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El presidente estadounidense Bill Clinton certificó ayer al Congreso la plena cooperación en la lucha contra la droga en 1998 de Colombia, México, Bolivia y Perú, los cuatro países del continente más afligidos por la presencia de narcotráfico. El presidente dictaminó, en cambio, que Paraguay y Haití no han tenido una actuación enteramente satisfactoria, pero por el interés nacional eximió a las dos naciones de eventuales sanciones. De 28 países que componen este año la lista de los que Washington considera con serios problemas de producción o tráfico de drogas, 22 fueron certificados por contribuir a combatir los narcóticos. Aruba, Bahamas, Belice, Brasil, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Panamá y la República Dominicana completan la lista de las naciones del continente que recibieron este año la certificación. En el caso de Colombia, la certificación plena refleja la llegada al poder del nuevo gobierno que encabeza Andrés Pastrana, tras años de tirantez con el presidente Ernesto Samper, cuya campaña electoral recibió fondos de narcotraficantes colombianos. El año pasado, la administración Clinton le negó a Colombia la certificación, pero reconociendo los esfuerzos contra el narcotráfico de su Policía Nacional le acordó la excepción de sanciones. Haití, por el contrario, perdió la certificación que recibió el año pasado, mientras que Paraguay recibió el mismo veredicto. Como en años anteriores, la certificación plena de México se daba por descontada pese a que desde ese país llega la mayor parte de las drogas que se consumen en Estados Unidos y a que se descuenta también que provocará nuevamente un intento de revocación en el Congreso. La administración de turno debe certificar anualmente al Congreso la contribución plena a la lucha contra las drogas de una nómina de países a los que considera seriamente afectados por narcotráfico. Los países que no reciben esa certificación pueden ser objeto de sanciones, incluyendo la total privación de ayuda estadounidense y la oposición de Washington a sus solicitudes de crédito ante organismos financieros multilaterales. Pero la ley que ordena enviar la certificación al Congreso el 1º de marzo permite al presidente eximir de sanciones por el interés nacional a algunos o todos los países a los que niega la certificación. El presidente negó de plano la certificación correspondiente a 1998 a Afganistán y Birmania, como lo hizo el año pasado. Camboya y Nigeria, en cambio, no fueron certificadas pero recibieron exención de sanciones, como Paraguay y Haití. China, Hong Kong, India, Laos, Pakistán, Taiwan, Tailandia y Vietnam completan la nómina de naciones certificadas. Malasia e Irán no figuraron en la nómina 1998 de naciones con serios problemas de narcotráfico, como productores o puntos de tránsito. Como suele ocurrir, el informe de este año suscitó reacciones adversas en los países involucrados. Aunque México pasó la prueba, la oposición en el Senado afirmó que el proceso de certificación es absurdo porque ofende la dignidad del pueblo de México, en tanto que el decertificado Paraguay dijo que no reconoce a ningún Estado facultades ni atribuciones para juzgar o condenar a otro.
Ni derechos ni humanos Villanos usuales
y otros que no lo son tanto aparecieron ayer en el libro de premios y castigos
del Departamento de Estado sobre el comportamiento de los distintos países en materia de
respeto a los derechos humanos en 1998. Los usuales: China, Serbia, Cuba y Corea del Norte
en primerísima fila, acompañados esta vez por Afganistán y Sierra Leona. También
aparecen criticados México, Colombia, Perú y Turquía.
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