Por Victoria Ginzberg
 María Isabel Chorobik de
Mariani lo señaló ante la Cámara Federal de La Plata como “uno de los miembros de
la patota” que entró a su casa después del asesinato de su nuera y el robo de su
nieta. Para ella –dijo– es “uno más”. Para el presidente Carlos
Menem, en cambio, es “uno de los grandes hombres de la política”. Es el
candidato a gobernador Luis Patti, que se hizo famoso en 1992, cuando siendo subcomisario
de Pilar un juez lo detuvo por haber torturado a dos personas. El entusiasmo que Patti
sintió el martes, cuando Menem lo elogió y le dio un fuerte apoyo a su candidatura,
seguramente se amortiguará al enterarse de que podría ser citado por la Cámara Federal
de La Plata por su participación durante el terrorismo de Estado.
Chicha Mariani, como le dicen todos los que la conocen, tiene 75 años. Fue docente de
artes plásticas y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Ayer declaró en el juicio en
el que se investiga lo sucedido con más de dos mil. Lo hizo a raíz del asesinato de su
hijo Daniel Enrique Mariani y su nuera Diana Teruggi, pero sobre todo para encontrar a su
nieta Anahí Clara, secuestrada cuando tenía tres meses.
La vida de Chicha cambió el 24 de noviembre de 1976. Ese día, la casa donde vivían su
hijo y su nuera fue arrasada por miembros del Ejército y de la Policía de la provincia
de Buenos Aires. A quince cuadras de allí, Chicha estaba tejiendo y esperando que su
nuera le llevara a Anahí. Poco después de la una de la tarde empezó a escuchar bombas y
tiros. Se preocupó porque varios de sus ex alumnos habían sido asesinados (no sabía
todavía lo que era un desaparecido). Antes de enterarse de que los ruidos provenían de
la casa de su hijo, Chicha recibió un llamado y tuvo que salir.
Luego supo que la vivienda de la calle 30, donde funcionaba una fábrica de escabeche,
había sido bombardeada. Su nuera y tres compañeros de militancia fueron asesinados. Su
nieta, robada. Su hijo no estaba en la casa, pero en agosto de 1977 fue ejecutado por los
militares. Pocos días después del operativo en el que desapareció su nieta, un grupo de
hombres se presentó en la casa de Chicha. “Mátenme acá”, les dijo resignada.
Uno de ellos, al que llamaban “capitán”, ordenó que revisaran el lugar. Con
Chicha se quedaron dos hombres. Uno tenía la tez mate, pelo oscuro, entradas en la frente
y cara socarrona. Ayer, la ex presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que era el
intendente de Escobar.
“Cuando empezaron a publicarse las fotos de Patti a raíz del caso María Soledad me
encontré con que era uno de los miembros de la patota que habían entrado a mi casa. Al
principio no me concordaba la cara con el cuerpo, porque en las fotos me parecía alto.
Pero cuando vi la imagen en la que bajaba del avión en Catamarca no tuve dudas. Es la
primera vez que lo menciono”, afirmó ante los camaristas Antonio Pacilio, Leopoldo
Schiffrin, Julio Reboredo y Carlos Alberto Nogueira.
Chicha siguió hablando y los jueces no hicieron comentarios pero entre las treinta
personas que escuchaban la declaración hubo un fuerte intercambio de miradas. Los medios
audiovisuales que llegaron después buscando a la mujer que había denunciado a Patti se
lamentaban de no haber estado presentes durante la audiencia oral y pública. La ex
presidenta de Abuelas explicó a la televisión que para ella el intendente de Escobar era
“uno más” de los tantos implicados en el asesinato de su hijo y su nuera y en
el robo de su nieta, entre los que mencionó a los generales Carlos Guillermo Suárez
Mason y Ramón Camps, el coronel Carlos Alberto Presti y el comisario Miguel Osvaldo
Etchecolatz. Pero Chicha dijo también que sentía “vergüenza ajena” por las
declaraciones de Menem. El Presidente había asegurado que Patti “es un hombre
confiable y ofrece garantías de seguridad para todos los bonaerenses”.
