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Por Cristian Alarcón  Aunque el desconcierto lo
sobrevolaba todo ayer, una sola cosa no cambió durante la jornada en la Legislatura
porteña: la decisión de un sector mayoritario de la Alianza de prohibir totalmente la
oferta y demanda de sexo en la calle, en los términos en que siempre lo pidió el jefe de
Gobierno Fernando de la Rúa. Hasta el martes, en el seno de la fuerza aún había
discusión y tanteos entre los frepasistas sobre el texto de la norma, en busca de cierto
consenso. Ayer, después de conocido el polémico decreto presidencial que devuelve el
poder de los edictos a la policía, ya estaba decidido que, aun con la disidencia de la
mayoría de los frepasistas, la Alianza porteña "cerraría filas" con Nueva
Dirigencia y con el PJ para votar la modificación del artículo 71 con el siguiente
texto: será sancionado con penas de hasta 30 días de arresto el "ofrecer o demandar
servicios sexuales en el espacio público".
Los legisladores transitaron ayer entre las últimas negociaciones para la reforma al Código de Convivencia y el qué se hace frente al decreto de Menem. El horror que en la mayoría despertó la firma de una norma que desde el Ejecutivo nacional se mete en las cuestiones de la ciudad autónoma tuvo sus matices a lo largo de la tarde dentro de los aliancistas. La beligerancia que los diputados más sensibles al discurso del jefe de Gobierno mostraron temprano se fue pacificando a medida que bajaron desde el despacho mayor las interpretaciones oficiales. O sea, el hecho de que para De la Rúa el decreto no violaría la autonomía de la ciudad y sería sólo "cartón pintado" que viene a reglamentar la ley Lázara (ver aparte). Al mediodía corría por los pasillos la intención de pedirle juicio político a Menem por su violación a la Constitución porteña. A primera hora los asesores y algunos diputados decían que se estaba elaborando "un escrito para presentar una denuncia ante la Corte Suprema". Luego, cuando se conoció la interpretación de De la Rúa, el vicepresidente de la Legislatura, Aníbal Ibarra, admitió una parte del argumento del jefe de Gobierno. "Lo que dice el gobierno de la ciudad es válido en algunos puntos del decreto. No hay ninguna reglamentación de la ley Lázara que justifique la detención ilegal que aparece en varios incisos del decreto, al que consideramos aberrante", dijo Ibarra a este diario. Anoche, la decisión de la Alianza porteña era votar una declaración de los diputados destinada al jefe de la Policía Federal, Pablo Baltazar García. En criollo, le dirían que si sus hombres aplican el decreto para detener personas, serán ellos los que estarán en problemas con la ley. "Les dejará claro la inaplicabilidad del decreto", advirtió Ibarra. Cristian Caram (UCR), por ejemplo, considera que "la policía no va a querer comprar semejante situación por más que dependan del Ministerio del Interior, porque ellos saben que es ilegal, y si los denunciamos, corren riesgo". Lo cierto es que todos coinciden en que el momento de actuar jurídicamente es cuando sea detenida la primera persona acusada de infringir el decreto menemista. Es entonces cuando los jueces deberán decidir si es legal la detención de alguien --por ejemplo-- por estar borracho en la calle o realizar un escrache a un genocida. "El caso testigo es fundamental", coincidían a última hora media docena de diputados, a la espera de un conflicto que recién está por comenzar. "Los legisladores de la Alianza nos vamos a hacer cargo personalmente del asesoramiento de las personas que puedan ser detenidas", prometió el mismo Caram. Como fondo, la marcha de los legisladores seguía su ruta y en el camino los disidentes sumaron. Sucede que en un tibio Frepaso que miraba a ambos costados buscando una salida no tan "incorrecta" a las presiones, el decretazo y la decisión de las cúpulas de votar sí o sí una prohibición absoluta polarizaron a los 19 frepasistas. Al mediodía, los rebeldes no sumaban cinco, con Eduardo Jozami a la cabeza. A media tarde, ya eran por lo menos diez. Entre los radicales se contaba a Facundo Suárez Lastra, al que después se plegó Daniel Bravo. A partir de esta situación, radicales y frepasistas oficialistas intentaban acordar un texto definitivo con las huestes de Nueva Dirigencia, que tenían pruritos con algunas palabras. Por otro lado se definía la situación del PJ. En principio, los justicialistas se mantuvieron en votar el texto que siempre defendieron y que no dista mucho del actual artículo 71, sancionando las extralimitaciones en el uso del espacio público. Algo parecido a lo que dice el decreto de Menem: sancionar la oferta sexual cuando provoque "perturbación del orden y la tranquilidad pública". Al final del día la mayoría de la Alianza había cerrado también un pacto con los peronistas, que hoy llevarán su propuesta a la sesión pero terminarán votando a la par de los aliancistas. Ayer la jefa del bloque radical, Gabriela González Gass, le dijo a Página/12 que en el decreto de Menem "el problema no es cómo se plantea la figura de la prostitución sino la restitución de todas las cajas policiales y la reinstalación de una norma que les costó la vida a muchos jóvenes". Su correligionario disidente Suárez Lastra opinó: "Acá lo único claro es que, en medio de los fuegos artificiales, en última instancia se vota lo que quiere De la Rúa. El decreto de Menem es importante porque viola derechos fundamentales, pero en definitiva será tratado por la Justicia. La prohibición total que votará la Alianza, algo inédito en el mundo, es más grave aún, más autoritario y nocivo porque viene a legitimar la política que expresa el decreto menemista, la represión antes que cualquier garantía".
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