Página/12

AGUINSKY ENVIO UNO DE LOS EXPEDIENTES DE VENTAS DE ARMAS A LA CORTE
Entra en escena la mayoría automática

El pase a la Corte era un confeso deseo del Gobierno. Ahora el máximo tribunal debe decidir si se hace cargo de la causa. Si lo hace, posiblemente también pida tramitar los otros dos expedientes sobre el escándalo.

Detalle: El juez sostiene que el gobierno nacional violó el embargo en concordancia con el gobierno de Croacia. Pero éste no tenía existencia formal en 1991.

El juez Jorge Urso, quien tiene a su cargo la principal causa sobre armas, está de licencia hasta el lunes.
Deberá decidir si hace lo mismo que Aguinsky. Fuentes judiciales dicen que querrá seguir a cargo de la causa.

Por Eduardo Tagliaferro

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, que instruye la causa por el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia, hizo lugar a la medida más deseada por el gobierno nacional: declinar su competencia, y remitir la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su fallo, Aguinsky, ex secretario del diputado ultramenemista César Arias, aceptó el pedido del fiscal Leanza, quien argumentó que la venta de armamentos había sido una operación realizada directamente entre el gobierno argentino y el gobierno croata, de acuerdo con lo señalado en un artículo periodístico por un militar, ex carapintada del Ejército argentino que actuó como mercenario para las rebeldes milicias separatistas de la ex Yugoslavia. El fallo de Aguinsky podría dar lugar a que la Corte resuelva unificar todas las causas y de esta manera ayudar a la estrategia del menemismo, que en reiteradas ocasiones intentó, sin éxito, sacar la causa de los despachos del juez federal Jorge Urso, y del fiscal Carlos Stornelli, para dejarlo en manos del tribunal más confiable para el oficialismo.
Aguinsky demoró su fallo buscando argumentos para rebatir la opinión del fiscal federal Carlos Stornelli, quien en declaraciones periodísticas había sostenido que en 1991 Croacia era una región rebelde de la ex Yugoslavia que no tenía status de República; por este motivo, el ex asesor de César Arias dice en sus argumentos que la firma R.H. Alan compró las armas al traficante prófugo en Sudáfrica, Diego Palleros, en nombre del gobierno croata.
La argumentación del juez en lo penal económico sostiene que el gobierno nacional en concordancia con un gobierno que en realidad no tenía existencia formal en 1991, violaron de común acuerdo un embargo internacional dictado por las Naciones Unidas.
Este argumento viene a contradecir los dichos del propio Presidente de la Nación, que reiteradamente sostuvo que los funcionarios fueron engañados por los “intermediarios”, quienes son para el oficialismo los verdaderos responsables del desvío de las armas. Sin embargo, el fallo de Aguinsky fue justificado por el ministro del Interior, Carlos Corach, que sostuvo que “la Constitución nacional es muy clara al señalar que en las causas en las que está involucrado un Estado extranjero o un embajador de otro país, la competencia es de la Corte Suprema”.
En ámbitos judiciales se sostenía que la causa que investiga a los funcionarios públicos está dirigida a la actitud de las personas y no de las instituciones, a la vez que no existe ninguna acusación formal contra ningún funcionario croata en nuestro país. Consultados por Página/12 miembros de la Cancillería argentina, reconocían que no hubo embajador designado en Croacia sino hasta el año 1992, en que el embajador en Austria, Jorge Taiana, fue designado embajador concurrente en Croacia.
El fallo del juez Marcelo Aguinsky se produce días antes de que el juez federal, Jorge Urso, se reintegre de su licencia y defina el pedido de declaración indagatoria, en condición de imputado, del jefe del Ejército, general Martín Balza, el que reiteró su inocencia en un discurso pronunciado en el Regimiento I de Patricios en ocasión de un homenaje en el “Mes del Libertador” (ver aparte).
El diputado cordobés del Frepaso, Horacio Viqueira, una de las pocas voces de la oposición que salió a criticar el fallo del juez Aguinsky, opinó que “el fiscal Leanza se prestó a una maniobra ilegal, ya que no se dan las causales para la intervención de la Corte Suprema, y su principal objetivo es detener la investigación, y encubrir a los autores de la venta ilegal del armamento argentino”.
Por su parte Aguinsky desestimó que las ventas a Ecuador pudieran ser de competencia de la Corte Suprema. Casualmente esta semana, el gobierno peruano condecoró al canciller Guido Di Tella por su contribución al proceso de paz entre Ecuador y Perú, luego de la denominada “Guerra del Cóndor”. El canciller fue imputado por el fiscal federal Carlos Stornelli por convalidar con su firma la falsedad ideológica de los decretospresidenciales que ampararon la venta del armamento argentino, a la vez de poner en peligro la paz de la Nación, al alterar las relaciones amistosas y la neutralidad que la Argentina estaba obligada a tener con ambos países, por ser firmante del Protocolo de Río de Janeiro, en el que nuestro país se comprometía a ser garante de la paz entre Perú y Ecuador.
A últimas horas del día de ayer, los diputados del Frepaso, Horacio Viqueira, Alfredo Bravo y Nilda Garré intentaban, sin éxito, entrevistarse con el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra.
Los diputados intentaban que el procurador opinara sobre la competencia del ministerio público. Así como la presentación del fiscal Leanza fue el argumento principal esgrimido por el juez Marcelo Aguinsky, es altamente sospechoso que el fiscal se pronunciara sin una instrucción precisa de Becerra, casualmente el jefe de los fiscales. Si la Corte Suprema acepta su competencia en la causa que instruye Marcelo Aguinsky, también podrían quedar unificadas en el alto tribunal las causas que instruyen el juez Julio Speroni y el juez federal Jorge Urso.

