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Por Victoria Ginzberg  El juez
Adolfo Bagnasco se pronunció en contra de que la causa en la que se investiga el plan
sistemático para apropiarse de hijos de desaparecidos durante la última dictadura sea
unificada con la que se sigue por la desaparición y supresión de identidad de Javier
Penino Viñas, que está en manos de la jueza María Servini de Cubría. El pedido había
sido presentado por la defensa del dictador Emilio Eduardo Massera, involucrado en ambos
procesos. El abogado del ex almirante apelará hoy esta decisión y hará lo mismo con el
procesamiento y el embargo de los bienes de Massera. La estrategia, para adelante,
consistirá en tratar de “tachar” a los testigos que declararon ante Bagnasco
acusándolos de “enemistad manifiesta”. Massera fue detenido el 24 de noviembre pasado por orden de la jueza Servini de Cubría, quien lo procesó por la apropiación del hijo de Cecilia Viñas y Hugo Penino. Quince días antes, Bagnasco lo había imputado por su participación en el plan para robar bebés durante la dictadura. El viernes pasado, este juez lo procesó, le dictó prisión preventiva y embargó sus bienes por un millón de dólares. Desde el principio, el defensor de Massera intentó que el destino del dictador quedara en manos de Servini de Cubría. Para lograrlo, presentó un escrito en el que pedía que se unificaran ambas causas. Bagnasco rechazó esta solicitud con el argumento de que, aunque él y su colega se encuentran investigando hechos similares, éstos se produjeron en diferentes centros clandestinos de detención y están imputados distintos militares. Los abogados patrocinantes de seis abuelas de Plaza de Mayo ya sostuvieron que, en caso de conexidad, el caso le corresponde a Bagnasco, porque es quien tiene la causa con el delito más grave y el que se cometió primero: “La responsabilidad por la implantación de una práctica sistemática es mayor que la resultante de alguno de los hechos singulares que hubiesen formado parte de ella” y “cronológicamente el plan sistemático es anterior a cada uno de los hechos”, aseguraron. Con la detención de Jorge Rafael Videla también se planteó un problema de competencia. Este dictador había sido arrestado por el juez federal Roberto Marquevich por el robo de cinco bebés, pero la Cámara Federal de San Martín decidió que el caso le correspondía a Bagnasco. Si bien en este hecho tuvo influencia el tema de la territorialidad –los jueces aseguraron que Videla debería ser juzgado en la Capital Federal–, los camaristas consideraron que el expediente de Bagnasco estaba más avanzado y era el que tenía más pruebas acumuladas. “El mismo juez dice que los hechos que investiga son de igual modalidad que los que tiene Servini de Cubría. Bagnasco procesó a Massera por privación sustitución de identidad y sustracción de menores, que es lo mismo que está investigando Servini. El código dice que el caso le corresponde al juez que comenzó primero, es decir a Servini”, aseguró a Página/12 Arce Aggeo. El abogado del ex almirante apelará la decisión de Bagnasco sobre la conexidad y hará lo mismo con el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo de los bienes del ex almirante. Arce Aggeo adelantó, además, que su estrategia futura consistirá en tratar de “tachar” a los testigos que declararon ante Bagnasco. Graciela Daleo y Sara Osatinsky –ambas ex detenidas–, que mencionaron a Massera en sus testimonios, serán las primeras que tratará de inhabilitar. “Estuvieron claramente involucradas en organizaciones consideradas subversivas” y por ese motivo “carecen de objetividad, porque media una enemistad manifiesta: para ellas Massera era un enemigo”, dijo el abogado. La Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Horacio Vigliani y Luisa Riva Aramayo, deberá resolver quién se ocupará de Massera. También deberá expedirse sobre los planteos de cosa juzgada, prescripción e incompetencia y sobre la recusación contra Bagnasco presentados por la defensa del dictador.
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