Recibir un llamado desde la cárcel es un raro privilegio. Para quien está adentro es un verdadero esfuerzo comunicarse con la calle. Las colas frente a los escasos teléfonos públicos son eternas o implican levantarse a horas imposibles para gozar de un rato a solas con el tubo. Por supuesto la incomunicación de los presos y las presas no es algo casual, es parte de la estrategia del castigo que lejos de alentar la tan mentada reinserción social, los aísla, les quita todo rasgo de identidad y los suspende en ese mundo con reglas propias que es la cárcel. Pero lo cierto es que este llamado pudo colarse entre las dificultades para hacer una denuncia. Otra vez el tema de los medicamentos. No es que haya desabastecimiento. Las pastillas que controlan la infección por vih están, o por lo menos llegan a los penales. Pero una nueva disposición del Servicio Penitenciario cambió el modo en que deben ser entregadas a los internos e internas. Hasta hace un mes, quienes las necesitaban las recibían cada quince días, tal vez con alguna demora que siempre se cubre con la solidaridad de los compañeros que comparten lo que tienen con el resto. Pero vaya saber a qué mente iluminada se le ocurrió el método de la entrega controlada: cada toma es entregada al interesado como si fueran niños que necesitan recibir la medicina en la boca. Y por supuesto nunca en el mismo horario del día anterior. Ni siquiera se cumple la cantidad de tomas recetadas. No es ningún secreto que los tratamientos combinados son efectivos sólo si se cumplen con regularidad y cierta disciplina, necesaria para que la sangre tenga siempre el mismo nivel de droga que controla la reproducción viral. Sin este rito diario el virus puede hacerse resistente incluso a los potentes cócteles. Los presos no sólo dependen ahora de los problemas de abastecimiento que desde siempre sufren quienes dependen del Estado, ahora están atados al humor de los celadores, sus cambios de guardia y su memoria. Muchas veces la no entrega del cóctel es la variable de ajuste que los guardias usan para castigar de forma encubierta a los internos e internas con los que tienen algún conflicto. Nada justifica esta arbitrariedad. Aun cuando estén detenidas las personas no perdieron su derecho a la vida y a la salud. Y la responsabilidad de cuidar esa salud tiene que estar en sus manos.

Marta Dillon