Jaime Gluzmann, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata,
afirmó que esta agrupación –querellante en el juicio– solicitará que la
Cámara cite al intendente de Escobar. Unmiembro del tribunal aseguró que el pedido
“sería considerado”, aunque estimó que la convocatoria no se realizaría
“en lo inmediato”, ya que Patti no es tan relevante para la causa y su citación
podría interpretarse como una medida política. La declaración del ex subcomisario
podría servir para aclarar cuál fue su participación en la dictadura militar, que sus
compromisos políticos mantienen velada. Entre otras cosas debería responder qué
funciones cumplía en el destacamiento policial “Otero”, en Victoria, donde
existía un centro clandestino de detención. Debería aclarar también qué fue del joven
que en 1977 denunció el fusilamiento de tres chicos que jugaban al metegol en un bar de
Escobar y qué pasó con los dirigentes peronistas Osvaldo Agustín Cambiasso y Eduardo
Daniel Pereira Rossi, secuestrados y asesinados el 11 de mayo de 1983.
| El otro Plaza Jesús María Plaza, titular de la Dirección de Derechos Humanos de la
Municipalidad de La Plata, también declaró ayer ante la Cámara Federal de esa ciudad.
Plaza, sobrino del fallecido arzobispo de La Plata, Juan Antonio Plaza, testimonió por el
caso de su hermano, Juan Domingo, desaparecido en septiembre de 1976. El funcionario
responsabilizó a su tío por lo ocurrido con Juan Domingo y lo acusó de
“encubrimiento y complicidad”. El último en presentarse ante el tribunal fue el
capitán de Navío retirado Juan Carlos Herzberg, quien debía prestar una declaración
informativa ya que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final impiden que sea procesado.
Herzberg, citado por el caso de Carlos Esteban Alaye, se negó a declarar, pero dijo que
ratificaba lo que había testimoniado en 1984. En esa oportunidad, el marino –que
nunca fue procesado– admitió haber estado al frente del comando denominado Fuerza de
Tareas Nº 5. |
LA HISTORIA DEL CANDIDATO QUE FIGURA EN LA
CONADEP
“Patty o Patti (a) el Loco”
Por L.V.
En los primeros años de
la dictadura Luis Abelardo Patti fue denunciado por acribillar a tres muchachos que
jugaban al metegol en un bar de Escobar; el caso fue publicado por un diario local, y poco
después el militante comunista que reveló la historia fue secuestrado y todavía
permanece desaparecido. Aquella acusación fue apenas la primera de una larga lista de
procesos por apremios ilegales, torturas y homicidios que el actual intendente de Escobar
y candidato a gobernador bonaerense logró esquivar judicialmente.
En Baigorrita, su ciudad natal, los vecinos todavía lo recuerdan como el Loco Patti, el
adolescente que mataba las horas descuartizando gatos ante la mirada atónita de propios y
ajenos; el mismo “Loco” que abandonó el pueblo para ingresar en la escuela Juan
Vucetich y que en 1975 completó su entrenamiento policial en el destacamento Otero de
Victoria, donde funcionaba un centro clandestino de detención.
Un año más tarde, en 1976, fue imputado por torturar al preso Julio Di Batista. El caso
fue investigado por el juez Clodomiro Luque, que después de dejar la instrucción de la
causa en manos de la jefatura policial lo sobreseyó provisionalmente. La actuación de
Patti en los oscuros años de la dictadura también quedó registrada por la Comisión
Nacional Sobre la Desaparición de Personas, que recibió una denuncia que lo sindica como
torturador. En el legajo 2530 de la Conadep figura como “Patty o Patti, (a) El loco.
Oficial integrante de sección o grupo en la comisaría de Tigre”. Allí también se
lee que “a esa regional iban a parar los detenidos en las escuelas secundarias y de
ellos se ocupaba el tal Patti”.
