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Por Cledis Candelaresi  Las empresas
concesionarias de servicios públicos tienen razón para inquietarse. La semana próxima
Diputados planea avalar en un plenario de varias comisiones un proyecto de ley para crear
el denominado “superente” regulador de servicios públicos, impulsado tanto por
el menemismo como por el duhaldismo. La iniciativa, que también cuenta con un discreto
guiño de la Jefatura de Gabinete, pretende reforzar el control sobre las adjudicatarias,
facultando para ello al Congreso y a los usuarios. Pero para las empresas, más
atemorizador que esa multiplicación de interlocutores puede resultar el plan de algunos
legisladores de la Alianza para “colar” un artículo que, eventualmente, permita
revisar las privatizaciones.Un grupo de diputados frepasistas analiza la posibilidad de precisar el concepto de “rentabilidad razonable” aludido en la Ley de Reforma del Estado, en cuyo diseño tuvieron una activa intervención Roberto Dromi y Rodolfo Barra. Según el legislador santafesino Rubén Giustiniani, si se fijara cuál es el margen de utilidad admisible, el Gobierno dispondría de una valiosa herramienta para limitar aumentos tarifarios y juzgar el resultado de las concesiones, no sólo en el futuro sino también en el presente. La especulación opositora es clara: aprovechar la voluntad política del PJ de embestir con el superente para hacer ese añadido. Aunque en más de una ocasión el Frepaso amenazó con su presunta intención de revisar las privatizaciones, en vísperas electorales sus líderes prefirieron evitar una confrontación abierta con los poderosos grupos adjudicatarios. En diálogo con Página/12, Carlos “Chacho” Alvarez aseguró no estar al tanto de la estrategia de sus legisladores. Pero admitió que la FADE –Fundación Argentina para el Desarrollo con Equidad, presidida por el radical José Luis Machinea– “está analizando exhaustivamente todos los contratos de servicios públicos privatizados”, con el supuesto fin de poder discutirlos. El amplio respaldo del justicialismo al proyecto regulador en ciernes está expresado en el menú de firmas que lo avalan. La del propio titular del bloque, Humberto Roggero, del vicepresidente de la Cámara, Marcelo López Arias, la de los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Oscar Lamberto; de Industria, Emilio Martínez Garbino; de Obras Públicas, Julio Díaz Lozano y de Comercio, Rodolfo Gabrielli. Algunos, adscriptos al menemismo, otros simpatizantes del duhaldismo. La clave de la iniciativa oficialista consiste en proponer la creación de una Comisión Bicameral, a integrar con tres diputados y tres senadores, a la que estarían subordinados todos los entes reguladores, creados (ejemplo: el de gas) y por crearse (el de Comunicaciones, que deberá constituirse a través de una ley). Sus miembros serán designados por el Parlamento y la única fiscalización admitida será la de la Auditoría General de la Nación, que se reporta al Congreso. De broche: un artículo inhibe al Ejecutivo reglamentar el proyecto. La mayor novedad quizá sea la instrumentación de audiencias públicas para definir cuestiones que hoy suelen ser potestad casi exclusiva del Ministerio de Economía. Los usuarios estarán representados en los entes, con competencia sobre los cambios en el régimen tarifario, en el plan de inversiones o directamente en renegociaciones contractuales. Aquí un punto clave: a diferencia de lo que ocurre actualmente, el Poder Ejecutivo no podrá rediscutir contratos de concesión con las empresas omitiendo el juicio de los reguladores. Del mismo modo, cualquier retoque en el precio de los servicios o planes de obra, obligatoriamente, debe ser analizado en audiencias públicas. Aquella proyectada Comisión Bicameral tendrá amplias facultades de control sobre los entes reguladores, que van desde la designación de sus directores –actual potestad del Ejecutivo– a la captura de una porción (hasta el 5 por ciento) de sus presupuestos anuales. Esa bicameral,incluso, podría sustituir a esos organismos en los casos en que éstos aún no estén constituidos. |
