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El gremio docente descree del
optimismo recaudador del Gobierno

La ministra de Educación y el jefe del ente recaudador del impuesto docente creen que llegarán a los 700 millones, pero los  gremialistas los refutan y anticipan que sostendrán la Carpa Blanca.

Susana Decibe en reunión con el jefe de Gabinete, su antiguo mentor, Jorge Rodríguez.

Por Romina Calderaro

t.gif (862 bytes) La ministra de Educación, Susana Decibe, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Silvani, anunciaron ayer que el 1º de junio entrará en vigencia el impuesto automotor destinado a recaudar fondos para aumentar el salario de los docentes y estimaron que, a fines de ese mes, los maestros cobrarán la primera cuota. Pese al entusiasmo oficial, la Junta Ejecutiva de CTERA emitió un duro comunicado en el que reiteró su opinión de que “los docentes no percibirán al aumento ni en los tiempos ni en los montos previstos”. Además, en diálogo con Página/12, Marta Maffei, titular del gremio, explicó que “la Carpa no se levanta hasta que no tengamos garantías de la recaudación” y la ministra pidió al sindicato “que envíe señales coherentes porque, si pedimos a la comunidad que pague, no es bueno transmitir una sensación negativa”.
Ayer, en la conferencia de prensa que ofreció junto a Decibe, Silvani afirmó que “a partir del 1º de junio los contribuyentes van a poder empezar a pagar el impuesto. Algún día de ese mes se tomará como fecha para supervisar el cumplimiento del pago”. Luego, precisó que actualmente hay registrados nueve millones de autos en condiciones de pagar, y evaluó que, “con el pago del impuesto por parte de los propietarios de cinco millones de automotores, se cubrirían las metas de recaudación estipuladas”. Decibe, en tanto, volvió a sostener que “la idea es que a fines de junio comencemos a transmitir los recursos a las provincias para que los hagan efectivos en los salarios docentes con rapidez; para esafecha van a estar en condiciones de pagar con un gran aguinaldo este primer pago”.
Pero Marta Maffei no abandona su escepticismo. “Si se llega a los 700 millones, hipótesis poco probable, entonces hablamos. Mientras tanto, la Carpa no se le levanta”, dijo a Página/12. La titular de CTERA no dudó en afirmar que “con este anuncio y este optimismo de parte del Gobierno se quiere deslegitimizar la protesta que representa la Carpa. Sin embargo, este impuesto no brinda ninguna garantía y tiene graves falencias”. Por caso, la dirigente citó que éste “determina, contradiciendo la ley, sin la participación del Consejo Federal ni de las organizaciones gremiales, los requisitos para acceder a la asignación creada por el Fondo, dejando fuera a todo nivel terciario y a un sinnúmero de cargos de los restantes niveles”.
Decibe también conversó con Página/12. Opinó que el impuesto es un “gran logro del gremio que encabezó la demanda” y, en ese sentido, exhortó a los docentes y a los gremios a “dejar de lado la duda de que no ofrece garantías porque, como ha explicado Silvani, luego de haber realizado un análisis pormenorizado, si los contribuyentes pagan, los 700 millones están garantizados”. Luego explicó que “lo que sí hay que hacer es ayudar a poner las energías en un mensaje que favorezca la recaudación y no tiene ningún sentido boicotear este momento”. La ministra aseguró que los maestros “hoy tienen la seguridad de que este año van a cobrar un gran aguinaldo”.

 


 

LA UBA NIEGA DISCRIMINACIONES
“No habrá prescindencias”

Por Javier Lorca

t.gif (862 bytes) Mientras siguen discutiendo cómo y en qué condiciones recontratarán a los profesores mayores de 65 años que cada facultad requiera, el rector y los decanos de la UBA firmaron una solicitada en la que niegan las acusaciones de discriminación que pesan sobre el Estatuto Universitario, presentadas por varios docentes y por la Secretaría de la Tercera Edad, y aseguran que la institución no ha prescindido nunca “ni prescindirá de ningún profesor de relevantes méritos académicos en razón de su edad”.
La solicitada (que se publica en esta misma edición) defiende a la jubilación como medio para renovar los claustros docentes y describe el régimen jubilatorio vigente desde 1958, pero no hace ninguna mención a la resolución dictada por el Consejo Superior el año pasado, la que desató el conflicto luego de ser dada a conocer por Página/12. En noviembre último, el consejo había dado de baja a todos los mayores de 65 y resuelto que sólo podrían ser recontratados ad honorem o con sueldos mínimos. La semana pasada, el rector Oscar Shuberoff anticipó a este diario que esa resolución debía ser revisada ya que “varios aspectos escaparon a la atención de quienes hicieron el proyecto” y porque había que conciliar dos necesidades: la conservación de los “viejos brillantes” y el ingreso de talentos jóvenes. Tras las declaraciones del rector, se produjeron dos reuniones entre él y los decanos para resolver cómo permitirán la continuidad de los docentes que cada facultad necesite –según el estatuto, pueden ser nombrados eméritos o consultos, o ser recontratados-. Pero aun la cúpula de la UBA no pudo consensuar una decisión conjunta. Según fuentes del Rectorado, se seguirá discutiendo una solución dentro del marco legal vigente para poder tomar una decisión definitiva cuando el consejo vuelva a sesionar en marzo. Por ahora, tal como se informó el jueves, la posibilidad más fuerte es que, marcha atrás mediante, se pueda volver a contratar a los mayores con la misma dedicación (léase, el mismo sueldo) que tenían al cumplir los 65. En tanto, Fortunato Mallimaci, decano de Ciencias Sociales –donde surgió la mayoría de las protestas por la cantidad y los nombres de quienes alcanzan la edad tope–, aseguró que impulsará la continuidad de 14 de los 32 profesores mayores de 65. Entre los restantes damnificados, esto se vivió como un intento de dividir y marcar diferencias entre los docentes.

OPINION

 

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