El final del gobierno militar lo encontró trabajando en Rosario. Allí, en mayo del
‘83, los montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi murieron en un episodio
protagonizado por Patti que la dictadura calificó de “enfrentamiento con la
policía”. Las pericias judiciales probaron que, en realidad, antes de su muerte
Cambiasso y Pereyra Rossi fueron golpeados, torturados con picana eléctrica y maniatados
con sogas. Después, alguien les disparó a quemarropa. Cuatro peritos oficiales y dos
médicos de la Justicia nacional corroboraron este diagnóstico. Las pruebas, sin embargo,
alcanzaron sólo para una prisión preventiva que terminó en un nuevo sobreseimiento. De
todas maneras, la Cámara de Apelaciones de San Nicolás que entendió en el caso definió
como “de débil contextura la credibilidad” de la conducta de Patti y los otros
policías procesados, y subrayó que varios testigos habían modificado en forma extraña
sus primeras declaraciones.
El siniestro historial continuó en años democráticos. En noviembre de 1995, pocos días
antes de que Patti asumiera como intendente de Escobar, la Cámara de Apelaciones de San
Isidro lo absolvió en un nuevo caso de denuncias de torturas. Esta vez las víctimas
fueron Mario Bárzola y Miguel Guerrero, que acusaron a Patti de heberles aplicado la
picana eléctrica mientras estaban detenidos. Una vez más, un peritaje comprobó el paso
de la corriente eléctrica por el cuerpo de los presos, pero la Justicia lo absolvió tras
considerar que el transcurso de cinco años desde el inicio de la investigación obligaba
a declarar extinguida la acción penal por prescripción.
Patti utilizó cada uno de estos antecedentes para construir una imagen de adalid del
orden y convertir al tema de la seguridad en el caballito de batalla que lo llevó a ganar
la intendencia de Escobar con el 73 por ciento de los votos. Lo sigue siendo hoy, cuando
con la bendición presidencial y el apoyo del seineldinismo, se prepara para competir por
la gobernación bonaerense por afuera del PJ. El candidato no oculta que su carrera a la
gobernación es financiada desde la Casa Rosada; una vez más promete orden y mano dura, y
espanta las preguntas molestas con el argumento de que “la Justicia no tiene abierta
ninguna causa en mi contra”. Y en esto, Patti no miente.
Balza llamó a Gelman y le prometió una
carta
Se comprometió a darle una respuesta
escrita sobre la participación de Cabanillas en la desaparición de su hijo, nuera y
nieto o nieta.
El presidente Carlos Menem y el ministro
Jorge Domínguez visitaron a Balza en el Hospital Militar.
El jefe de Ejército vestía un jogging y, según Menem, “estaba contento porque
ganó River”. |
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Por Nora Veiras
Después de cuatro días
de internación en el Hospital Militar y varias horas de reflexión, el general Martín
Balza levantó el teléfono y se comunicó con el poeta Juan Gelman a México. El domingo
pasado, el escritor le remitió una carta abierta pidiéndole que “haga algo”
luego de informarle que el titular del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario,
Eduardo Rodolfo Cabanillas, fue el responsable mediato de la desaparición de su hijo, su
nuera y su nieto o nieta. El titular del Ejército se comprometió con el poeta en darle
una respuesta por escrito. Apenas cortó con Gelman, el general recibió la visita del
presidente Carlos Menem, quien al salir dijo que lo encontró “contento” porque
ganó River.
En la contratapa de esta edición de Página/12, Gelman le aporta a Balza más datos
precisos sobre la actuación de Cabanillas durante la represión ilegal y advierte que
sigue esperando una respuesta. En realidad, desde que apareció la primera carta de
Gelman, Cabanillas hizo declaraciones que no hicieron más que confirmar su participación
como segundo jefe del centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti.
A ese campo fueron derivados Marcelo Ariel Gelman, de 20 años, y su esposa María Claudia
Irureta Goyena, de 19 años, embarazada de ocho meses y medio. Después de trece años, el
cadáver del hijo de Gelman fue identificado y se comprobó que fue asesinado con un
balazo en la nuca disparado a menos de cincuenta centímetros. María Claudia sigue
desaparecida y Gelman nunca pudo saber si su nieto o nieta nació.
