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Por Horacio Cecchi  A contramarcha de las
medidas tomadas por él mismo durante poco más de un año de gestión, el ministro de
Seguridad y Justicia bonaerense, León Arslanian, intentará reformar con un proyecto la
recién promulgada Ley de Seguridad de la provincia, devolviendo los poderes policiales
para mantener personas detenidas hasta 24 horas sin conocimiento judicial y
habilitándolos a revisar pertenencias sin autorización de los fiscales. La idea,
propiedad intelectual del ministro, desató una ola de denuncias y críticas por parte de
legisladores de la oposición y preocupación entre los organismos de derechos humanos,
especialmente la APDH, de la que Arslanian es integrante. “Ya no es la misma que
encontramos antes de la Reforma. Llegó el momento oportuno de devolverle los poderes que
necesita”, citó el ministro al anunciar su proyecto. Se refería, claro, a la ex
Maldita Policía que se prepara a recuperar su título de la Mejor Policía del Mundo.En julio del ‘98 fue promulgada la Ley de Seguridad provincial, la 12.155, con la que se intentaba sanear el funcionamiento de la Policía Bonaerense, una de las más golpeadas por los hechos en los que se vio envuelta: Embajada de Israel, AMIA, asesinato de José Luis Cabezas y Andrés Núñez, desaparición de Miguel Bru, infinidad de casos de gatillo fácil, narcotráfico y robo de automotores. Entre los recortes que sufrió el poder policial, el artículo 9º limitó la facultad de detención de personas a 12 horas, obligando a notificar “inmediatamente a la autoridad judicial competente”. Hasta la promulgación de la 12.155, el decreto ley 9551/80 del período Camps irónicamente autorizaba a prolongar una detención hasta 24 horas. El proyecto de Arslanian es devolver esa facultad policial. “Ya no es la misma policía corrupta que nos encontramos cuando iniciamos la Reforma –aseguró el ministro en una minigira por Olavarría el martes pasado–. Esta es una policía que va en camino a ser más eficiente, garantista y democrática. Llegó el momento oportuno para darle los poderes que necesita para cumplir sus funciones”. El ministro propuso otra enmienda, sobre el artículo 14, inciso a, que trata sobre las “Funciones Esenciales” de la Policía de Seguridad. El inciso actual dice que una de esas funciones esenciales es “evitar la comisión de hechos delictivos o contravencionales”. Arslanian propone un pequeño agregado para facilitar la tarea detectivesca: “Se faculta al personal policial a realizar inspecciones oculares a fin de facilitar la identificación de elementos cuyo uso delictivo pone en grave riesgo la vida e integridad de las personas”, también conocida como “requisa”. Del proyecto de ley, por el momento se conoce un borrador que fue entregado al bloque de senadores del PJ y distribuido entre los presidentes de las bancadas. Arslanian asegura que el proyecto ya está listo, “a la firma de (Eduardo) Duhalde”. “Lo que quiere hacer es devolverle la facultad discrecional que tenía la policía de Camps para detener personas –denunció el senador del Frepaso, Jorge Drkos–. Estaban habilitados por 24 horas, pero era una herramienta de la dictadura que usaban para chupar personas y los jueces jamás se enteraban. Cuando se modificó la ley, nosotros propusimos eliminar esa facultad, pero el PJ sólo admitió reducirla a 12 horas, limitada con la actuación de un fiscal. Arslanian invierte la presunción de inocencia. Un detenido va a tener que demostrar quién es, qué hace, de qué vive porque la policía, que lo detuvo, sospecha de él y tiene funciones judiciales”. A la Comisión Bicameral de Seguridad, integrada para tratar los temas de seguridad por consenso, y por la que naturalmente debería pasar el proyecto, el borrador no llegó y muchos dudan de que vaya a ocurrir. Uno de sus integrantes, el diputado frepasista Alejandro Mosquera, presidente de la Cámara, y el presidente del bloque, Aldo San Pedro, coincidieron en que “cada vez que se incrementa la arbitrariedad en la policía, los quepierden son los sectores juveniles y los marginados, pero no bajan los índices delictivos”. Entre los miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos la preocupación fue notoria. No es para menos: Arslanian fue uno de sus miembros fundadores. “No es cierto que la policía esté controlada, tenemos infinidad de casos que así lo confirman –sostuvo Simón Lázara, del Consejo Directivo y autor de la ley que reduce el tiempo de detención a 10 horas, con intervención de un juez–. Es una arbitrariedad absoluta porque van a poder detener y requisar sin más trámite. Y nos parece absurdo que se amplíen los poderes de una policía dispuesta a actuar contra su propio ministro. Arslanian tiene una historia de juez garantista. El debe comprender que nunca va a ser confiable para los sectores autoritarios y lo que les dé siempre va a ser poco. Nosotros le decimos a Arslanian que se va a terminar quedando solo.”
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