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Por Fernando Cibeira y José Natanson  A la una y media del
mediodía un enviado del Supremo Tribunal de Justicia porteño llegó hasta la
Municipalidad para dejarle a Fernando de la Rúa la acordada que ya conocía. Se la había
adelantado por teléfono uno de los integrantes del tribunal. El texto explicaba por qué
la consulta antirreelección convocada para este domingo debía ser anulada, haciendo
lugar a los varios pedidos de impugnación presentados. El problema era cómo había sido
formulada la pregunta que los porteños debían votar por el “sí” o por el
“no”. Un par de horas después, De la Rúa aseguró que seguía con la idea
firme de hacer la consulta y que iba a estudiar el fallo para ver cómo reformularía la
pregunta. Sin embargo, la convicción pública demostrada por el candidato aliancista
contrastaba con la opinión de algunos dirigentes de la coalición que se mostraban
aliviados por quedar relevados de afrontar una elección que no había conseguido
despertar pasiones y que podía presentar una evaluación política complicada. “Tengo una mala noticia para darles”, inició De la Rúa la rueda de prensa convocada para poco después de conocida la noticia. El jefe de Gobierno recibió el fallo cuando ya estaba reunido con Carlos “Chacho” Alvarez, Aníbal Ibarra, Rafael Pascual y Darío Lopérfido. Allí resolvieron dar una respuesta rápida de acatamiento a la acordada, aunque convinieron seguir adelante con la estrategia contra la re-re. “Para mí es necesario consultar al electorado. Vamos a seguir trabajando con la perspectiva de realizar la consulta”, remarcó el jefe de Gobierno. En un fallo de siete páginas, el Tribunal Superior dio tres razones por las cuales la consulta debía ser anulada. La principal hace referencia a la pregunta de las boletas enviadas a la Justicia para su legalización. “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de defender la Constitución Nacional. ¿Es correcto que el doctor Carlos Saúl Menem sea candidato a la presidencia de la Nación por un tercer período, en contra de la Constitución Nacional?”, era la enmarañada formulación de las boletas. Según los jueces, esta pregunta no cumple con lo requerido por la Constitución porteña que exige que el objetivo de una consulta popular esté dentro de las atribuciones del funcionario que la convoca. La pregunta tiene su historia. Luego de que la fórmula de la Alianza anunciara el plebiscito, en el gobierno de la ciudad comenzaron la búsqueda de la frase adecuada. La primera opción que se barajó fue tomar la pregunta con la que amenazó Eduardo Duhalde el año pasado, los jefes de la Alianza evaluaron la siguiente posibilidad: “¿Está de acuerdo con que los diputados por la Capital apoyen en el Congreso una reforma constitucional que permita una nueva re-reelección?”. La idea fue desechada argumentando que la Constitución excluye que su reforma se someta al electorado. Otra alternativa que se barajó fue: “¿Está de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad haga todo lo posible para defender la Constitución ante los intentos de la re-reelección”. Pero también tenía un inconveniente. La Alianza debería, en ese caso, hacer campaña por la positiva. Esto conspiraba contra la línea comunicacional trazada por la coalición (“No al menemismo”) e implicaba, además, que el comité de campaña debiera desechar cientos afiches con la palabra NO. En el fallo de ayer el Tribunal explica en su segunda objeción que, con la versión definitiva de la pregunta, la cuestión en consulta se refiere “a la esfera de debate y decisión de los órganos del Estado federal”. Por último, el máximo organismo judicial porteño aseguró por las suyas que la Constitución era bien clara y “que veda la reelección por un tercer período consecutivo de quien ejerce la presidencia de la Nación”. Más allá de la decisión del Tribunal, lo cierto es que en el despacho de De la Rúa ya se encuentran trabajando en la búsqueda de la nueva fórmula que permita el plebiscito. La idea es reformular la pregunta y llevar la convocatoria a la segunda quincena de abril. Esto posibilitaría que laconsulta se realice junto con la que Duhalde convocó en la provincia para el 25, dándole mayor impacto a los pronunciamientos antirreelección. Otra hipótesis que se manejaba ayer alentada por algunos diputados del Frepaso era la de llamar, en lugar de una consulta, a una “compulsa”, un equivalente a un sondeo que De la Rúa podría convocar por decreto. La anulación levantó suspicacias. La consulta había generado reacciones en contra dentro de la coalición, ya sea por la forma inconsulta con que De la Rúa y Alvarez habían adoptado la medida como por el riesgo de que una escasa concurrencia le restara toda significación. Además, lo apretado de sus plazos generó más de un problema organizativo. Por ejemplo, hasta ayer nadie sabía bien quién fiscalizaría y quién se encargaría de la seguridad de la elección. Los mismos dirigentes remarcaban lo “oportuno” del fallo del Tribunal que le sacó a De la Rúa el peso de continuar avivando una convocatoria cuya repercusión estaba cada vez más en duda. Claro que cada uno lo interpretó como quiso. Desde el delarruismo preferían destacar que el fallo en contra era una prueba de la independencia con la que se conformó el Poder Judicial porteño, a diferencia de los usos menemistas. Por otro lado, la cuestión le había generado resistencias en importantes sectores del radicalismo: Raúl Alfonsín, Rodolfo Terragno, Federico Storani, Leopoldo Moreau y Facundo Suárez Lastra, en diferentes ocasiones, dijeron no estar de acuerdo con la estrategia argumentando que el proyecto de reelección languidecía y el plebiscito sólo servía para reflotarlo. Mientras estudian qué hacer ahora con el plebiscito anulado, el comité de campaña de la Alianza se conforma con una señal opositora más módica. Por la tarde de ayer anunciaron que el sábado harán una caravana de protesta para “defender el estado de derecho”.
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