Por Romina Calderaro
La ministra de
Educación, Susana Decibe, y el titular de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), Carlos Silvani, anunciaron ayer que el 1º de junio entrará en vigencia
el impuesto automotor destinado a recaudar fondos para aumentar el salario de los docentes
y estimaron que, a fines de ese mes, los maestros cobrarán la primera cuota. Pese al
entusiasmo oficial, la Junta Ejecutiva de CTERA emitió un duro comunicado en el que
reiteró su opinión de que los docentes no percibirán al aumento ni en los tiempos
ni en los montos previstos. Además, en diálogo con Página/12, Marta Maffei,
titular del gremio, explicó que la Carpa no se levanta hasta que no tengamos
garantías de la recaudación y la ministra pidió al sindicato que envíe
señales coherentes porque, si pedimos a la comunidad que pague, no es bueno transmitir
una sensación negativa.
Ayer, en la conferencia de prensa que ofreció junto a Decibe, Silvani afirmó que a
partir del 1º de junio los contribuyentes van a poder empezar a pagar el impuesto. Algún
día de ese mes se tomará como fecha para supervisar el cumplimiento del pago.
Luego, precisó que actualmente hay registrados nueve millones de autos en condiciones de
pagar, y evaluó que, con el pago del impuesto por parte de los propietarios de
cinco millones de automotores, se cubrirían las metas de recaudación estipuladas.
Decibe, en tanto, volvió a sostener que la idea es que a fines de junio comencemos
a transmitir los recursos a las provincias para que los hagan efectivos en los salarios
docentes con rapidez; para esafecha van a estar en condiciones de pagar con un gran
aguinaldo este primer pago.
Pero Marta Maffei no abandona su escepticismo. Si se llega a los 700 millones,
hipótesis poco probable, entonces hablamos. Mientras tanto, la Carpa no se le
levanta, dijo a Página/12. La titular de CTERA no dudó en afirmar que con
este anuncio y este optimismo de parte del Gobierno se quiere deslegitimizar la protesta
que representa la Carpa. Sin embargo, este impuesto no brinda ninguna garantía y tiene
graves falencias. Por caso, la dirigente citó que éste determina,
contradiciendo la ley, sin la participación del Consejo Federal ni de las organizaciones
gremiales, los requisitos para acceder a la asignación creada por el Fondo, dejando fuera
a todo nivel terciario y a un sinnúmero de cargos de los restantes niveles.
Decibe también conversó con Página/12. Opinó que el impuesto es un gran logro
del gremio que encabezó la demanda y, en ese sentido, exhortó a los docentes y a
los gremios a dejar de lado la duda de que no ofrece garantías porque, como ha
explicado Silvani, luego de haber realizado un análisis pormenorizado, si los
contribuyentes pagan, los 700 millones están garantizados. Luego explicó que
lo que sí hay que hacer es ayudar a poner las energías en un mensaje que favorezca
la recaudación y no tiene ningún sentido boicotear este momento. La ministra
aseguró que los maestros hoy tienen la seguridad de que este año van a cobrar un
gran aguinaldo.
LA UBA NIEGA DISCRIMINACIONES
No habrá prescindencias
Por Javier Lorca
Mientras siguen
discutiendo cómo y en qué condiciones recontratarán a los profesores mayores de 65
años que cada facultad requiera, el rector y los decanos de la UBA firmaron una
solicitada en la que niegan las acusaciones de discriminación que pesan sobre el Estatuto
Universitario, presentadas por varios docentes y por la Secretaría de la Tercera Edad, y
aseguran que la institución no ha prescindido nunca ni prescindirá de ningún
profesor de relevantes méritos académicos en razón de su edad.
La solicitada (que se publica en esta misma edición) defiende a la jubilación como medio
para renovar los claustros docentes y describe el régimen jubilatorio vigente desde 1958,
pero no hace ninguna mención a la resolución dictada por el Consejo Superior el año
pasado, la que desató el conflicto luego de ser dada a conocer por Página/12. En
noviembre último, el consejo había dado de baja a todos los mayores de 65 y resuelto que
sólo podrían ser recontratados ad honorem o con sueldos mínimos. La semana pasada, el
rector Oscar Shuberoff anticipó a este diario que esa resolución debía ser revisada ya
que varios aspectos escaparon a la atención de quienes hicieron el proyecto y
porque había que conciliar dos necesidades: la conservación de los viejos
brillantes y el ingreso de talentos jóvenes. Tras las declaraciones del rector, se
produjeron dos reuniones entre él y los decanos para resolver cómo permitirán la
continuidad de los docentes que cada facultad necesite según el estatuto, pueden
ser nombrados eméritos o consultos, o ser recontratados-. Pero aun la cúpula de la UBA
no pudo consensuar una decisión conjunta. Según fuentes del Rectorado, se seguirá
discutiendo una solución dentro del marco legal vigente para poder tomar una decisión
definitiva cuando el consejo vuelva a sesionar en marzo. Por ahora, tal como se informó
el jueves, la posibilidad más fuerte es que, marcha atrás mediante, se pueda volver a
contratar a los mayores con la misma dedicación (léase, el mismo sueldo) que tenían al
cumplir los 65. En tanto, Fortunato Mallimaci, decano de Ciencias Sociales donde
surgió la mayoría de las protestas por la cantidad y los nombres de quienes alcanzan la
edad tope, aseguró que impulsará la continuidad de 14 de los 32 profesores mayores
de 65. Entre los restantes damnificados, esto se vivió como un intento de dividir y
marcar diferencias entre los docentes.
OPINION
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