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Por Eduardo Videla  Los legisladores se
aprestan a sancionar un paquete de leyes para endurecer la legislación penal, normas que
no necesariamente contribuirían a disminuir la escalada de delitos contra la propiedad y
las personas, según coincidieron cuatro penalistas consultados por este diario. La
Cámara de Diputados podría tratar hoy nueve proyectos en los que se agravan penas para
distintos delitos, mientras que el bloque de la Alianza pidió para mañana una sesión
especial del Senado para sancionar una restricción al beneficio de la excarcelación para
reincidentes y la penalización de la tenencia de armas de uso civil. “Puede ser que
el oficialismo o la oposición consigan más votos, pero no van a reducir el índice de
criminalidad”, advirtió Esteban Righi, titular de la cátedra de Derecho Penal de la
UBA. “Muchas de las propuestas obedecen a necesidades de carácter político, pero
son técnicamente incorrectas”, aseguró el constitucionalista Rafael Bielsa, asesor
de la Alianza. Tanto Righi como Bielsa coincidieron en la necesidad de agravar las penas para la tenencia y portación de armas. Pero se opusieron a las restricciones al régimen de excarcelación y libertad condicional, entre otros puntos, porque implicaría “enviar más gente a cárceles que ya están atestadas”. “La estrategia para la represión del delito no pasa por la reforma legislativa”, dijo Righi a Página/12. “El eje central pasa por la efectividad de la pena: si los casos no se resuelven o no hay condena, por ineficiencia judicial o policial, al que comete un delito le da igual que la pena sea alta o baja. Una reforma al Código Penal no disuade a nadie.” Righi consideró “razonable” que se deniegue la excarcelación a los reincidentes, aunque advirtió que la cárcel es una verdadera fábrica de reincidentes. En cambio, calificó como “un disparate” el proyecto de la Alianza para que los delitos con penas mínimas de dos años sean de ejecución efectiva y no condicional, como hasta ahora (actualmente el límite es de tres años). “Es un error encarcelar a gente imputada por delitos leves”, sostuvo Righi. Aunque estimó que para algunas faltas graves, “el juez tiene atribuciones para negar la libertad condicional, por lo que no hace falta hacer ninguna reforma”. Bielsa fue contundente: “El que piense que con medidas legislativas se va a resolver el tema de la seguridad está equivocado: mientras convivamos con un 18 por ciento de desocupación, vamos a convivir también con un alto nivel de delitos”. Para el constitucionalista, el problema sólo se resuelve si se aborda desde tres aristas: “Primero, la prevención con políticas de empleo, asistencia, contención familiar y educación; segundo, con la participación de la comunidad en tareas de prevención y el uso racional de los recursos policiales y, por último, la parte represiva”. Sin embargo, advirtió que “está científicamente demostrado que el aumento de la criminalidad está asociado con la desesperación de los excluidos, que no calculan las consecuencias”. “No son los profesionales como el ‘Gordo’ Valor, que saben qué pena le corresponde a cada delito. Como el trabajo, el delito también se ha precarizado. Entonces, la ley no tiene efectos de disuasión”, explicó. “Es lógico que las víctimas de los delitos estén indignadas y pidan penas más duras. Lo que está mal es que los políticos se apropien del discurso de las víctimas”, agregó Bielsa. Para el asesor de la Alianza, “el riesgo de un fracaso de esta reforma es lo que viene después: la propuesta de los Patti, de darle poder a la policía para interrogar con 220 volts en la mano”. Alejandro Slocar, del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho (UBA), consideró que el endurecimiento de las penas “no soluciona el problema del delito cuando no se han analizado las causas reales del aumento, frente a la inexistencia de datos confiables que revelen la forma de manifestación, su modalidad y el sector social afectado”. Hizo la afirmación con el respaldo de un dictamen científico que para ese departamento elaboraron tres titulares y un adjunto de la cátedra de Derecho Penal. Slocar calificó de “irracional” la restricción del régimen excarcelatorio en delitos convencionales, menos lesivos que otras manifestaciones ilícitas. “Estaría de acuerdo con leyes más rigurosas si las cárceles argentinas fueran un lugar de reeducación para el delincuente, no un lugar de castigo y, más que eso, una escuela del delito”, opinó el abogado penalista y constitucionalista Ricardo Monner Sans. Para el especialista, el debate entre el oficialismo y la oposición “es formal, porque todos saben que el sistema represivo no sirve”. “Soy absolutamente pesimista, porque se están debatiendo las consecuencias pero no las causas del delito”, dijo Monner Sans a Página/12. La diputada Nilda Garré (Alianza) argumentó por qué la oposición lanzó esta ofensiva legislativa en materia de seguridad. “Sabemos que la sola modificación del Código no va a resolver el problema del delito –admitió –. Esto debe ir acompañado por políticas de gobierno: eliminación de las causas sociales y prevención por parte de la policía. También por la mejora de las condiciones carcelarias.” “Pero los diputados hemos cumplido con nuestra responsabilidad con la parte que nos corresponde”, concluyó.
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