Balza, a la ofensiva

Ratificando su línea argumental, el general Martín Balza, en un acto realizado en el Regimiento I de Patricios, asumió su “responsabilidad institucional”, por la actuación del Ejército Argentino durante el Terrorismo de Estado, llevado adelante por la última dictadura militar. Afirmó que pese a la intensa búsqueda no pudo encontrar ninguna documentación que permitiera reconstruir una posible lista de desaparecidos. Balza también insistió con su afirmación de que “ni el Ejército, ni su jefe de Estado Mayor participaron en la venta de armas al exterior”. Las declaraciones del jefe del Ejército se producen en el mismo momento en que el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, ratificó la competencia de la Corte Suprema en la causa por el contrabando de armas argentinas a Croacia. En una comunicación radial con el periodista Daniel Hadad, Balza manifestó su malestar por las publicaciones periodísticas que señalaban que el propio Balza era el autor de las versiones sobre su próxima renuncia, a la jefatura del Ejército, esperando de esta manera tener una nueva ratificación en su cargo por parte del presidente Carlos Menem. Ante su tropa, Balza insistió en que “el Ejército fue el primero y, hasta donde nos consta, el único que informó sobre la presencia de armas de origen argentino en la República de Croacia”. De esta manera se refería al documento encontrado por la Justicia en el allanamiento al Edificio Libertador en el que Balza señalaba la existencia de versiones periodísticas que alertaban sobre armas argentinas en la zona de los Balcanes. Con esta afirmación, contradijo sus dichos del año pasado cuando concurrió a la Cámara baja y manifestó que “nunca vio ni nadie le dijo sobre la presencia de armas argentinas en la ex Yugoslavia”.
Una vez más, Balza involucró al Ejército cuando se defendió de la acusación del fiscal Stornelli, quien lo señala como miembro de la asociación ilícita que permitió la venta ilegal de las armas a Ecuador y a Croacia

ROBERTO LEANZA, EL FISCAL QUE COINCIDIO CON LA DEFENSA
Para el “Guinness” de la Justicia

Por E.T.

Los funcionarios judiciales se sorprendían ayer por el hecho inédito de que el fiscal Roberto Leanza, a cargo de la acusación por el contrabando de las armas enviadas a Croacia, sostuviera los mismos argumentos que Miguel Angel Romero, defensor de los imputados en la maniobra. La aparente paradoja tiene una lógica política. La defensa y la fiscalía que coinciden en solicitar la competencia de la Corte Suprema tienen algo muy sólido en común: su cercanía a los funcionarios del gabinete nacional.
El defensor oficial es un riojano, cercano a uno de los principales imputados, el empresario menemista, radicado mucho tiempo en La Rioja, Luis Sarlenga. El fiscal, por su parte, tuvo su ascenso luego de que en la feria judicial de enero de 1993, el juez Héctor Acuña, del que Leanza era prosecretario, le otorgó en forma sorpresiva el sobreseimiento al empresario José “Cacho” Steimberg, en la causa por la importación ilegal de autos con franquicia para discapacitados, que luego eran vendidos a conocidos miembros de la farándula y del “jet set” local.
El Gobierno tenía serios motivos para preocuparse por la suerte de Steimberg. Carlos Menem Jr. preparaba sus autos de carrera en un local del empresario, por este motivo cuando funcionarios de la DGI allanaron las oficinas de Steimberg, el hijo del Presidente les recordó a los “Sabuesos” de Impositiva que estaban en un “área presidencial”. En verdad, se trataba de un local muy cercano a los hombres del Presidente, ya que su anterior propietario había sido Juan Antonio Retamero, un amigo de Emir Yoma.
La libertad de Cacho Steimberg se logró gracias a que el fiscal Carlos Liporace, como fiscal de feria, decidió no apelar, desobedeciendo instrucciones del fiscal de Cámara. Todos los intervinientes en la liberación de Steimberg fueron premiados: el juez Héctor Acuña fue promovido a camarista, los secretarios Guillermo Tiscornia y Carlos Liporace a jueces en el fuero penal económico, mientras que el entonces prosecretario Roberto Leanza fue promovido a fiscal, luego de que la Cámara del fuero rechazó su nominación a secretario de juzgado debido a su falta de antecedentes profesionales.

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