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Por Cledis Candelaresi  La posible definición de
una fórmula presidencial de consenso en el justicialismo allanó el camino del Congreso
para avanzar en algunas iniciativas económicas claves, en cuya elaboración el Ministerio
de Economía fue marginado. Diputados prevé llevar al recinto en los próximos días dos
proyectos contrarios a los intereses de las grandes empresas, pero con amplio respaldo del
oficialismo y de la oposición: la creación de un superente regulador para los servicios
públicos privatizados y el de defensa de la competencia. La única satisfacción que
prometen a Roque Fernández es no tratar los vetos al Presupuesto y a la Reforma
Tributaria hasta que se vaya la misión del FMI, que llega el lunes a Buenos Aires.Durante las últimas semanas, las diferencias entre duhaldistas y menemistas prácticamente paralizarón al Parlamento. Por más esfuerzo que hizo el jefe de la bancada oficialista, Humberto Roggero, no fue posible realizar, siquiera, una sola reunión de bloque. En este marco, el rechazo unánime que Diputados realizó de los vetos al Presupuesto sólo puede explicarse por el interés concreto de los legisladores en insistir con los artículos censurados. Especialmente, el que sube de 1 a 3 el aporte estatal a los partidos políticos y el que amplía los alcances de la promoción agrícola, un instrumento para que las provincias atraigan inversiones y fomenten, aunque sea mínimamente, el empleo en un año electoral. Ahora, la llegada de los técnicos del Fondo abrirá una impasse de un par de semanas. El Senado no respaldará el rechazo a los vetos del Presupuesto, y Diputados no avanzará en el tratamiento de los que pesan sobre la ley de Reforma Tributaria hasta que culmine la misión del Fondo. Vetando artículos de uno y otro proyecto Economía pretendió mejorar la recaudación (por ejemplo, evitando que las prepagas tributen sólo 10,5 por ciento de IVA en lugar del 21) e impedir que suba el gasto, objetivos que los técnicos del Fondo seguramente aplaudirían. Roque Fernández consiguió arrancarle a los diputados aquel compromiso. Tal vez el único tanto que consiguió anotarse en un escenario político complicado, donde el menemismo corre serio riesgo de perder a sus principales referentes parlamentarios en temas económicos. Roggero, al igual que el diputado que preside la Comisión de Industria, Emilio Martínez Garbino, y el de Finanzas, Esteban Dómina, están alineados con el duhaldismo. El presidente de Presupuesto y Hacienda, Oscar Lamberto, reconoce como “jefe” a Carlos Reutemann, quien desistió de ser el candidato de Carlos Menem para enfrentar en la interna partidaria al gobernador bonaerense. En el Senado también hubo deserciones. El justicialista Carlos Verna, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no sólo simpatiza con el duhaldismo sino que comenzó a participar, junto a funcionarios bonaerenses, de reuniones con dirigentes empresarios y agrarios de la provincia. Una de las conclusiones de esas rondas de consulta fue que es necesario cambiar las condiciones del monotributo, para permitir que los pequeños agricultores queden amparados por ese régimen. Con este fin, el senador pampeano se dispone a liderar en la Cámara una movida contra Carlos Silvani. Sin embargo, este clima beligerante se aplacó en los últimos días. Según interpretaron ante Página/12 Lamberto y un jerarquizado asesor de Roggero, la pulseada interna se habría definido a favor de una fórmula con Eduardo Duhalde en la cabeza. Más allá de las preferencias, esta definición permitirá volver a sentar a los legisladores en sus bancas, para respaldar en los próximos días algunos proyectos consensuados con la oposición, que Economía y las grandes empresas ven con recelo:  El que crea un
“superente” regulador. Confiere amplias potestades al Congreso sobre los entes
de control que ya existen y, por ende, sobre las empresas privatizadas, al tiempo que
endurece las sanciones sobre ellas. Otorga a los usuarios potestad para evaluar ajustes de
tarifas, planes de inversiones y renegociaciones, hasta ahora resortes de Economía. Proyecto de ley
de Defensa de la Competencia. Otorga a un tribunal (en cuya formación los diputados
tendrán injerencia) la facultad de bloquear compras o fusiones empresarias que se
consideren lesivas de la libre competencia. También castiga las ventas por debajo del
costo, práctica frecuente de los hipermercados.Difícilmente a Roque le quede resto para discutirlos.
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