Basándose en el testimonio del propio Cabanillas ante la Justicia militar en 1977, Gelman
le recordó a Balza que “a usted le será mucho más fácil que a mí averiguar el
destino de María Claudia y su bebé”. En diciembre del año pasado, Cabanillas le
había dicho a Rosario/12: “Jamás estuve en Automotores Orletti”. Ante la
evidencia de su propia declaración de veintidós años atrás cuando el apogeo de la
represión le permitía una sinceridad que en democracia resultaba peligrosa, Cabanillas
admitió en una entrevista publicada anteayer en el diario La Mañana del Sur de San
Martín de Los Andes que “trabajé en todo lo que sea contrainteligencia. Se
recibían en la SIDE nombres, gente que estaba trabajando con estas organizaciones
defensoras de los derechos humanos. A partir de ahí, los grupos operativos, llámense
Jardín o Automotores Orletti, o los inorgánicos, operaban, sacaban a esta gente y la
ponían a disposición de la SIDE. Luego se les tomaba declaración y se los entregaba a
la Justicia. Ese era el procedimiento que yo conocía”.
Orletti fue el centro clandestino al que fueron destinados los detenidos en el marco de la
represión coordinada entre Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay conocida como
“Operación Cóndor”. Sólo sobrevivieron dos de los cientos que pasaron por ese
“chupadero”. A pesar de sus antecedentes y su confesa vinculación con los
“inorgánicos” que provenían de la Triple A como Aníbal Gordon, Eduardo Ruffo
y el propio general Otto Paladino, Cabanillas obtuvo dos ascensos avalados por la Cámara
de Senadores que le permitieron llegar a general y convertirse en uno de los defensores a
ultranza de la inocencia del Ejército, esto es, de Balza, en la causa abierta por la
venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
Gelman espera ahora la respuesta por escrito de Balza, el general que calificó como
“aberrante” la apropiación de criaturas. Anoche, Menem lo bendijo y Balza lo
acompañó caminando hasta el ascensor del segundo piso del Hospital Militar. A partir de
hoy seguirá en su casa el reposo por sus problemas de columna y tendrá tiempo para
elaborar una respuesta.
BAGNASCO Y LA CAUSA DE ROBO DE BEBES
Al borde del juicio oral
“Hay
elementos suficientes para que los ocho militares que procesé por los 194 casos radicados
en mi juzgado se enfrenten al peso de un juicio oral”, aseguró ayer el juez federal
Adolfo Bagnasco ante un grupo de corresponsales extranjeros.
El magistrado que investiga la posible existencia de un plan sistemático de sustracción
de menores durante la dictadura opinó que “este proceso contribuye a que quede
patente que en la Argentina la impunidad se está reduciendo y ojalá que quede el mensaje
de que aquí hay una Justicia seria con voluntad de investigar para que se conozca la
verdad”. Durante el encuentro realizado en el Club del Progreso, Bagnasco señaló
que hay pruebas para demostrar la modalidad con que se producía la sustracción de los
niños, que “formaba parte de un plan sistemático ordenado por los altos mandos
castrenses”, e indicó que en los próximos meses se pueden producir más
detenciones. “Hay testimonios de médicos militares que reconocieron haber atendido
partos en procedimientos irregulares y que tenían orden expresa de no decir nada”,
dijo el magistrado al referirse al expediente iniciado a raíz de una denuncia de seis
Abuelas de Plaza de Mayo.
Por otra parte, Bagnasco desechó los argumentos que esgrimen los abogados de los acusados
en cuanto a que estos hechos prescribieron y que ya fueron juzgados en 1985 en el juicio
contra los ex comandantes. Según el juez, en ese juicio se plantearon seis homicidios de
menores sobre los que no se encontraron pruebas inculpatorias, mientras que su
investigación contempla la práctica sistemática del robo de niños.
OPINION
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