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 La
tranquilidad con que discurrían los días del golpista paraguayo Lino César Oviedo en la
Argentina se interrumpió ayer a la mañana cuando la oficina de Interpol en Buenos Aires
recibió una orden de captura internacional en su contra. Al ex general lo reclama la
Justicia de Paraguay por su presunta participación en el asesinato del vicepresidente de
ese país, Luis María Argaña. “Oviedo es un asilado político”, recordó uno
de sus abogados argentinos, Pedro Bianchi, para relativizar la incidencia de ese pedido
sobre la situación de su cliente.El pedido de captura internacional de Oviedo, librado por el juez paraguayo Jorge Bogarín González, llegó a la oficina de Interpol-Argentina a primera hora de la mañana. “La solicitud habla de detención preventiva, pero falta decidir qué juez va a actuar y qué va a decidir la Cancillería porque se trata de un asilado político”, explicó el jefe de esa dependencia, comisario Gustavo Senabre. Precisó también que debe analizarse, entre otras cuestiones, “si los delitos que se le imputan (al ex general golpista) pueden encuadrarse en políticos y, en consecuencia, son justificativos de un asilo”, y aclaró que esa fuerza “no puede actuar hasta que se resuelva la situación jurídica” de Oviedo. “El asilo es una muralla que hace rebotar todos los pedidos”, opinó Bianchi, quien no se mostró demasiado preocupado por las razones que invocó la Justicia para reclamar la captura de su cliente, al que le imputan homicidio doloso calificado y lesiones. “Lo más serio son los diez años de prisión que no cumplió (por su intento de golpe de Estado contra el gobierno de Juan Carlos Wasmosy). Esto es participación indirecta en un hecho en el que no está demostrada la culpabilidad de Oviedo”, consideró el abogado. La decisión de la Justicia paraguaya de solicitar el arresto de Oviedo abre un interrogante acerca de la posición que asumirá el Gobierno, que le concedió asilo político cuando su ahijado político y ex presidente de Paraguay, Raúl Cubas Grau, debió renunciar a su cargo como consecuencia de la crisis que desató el asesinato de Argaña. Por lo pronto, voceros de la Cancillería aclararon que “un pedido de captura internacional no es lo mismo que uno de extradición, donde sí el Ministerio debería remitirlo a la Justicia competente”. El presidente de Paraguay, Luis González Macchi, señaló ayer que la extradición de Oviedo es “un tema estrictamente judicial y, si se obtienen las pruebas suficientes, será solicitada a la Cancillería argentina”. Bianchi advirtió a Página/12 que “la justicia paraguaya tiene 30 días corridos a partir de la recepción del pedido de captura internacional por parte de Interpol para solicitar la extradición de Oviedo. Si no lo hace, todo el proceso se cae”. Las sospechas sobre la vinculación del ex general en el asesinato de Argaña –declarado enemigo político de Oviedo al que mataron a balazos el 23 de marzo pasado cuando se dirigía a su oficina– cobraron fuerza después de que testigos de ese hecho reconocieran como integrantes del grupo responsable del homicidio a cuatro de sus hombres de confianza. Se trata del diputado oviedista Conrado Pappalardo; el gobernador Víctor Hugo Panigua; el ex ministro del Interior, Rubén Arias; y el jefe de la policía, Niño Trinidad.
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