Por Sergio Moreno
 “Todo lo que hace a
derechos humanos nos interesa porque esa es una forma de atacar al Ejército.” La
frase no pertenece a ninguno de los miembros de las juntas militares condenados por la
Cámara Federal, ni a los halcones del terrorismo de estado. Según confiaron a Página/12
fuentes cercanas a la investigación judicial, la afirmación formó parte de la
declaración testimonial hecha por ex jefe de la Central de Reunión de Información 141
(Inteligencia) del III Cuerpo de Ejército, teniente coronel Abel José Guillamondegui,
ante la jueza Cristina Garzón de Lascano.
El militar ofreció tal definición en la causa que abrió la magistrada sobre el
espionaje militar realizado a la justicia cordobesa y por la cual dos oficiales y dos
suboficiales fueron relevados de sus cargos y pasados a disposición por el jefe del arma,
general Martín Balza. En esa oportunidad –siempre según las fuentes–
Guillamondegui aceptó que estaba “siguiendo la causa”, sin considerar que con
ello estuviese cometiendo delito alguno, más bien como una situación rutinaria.
“La causa” a la que hizo referencia el militar en realidad son dos, ambas
sustanciadas por la jueza Garzón de Lascano y la fiscal
Graciela López de Filoñuk: una por el destino final de los desaparecidos bajo el
terrorismo de Estado en Córdoba, cuya conducción fue desempeñada por el ex jefe del III
Cuerpo Luciano Benjamín Menéndez, y otra por la sustracción de hijos de desaparecidos
en los campos de concentración de esa provincia.
Testigos de ambas causas, dirigentes de los organismos de derechos humanos y ex detenidos
denunciaron amenazas y seguimientos. La jueza aceptó las denuncias y comenzó la
investigación, que cobró mayor impulso tras el allanamiento que realizó en la Casa Cuna
–donde incautó una serie de fichas de bebés que podrían ser hijos de
desaparecidos–: la magistrada comprobó que, si bien el operativo debía ser secreto,
la información se había filtrado. La propia justicia estaba siendo espiada.
Guillamondegui fue indagado por la jueza Garzón de Lescano tras otro allanamiento,
realizado hace un mes a la jefatura de inteligencia del III Cuerpo, que comandaba el
militar. En esa indagatoria el teniente coronel aceptó que estaba “siguiendo la
causa” y disparó su frase: “Todo lo que hace a derechos humanos nos interesa
porque ésa es una forma de atacar al Ejército”.
Pese al hermetismo del juzgado para mantener en secreto las pruebas que demostrarían el
espionaje, este diario pudo saber que durante el allanamiento al ex batallón de
inteligencia se secuestraron cintas grabadas con las escuchas ilegales que se realizaban
desde la Central de Reunión de Información del III Cuerpo. Por esos días la jueza ya
había descubierto las operaciones y sumó la situación de amenazas e intimidaciones a
testigos para citar a los militares, que contaban con un empleado de tribunales para
intervenir los teléfonos del juzgado y obtener información. También habrían enviado a
uno de los suboficiales –se trataría del suboficial mayor Roberto Luciano
Quiroga– a hacerse pasar por un periodista de un diario de Buenos Aires, lo que le
permitió acercarse a información de la causa que se instruye en el juzgado.
Quiroga fue detenido por falso testimonio el viernes pasado, durante una indagatoria que
le estaba realizando la jueza en la causa del espionaje. La magistrada habría contrastado
las declaraciones del suboficial con una de las cintas grabadas ilegalmente en la sede la
inteligencia militar cordobesa.
Quiroga era el único detenido de los cuatro militares acusados por la Justicia y
relevados por Balza. Pero ayer fue excarcelado por el juez Ricardo Bustos Fierro, aunque
la causa prosigue su curso. Además de Quiroga y Guillamondegui, el jefe del Ejército
relevó y puso en disponibilidad al coronel José Luis Bo –que cumple funciones en
laJefatura II (Inteligencia) del Estado Mayor General del Ejército, con sede en la
Capital Federal, y habría sido quien supuestamente autorizó el operativo– y al
sargento ayudante Edmundo Víctor Orsolini. Los cuatro militares son indagados por la
jueza cordobesa, además de un civil, empleado de tribunales.
