajadores a litigar por daños y perjuicios. La inseguridad jurídica es
absoluta", advirtió.
DIPUTADOS TRATARIA EN 15 DIAS UN CAMBIO EN LA
LEY
Límites a un negocio fabuloso
La presión de los
trabajadores movilizados obligó a los diputados a apurar el trámite: la Comisión de
Legislación Laboral acordó ayer consensuar con urgencia un proyecto para reformar la ley
de Riesgos del Trabajo, que sería tratado sobre tablas dentro de dos semanas. Sobre la
mesa había 19 proyectos de los distintos bloques, un dato que indica la disconformidad
que despertó la ley hasta en el propio oficialismo. Pese a las disputas, hubo acuerdo en
implementar modificaciones que pondrían en riesgo el fabuloso negocio de las ART que,
según estimaciones, manejan 1000 millones de pesos al año. A saber:* Todos los proyectos coinciden en derogar el artículo 39 de la ley, que
les impide a los trabajadores accidentados --o a sus familiares-- entablar una demanda por
daños y perjuicios contra el empleador o la ART.
* También acuerdan en levantar el tope indemnizatorio, fijado por la
ley en 55.000 pesos y elevado a partir de agosto a 110.000. Los legisladores entienden que
ambos artículos son discriminatorios y lo explican con un ejemplo: si el chofer de un
colectivo muere en un choque, su familia recibirá como máximo una indemnización de
110.000 pesos. Pero si muere un pasajero, por vía de la acción judicial, puede cobrar un
resarcimiento entre cinco y diez veces mayor.
* Los diputados también proponen que la indemnización se haga en un
pago único. Ahora, la ley dispone que el pago puede hacerse en tantas cuotas como
expectativa de vida tengan los deudos de la víctima. A la viuda del piloto de Austral
Jorge Césere --quien tenía un sueldo de 8100 pesos-- le corresponde por ley una
indemnización de 154 pesos mensuales.
* También se estudia establecer sanciones penales muy severas para las
empresas que no cumplan con las normas de seguridad, con penas que van desde fuertes
multas a la privación de la libertad.
* Se contempla además quitarles a las ART la competencia en materia de
junta médica, un aspecto en el que son a la vez juez y parte: los médicos de las
aseguradoras establecen los grados de incapacidad, para que luego las ART fijen los montos
indemnizatorios.
Los diputados Carlos "Chacho" Alvarez y Graciela Fernández
Meijide propusieron además la creación de un Instituto Nacional de Prevención de
accidentes laborales, articulado con las provincias. |
Trabajar en la cuerda floja, por 1,80 la hora
Muchos trabajan en cualquier
condición porque "hay que terminar rápido". Dicen que no se cumplen las
medidas de seguridad, ni reciben los equipos apropiados. Eso cuentan David, Darío, Juan y
otros miles que se sumaron a la marcha. |
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Los obreros aseguran que no hay
seguridad ni control |
Darío Mendoza está
harto del "apriete", por eso ayer paró y se plegó a la marcha organizada por
la UOCRA. Aunque a diario construye casas bajas, no se salvó del peligro en las alturas:
"Pisé el techo de telgopor cubierto por la helada y me fui al piso", cuenta el
ahora sobreviviente, que trabaja en un programa de viviendas en Moreno. A pesar de la
escarcha el trabajo debía concluir porque "quieren terminar rápido", acusa
Darío. Es oficial ayudante, tiene 22 años y oficio de carpintero truncado por la
competencia con grandes empresas. Como Darío, David es ayudante en la misma obra. Ganan
1,80 por hora y a lo largo del día --con 9 horas de trabajo-- pueden meter 16,20 pesos en
los bolsillos. El apuro patronal no es lo único que critican: "Sobre 20 normas de
seguridad que debe cumplir, la empresa sólo se hace cargo de cuatro", previenen.
Uno de 22 y otro de 20 reclaman para sí el nombre de
"comodines" en la hueste operaria de Moreno. "Es así: nos chiflan y
corremos para hacer lo que falte", reniega Darío con el casco metido bajo un brazo.
