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 Wilyan
Otrera, ex secretario de Obras Públicas y Comunicaciones durante la gestión de Domingo
Cavallo, y el secretario general de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos
(Foetra), Rogelio Rodríguez, serán procesados por la Justicia por maniobras fraudulentas
en perjuicio de los trabajadores telefónicos y del Estado nacional. El juez federal
Adolfo Bagnasco, quien adoptó ayer esta decisión, considera que los acusados -junto con
los sindicalistas Diógenes Salazar y Omar Pérez– han incurrido en el delito de
administración fraudulenta en relación con los Programas de Propiedad Participada (PPP)
instaurados oficialmente como parte del proceso de privatización de Entel.Según anticipó a Página/12 la letrada Liliana Zabala, impulsora de esta querella, el ex ministro de Economía y su asesor Wenceslao Bunge también deberán transitar los tribunales, a juzgar por los elementos considerados por el magistrado, en pocas semanas. Bunge es más conocido por su rol de apoderado legal del desaparecido empresario Alfredo Yabrán, a quien Cavallo calificó públicamente de “mafioso”. En el litigio por las teleacciones Bunge es sospechado de haber desplegado el lobby entre sindicalistas y funcionarios que permitió la maniobra cuestionada por la Justicia. En los fundamentos de su medida Bagnasco define como “inicio” de la defraudación a los trabajadores telefónicos un acuerdo del Gobierno de diciembre de 1992 con los sindicatos. En ese momento acordaron pagar en ocho años un pequeño saldo del valor de las acciones transferidas (10 por ciento del paquete de cada compañía). Ello, pese a que con los dividendos devengados desde la transferencia de Entel. en 1990 era posible prácticamente concretar la adquisición de la totalidad de papeles sin inconvenientes. Así se obligó a los telefónicos a tener sus papeles indisponibles por ese prolongado plazo. Esto, prosigue Bagnasco, permitió que numerosos trabajadores fueran despedidos perdiendo su calidad de accionistas al estar obligados a vender sus papeles. Según expertos en esta cuestión nada menos que 24 de los 42 mil empleados quedaron fuera de las compañías por retiros, despidos o jubilaciones hasta 1997. Y en realidad debieron malvender sus acciones a los sindicalistas (que operaban con los propios fondos de los trabajadores) a un precio de 0,75 peso cuando en el mercado se cotizaban a 3,50. “En el Acuerdo General de Transferencia confluyeron las voluntades de los sindicalistas, que en aquel momento decían ostentar la representación de los trabajadores, así como la de los funcionarios estatales del Ministerio de Economía (...) y del Ministerio de Trabajo”, explicó el juez en su resolución. “La medida demuestra que el objetivo de la operación por parte de los sindicalistas –con la connivencia del Gobierno– fue apoderarse de las acciones que pertenecían a los empleados”, señaló a este diario David Alperín, uno de los accionistas afectados, que lleva adelante las demandas judiciales sobre este tema en el fuero contencioso-administrativo. Según este experto, el operativo síndico-gubernamental habría servido para compensar la anuencia sindical para privatizar y, al mismo tiempo, el acallamiento de las rebeldes comisiones internas. La cosecha de los caciques gremiales rondaría los 100 millones de pesos considerando sólo la operación efectuada en Telefónica de Argentina. En Telecom, en cambio, una traba judicial impidió que se efectivice aún la venta de las acciones de los empleados.
“BAJARA EL DESEMPLEO DE 3 A 4
PUNTOS”
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