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Por Eduardo Tagliaferro El juez federal Jorge Urso solicitó a la Cámara de Diputados el juicio político del canciller Guido Di Tella, para poder indagarlo en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, ya que existen serias sospechas para recibirle declaración indagatoria por considerarlo partícipe de: ocultamiento de pruebas, poner en peligro las relaciones amistosas con el Perú y de haber participado en la falsedad ideológica de los decretos que autorizaron la venta del material bélico, sostiene el escrito. Junto al pedido de juicio político de Di Tella, el juez citó a prestar declaración indagatoria al ex vicecanciller Fernando Petrella, al actual embajador en Nueva Zelanda, Enrique de la Torre, y al director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Mariano Maciel. La acusación por ocultamiento de pruebas contra el canciller Di Tella se fundamenta en que el ex embajador en Perú, Arturo Ossorio Arana, en un cable secreto enviado al Palacio San Martín en febrero de 1995, había advertido que la inteligencia peruana tenía información de que se iba a embarcar material bélico en Ezeiza con destino a Ecuador. Ese cable que también había sido enviado al entonces vicecanciller Fernando Petrella, no fue aportado por la Cancillería a la investigación judicial y tanto el juez Jorge Urso como el fiscal Carlos Stornelli supieron del mismo cuando el ex ministro de Defensa Oscar Camilión reconoció en sede judicial la existencia de esos cables cifrados. Petrella, quien se desempeña como embajador ante la ONU, deberá declarar en esta causa el próximo 29 de abril. El actual embajador en Nueva Zelanda, Enrique de la Torre, integraba en el 91 la comisión interministerial que autorizó la salida del material bélico, y a pesar de haber sido desprocesado por Urso, la Sala II de la Cámara Federal en su resolución del 30 de diciembre pasado insistió en la responsabilidad del ex integrante de la comisión tripartita. Por lo que Urso decidió su nuevo llamado a declaración indagatoria para el próximo 6 de mayo. Entre las citaciones ordenadas por Urso también se encuentra la del director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Mariano Maciel, quien deberá concurrir al despacho del magistrado la semana siguiente a la de la declaración del embajador De la Torre. Fuentes judiciales reconocieron a Página/12 que la presentación en la que Urso solicitó el pedido de juicio político del canciller Guido Di Tella incluía originalmente la citación judicial del jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, sobre quien desde octubre del año pasado Urso tiene pendiente definir su situación procesal, ya que en esa fecha el fiscal Stornelli presentó un dictamen que imputaba a Balza ser miembro de la asociación ilícita que permitió la venta ilegal del armamento. En su dictamen Stornelli sostenía que estaba acreditado en el expediente judicial que el armamento enviado a Croacia y a Ecuador pertenecía a los arsenales del Ejército Argentino. Finalmente, en su definición de ayer, Urso decidió postergar la citación de Balza, sobre cuyo futuro procesal el Gobierno tiene serias preocupaciones, ya que el general es uno de los pocos imputados judiciales que no tienen fueros que impidan su declaración indagatoria. El abogado Ricardo Monner Sans sostuvo su sorpresa por la demora del magistrado en citar al jefe del Ejército, aunque reconoció que la decisión del juez federal demuestra que Urso no se ha encandilado con la teoría que reclama la intervención de la Corte Suprema y está decidido a defender su competencia como juez natural, concluyó el abogado cuya denuncia diera origen a la investigación judicial. Luego de haber sido apercibido por la Sala II de la Cámara Federal, debido a la lentitud en la instrucción de la causa, el juez federal trasladó la iniciativa a los diputados nacionales, dado que la indagatoria judicial no podrá realizarse si los legisladores no aprueban el juicio político a Di Tella. En la Comisión de Juicio Político, el justicialismo cuenta con el respaldo de 14 miembros sobre un total de 27 diputados, por lo que la mayoría oficialista corre serio peligro si los legisladores que responden a Eduardo Duhalde deciden apoyar a la oposición en el enjuiciamiento del ministro de Relaciones Exteriores. Esperamos que el justicialismo en la Cámara de Diputados no vuelva a intentar mantener en la impunidad a los funcionarios del gobierno menemista, frenando la investigación a través del rechazo del pedido de juicio político al canciller Guido Di Tella, señaló el diputado aliancista Horacio Viqueira, uno de los legisladores más comprometidos con la causa por la venta ilegal de la venta de armas. Por su parte, el abogado del canciller Di Tella, Carlos Daray, sostuvo que el ministro recibió con sorpresa el pedido de juicio político, ya que es imposible que existan nuevas pruebas que hayan variado la situación procesal de su cliente.
EL NUEVO OBJETIVO PARA UN CANCILLER
DISCIPLINADO Por M.G.
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