Por el papel cumplido durante nueve horas de lunes a sábado no reciben 1,14 peso --tal
como lo marca el convenio-- sino 1,80. Y la dádiva de 66 centavos extras la saborean como
cortesía. David no suelta el redoblante que sacudió por dos horas en el Congreso. Camina
por la 9 de Julio en busca de uno entre las decenas de micros varados en la avenida. Desde
lejos algún chiflido avisa que es la hora de volver a casa, pero el "comodín"
evade el regreso e insiste con más quejas: "Para trabajar el telgopor necesitamos
antiparras y no tenemos. Tampoco nos dan barbijo ni guantes". Darío suma datos al
listado: "Te dan botines y equipo, pero a los tres meses te lo tienen que cambiar y
no lo hacen".
En un micro está Juan, contratado hace un año para la reconstrucción
del Teatro Argentino platense. Apenas ingresado entre la peonada conoció a Torrico, el
mismo hombre que en setiembre veía caer desde un andamio del sexto piso. "Desde ese
momento las condiciones de seguridad mejoraron. En la obra no existen accidentes salvo los
habituales". Juan explica que las mejoras las obtuvieron a fuerza de pelea.
"Paramos 15 días y durante otra quincena nosotros mismos hicimos los trabajos de
seguridad que faltaban. En aquellos andamios, además de estar mal armados, las ruedas no
tenían ni siquiera freno". Juan es oficial albañil. Para llegar a Congreso dejó en
suspenso un tramo de la tribuna en el tercer piso. Cobra 4,20 la hora. Trabaja diez horas
por día de lunes a viernes y en cada quincena suma 10 pesos de viático diario.
"Juan Dufredo" dice un casco. El obrero escondido abajo no aguanta quedar
callado. El martes tuvo miedo: estuvo a punto de caer desde 30 metros. Era el segundo piso
de la planta del parque industrial que Bayer construye en Pilar. Convertido desde hace
seis meses en piloto de un Escaptrack, una especie de grúa usada para el traslado de
columnas, algunas ráfagas de viento sacudieron la punta de la pluma extendida a seis
metros de la cabina de Juan. "Nos apuran --cuenta-- y nos ponen tiempos para terminar
porque si demoramos se pierde el hormigón." La grúa tiene 50 metros cuadrados para
maniobrar. "Y allá no es como en la ciudad --vuelve Juan--, cuando hay viento se
siente." Con cientos de detalles intenta explicar que cada esqueleto de columna
transportado pesa 500 kilos y de él depende su propia vida, como la de un compañero que
vuela colgado en la columna hasta el sitio donde va a ser colocada. Lo cierto es que, a
pesar de todo, Dufredo logró campearle al viento y terminar el trabajo. A punto para el
hormigón. Y todo 2,30 pesos la hora.
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Los números de la inseguridad
* En el primer semestre de este año se denunciaron 460 muertes en
accidentes de trabajo. En el mismo lapso de 1997 las víctimas habían sido 387.
* El aumento de la fatalidad, en un año, fue del 19,8 por ciento. La
SRT dice que el aumento es relativo porque en ese lapso se incrementó la cantidad de
trabajadores incorporados en el sistema. Pero en ambos casos se computan los trabajadores
afiliados y los que están en negro, o sea, todos.
* En la Argentina se registran cinco veces más accidentes de trabajo
que en Estados Unidos y el doble que en España.
* La Superintendencia de Riesgos del Trabajo tiene sólo 30 inspectores
para controlar la seguridad en 450.000 empresas que están dentro del sistema.
* En lo que va del año se hicieron 2021 inspecciones en obras en
construcción. En el 75 por ciento de los casos (1525) se hicieron observaciones por falta
de medidas de seguridad. Se dispusieron 99 suspensiones de tareas y 15 clausuras, pero
ninguna multa.
* Las empresas pagan a las ART entre el 1,5 y el 3 por ciento de su
masa salarial en concepto de seguro. Se estima que las aseguradoras recaudan en total 1000
millones de pesos por año.
* En Diputados hay 19 proyectos para modificar la Ley de Riesgos del Trabajo,
presentados por el oficialismo y la oposición.
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