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Por Cledis Candelaresi
El Laura proponía costear la construcción de autopistas con un impuesto de 10 centavos sobre cada litro de combustible, eliminando el peaje de las rutas nacionales. Aquel dinero integraría un fondo fiduciario a administrar por las refinadoras, que irían desembolsándolo a medida que avanzara el tendido de la red. Pero la resistencia de las petroleras a absorber el gravamen, el fuerte lobby de la Cámara Argentina de la Construcción (que impulsa su propio programa, sin descartar el peaje) y la resistencia de Economía a crear un fondo con afectación específica hicieron que la iniciativa no prosperara. Sin embargo, desde entonces proliferaron proyectos de ley con un espíritu semejante, aunque no para construir sólo autopistas sino también para reacondicionar rutas y caminos secundarios. Todos proponen crear un gravamen sobre los combustibles e integrar lo recaudado en un fondo extrapresupuestario a repartir entre la Nación y las provincias. Marcelo López Arias, justicialista y vicepresidente de la Cámara, fue el primero en presentar un proyecto para crear una "sobretasa" que iría aumentando gradualmente hasta los 10 centavos por litro; el objetivo es mejorar, básicamente, rutas nacionales, en su mayoría del norte del país. Julio Díaz Lozano, el duhaldista que preside Obras Públicas, propone un tributo de 7 centavos para costear el plan de caminos diseñado en forma conjunta por las vialidades provinciales y la nacional; de los 1800 millones de dólares a recaudar, un 60 por ciento iría al Tesoro nacional y el resto sería para las provincias. A las iniciativas del PJ se sumaron también dos elaboradas por aliancistas, una del radicalismo (casi idéntica a la de Díaz Lozano) y otra del frepasista Rubén Giustiniani. Este también impulsa la creación de un fondo fiduciario con 5 centavos por cada litro de combustible. El Ejecutivo ya hizo propia la idea de construir caminos con un impuesto sobre las naftas, puesto que es una de las pocas herramientas para financiar obra pública en vísperas electorales, a pesar de la crisis fiscal. Pero el Gobierno no considera oportuno impulsarla en este momento, cuando la discusión de cómo financiar un ajuste a los docentes todavía no ha sido saldada. Economía tampoco admite crear un fondo que estaría fuera del Presupuesto, y en cuya administración tendrían competencia directa los gobernadores. "Nosotros queremos garantía de que el Gobierno no va a utilizar el dinero para otra cosa que no sea hacer caminos", justifica López Arias. Por esa razón, los legisladores de distinto signo coinciden en darle a la recaudación un destino fijo, y defienden la idea con un argumento técnico: para poder incluir un fondo con afectación específica dentro del Presupuesto 99 --que ya tiene dictamen-- es necesaria la aprobación por dos tercios de la Cámara. La interna de la Alianza postergó hasta la semana que viene una decisiva reunión en la Comisión de Obras Públicas prevista para ayer, cuyo propósito era dictaminar a favor de un texto consensuado. De conseguirlo, antes del receso veraniego el Congreso alumbraría un nuevo impuesto sobre las naftas.
LIMITAN LA VENTA EN BLOQUE DE ACCIONES DE YPF Por Raúl Dellatorre
En una carta al directorio de YPF, Economía hizo saber el lunes 16 su intención de vender en bloque el 20,3 por ciento de las acciones de YPF, el total de sus tenencias, en dos etapas. Para ello, anunciaba que el Estado "podrá proponer, junto con el comprador, adecuar los estatutos de YPF", a fin de salvar el impedimento de que un solo accionista se apropie de más del 15 por ciento del paquete sin hacer una oferta por el resto del capital accionario. Esto es, estar dispuesto a desembolsar 11 o 12 mil millones de dólares. Roque Fernández le informó ayer a Roberto Monti que el Gobierno desistió de la modificación del estatuto, y que sólo vendería el 5,31 por ciento adicional si el comprador del primer paquete hacía oferta por el paquete global de acciones. Entre el día 16 y la reunión de ayer, hubo una sucesión de contactos con grupos accionistas de YPF en Estados Unidos, tanto por parte de Miguel Kiguel (subsecretario de Financiamiento) como de Monti. Los inversores no sólo apoyaron la gestión de Monti, sino que además habrían expresado su disgusto por la intención oficial de transferir el control de la petrolera, lo que implicaría el desplazamiento de la actual conducción. En las próximas semanas, Economía dará a conocer los "criterios objetivos de selección" de las empresas que serán convocadas a hacer oferta. Pero Alejandro Quiroga (subsecretario de Bancos y Finanzas) y Kiguel anticiparon ayer que no serán incluidas la propia YPF ni empresas con mayoría estatal, como Petrobrás. "La compañía (YPF) no planteó su decisión de participar; si lo propone y nos explica cómo lo va a hacer, lo analizaríamos", respondió Quiroga al ser consultado por la arbitraria exclusión, ya que no se le impondrán tales requisitos al resto. Admitió, en cambio, la posibilidad de que alguno de los actuales accionistas (Pérez Companc, que tiene un 3 por ciento, por caso) haga oferta por una porción menor que el 14,99 por ciento, "siempre y cuando esté dispuesto a pagar toda la prima (el sobreprecio) que demandemos". Economía pretendió presentar la reunión con Monti como un acuerdo de paz, luego de los dardos cruzados una semana atrás, asegurando que Roque había "ratificado" los criterios de la nota del 16. El presidente de YPF, en cambio, saboreó en silencio su victoria, mientras preparaba un nuevo raid de encuentros con inversores en el exterior, que iniciará hoy mismo.
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Después de que el Gobierno descartara el Plan Laura para
construir una red de autopistas con un impuesto sobre los combustibles, en Diputados
maduraron varias iniciativas fundadas con idéntico financiamiento. Tanto el justicialismo
como la Alianza presentaron proyectos en ese sentido. Las iniciativas difieren en la
magnitud del gravamen, pero todas coinciden en el mismo punto, inaceptable para Roque
Fernández: la millonaria recaudación quedaría fuera del Presupuesto.