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Diferentes repercusiones y opiniones despertó el paro dispuesto por Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), entre las que se destacaron la desaprobación del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Fernando de la Rúa, y del juez Víctor Perrotta, así como la grotesca proposición del presidente de All Boys, Pablo Brey, según la cual deberían cerrarse los tribunales de justicia. De la Rúa instó a que "se aplique la ley, castigando" a quienes la infringen para evitar nuevos actos de violencia en los estadios y, en tal sentido, elogió "la valentía" del juez Víctor Perrotta. "El paro de los jugadores es para que vuelva el fútbol y no para que se termine la violencia", opinó De la Rúa sobre la medida de fuerza adoptada por Agremiados. El juez Perrotta se manifestó molesto por no comprender "la huelga o el lock-out" que decidió el gremio de los futbolistas, quienes, a juicio del magistrado, "deberían saber que el ascenso está parado porque la AFA no quiere, ni siquiera, cumplir las mínimas medidas de seguridad". Para el juez, "existe una cuestión económica que la AFA no quiere asumir, porque dice que ahora el fútbol no da para tanto. Pero lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Y acá hay gente que no quiere hacer nada", agregó Perrotta. Del otro lado, el titular de All Boys ironizó que, "así como se suspendió el fútbol, deberían cerrarse la Panamericana por los asaltos y todos los tribunales del país por el caso del juez Ruda Bart", quien está acusado de haber hurtado productos en un supermercado de la ciudad balnearia de Punta del Este. Brey también disparó contra la Fundación Fair Play, a la cual calificó de "inexistente", porque "no ha acreditado personería jurídica" y "está integrada por un solo hombre, un tal "Rubén Sergio" Ramírez Chagra, asesorado por un abogado (Gustavo Romano Duffau), que eran ignotos y, por su presentación ante Perrotta para que se pare el fútbol, están contentos por haber salido del anonimato". El ex juez penal Hugo Van Schilt, quien ahora ocupa la presidencia del club Los Andes, propuso la contratación de "un servicio de seguridad privado y especializado" para evitar y reprimir los desmanes en el fútbol, al tiempo que "por cuestiones económicas" consideró inviables las medidas impuestas por Perrotta. "Una parte activa de este conflicto también la integran las policías, que no están debidamente formadas para solucionarlo", opinó Van Schilt, quien también fundamentó su desacuerdo con las resoluciones de Perrotta en que "ha tomado decisiones en forma genérica e irracional, que no ayudan a superarlo. Se debe analizar a fondo el problema de la violencia en el fútbol, que tampoco se soluciona con un paro". El presidente de San Lorenzo de Almagro, Fernando Miele, reclamó enérgicamente "una eficiente legislación para acabar con la violencia en el fútbol", a la vez que relativizó las medidas de seguridad que exige el juez Perrotta. "No es cuestión de gastar dos millones de dólares en montar y poner en funcionamiento cámaras internas de televisión, para filmar a los violentos y no se tomen con ellos sanciones ejemplificadoras", se quejó.
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