Hasta ahora no existe acusación penal contra ninguno de los militares pasados a
disponibilidad por Balza, pero fuentes judiciales estimaron que hoy la fiscal López de
Filoñuk determinaría sus procesamientos. El abogado de los militares, Eduardo Rodríguez
Aramburu, especula con que no hay estructura punitiva en la Ley de Defensa Nacional, que
prohíbe expresamente a los militares realizar tareas de inteligencia interna. Rodríguez
Aramburu señaló a Página/12 que “como la ley no prevé penas, hay que remitirse al
Código Penal, y yo no veo en las conductas señaladas comisión de delito alguno”.
El abogado insistió en que “no estamos ante un operativo de inteligencia; y si lo
hay, no hay delito penal”.
Con relación a lo confesado por Guillamondegui (que estaba “siguiendo la
causa”), el abogado señaló que su cliente no reconoce haber realizado tareas de
inteligencia, aunque “sí tomó contacto con De los Santos, porque era un conocido
suyo de Neuquén, según me dijo”. Roberto Fermín De los Santos es un testigo citado
por Garzón de Lescano en las causas sobre desaparecidos que los militares siguieron de
cerca, ya que de ex montonero pasó a ser colaborador dentro del campo de tortura y
detención La Perla, en Córdoba. Actualmente vive y ejerce la medicina en la ciudad
chubutense de Puerto Madryn. De los Santos fue el testigo “reporteado” por el
supuesto “periodista de Buenos Aires” quien, piensan en tribunales, era en
realidad el suboficial Quiroga.
Página/12 pudo comprobar, además, que Guillamondegui había recibido una sanción
interna después de que la jueza Garzón de Lascano allanara las dependencias de la
Central de Reunión de Información hace un mes. El teniente coronel fue penado con tres
días de arresto. Su abogado confirmó a este diario la versión: “Algún comentario
me hizo, pero no recuerdo exactamente de qué se trató. Creo que fue por una cuestión
formal de sus funciones, y sí, pudo haber tenido vinculación con el allanamiento”.
Informe: Mónica Gutiérrez, desde Córdoba.
EL JEFE DE EJERCITO SE PRESENTO EN LOS
TRIBUNALES CORDOBESES
El general Balza hizo de bombero
“Les
puedo asegurar que el jefe de Inteligencia, general Jorge Miná no tiene nada que ver al
respecto”, expresó pasado el mediodía de ayer el teniente general Martín Balza,
más en funciones de bombero que de jefe del Ejército, al salir de la sorpresiva reunión
de dos horas y media que mantuvo con la jueza Cristina Garzón Lascano en los tribunales
cordobeses.
Balza trató de salvar del fuego a su jefe de Inteligencia pero dejó que las llamas
alcanzaran a los cuatro militares –un coronel, un teniente coronel y dos
suboficiales– implicados en la red de espionaje ilegal. Puntualizó que
“absolutamente nadie en el Estado Mayor” ordenó al coronel José Luis Bó,
titular de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, que realizara acciones de
espionaje ilegal sobre la Justicia y testigos cordobeses de la llamada “causa
Menéndez”. Ante otra pregunta respondió que “no tengo nada que hablar con el
coronel Bó, él debe responder a la justicia federal”. Y sobre el otro oficial
implicado, el jefe de Inteligencia del III Cuerpo, teniente coronel Abel Guillamondegui,
indicó que “sabía perfectamente que no puede cumplir una orden de alguien con quien
no tiene ninguna vinculación”.
El jefe del Ejército indicó que Bó “no tiene ninguna facultad para ordenar o
solicitar nada a un jefe de organismo, y si hubiera habido algún pedido, sería
ilegítimo e ilegal”. Agregó que esta causa “es por demás seria y muy
importante para el Ejército y vine a poner al Ejército a disposición para todo lo que
sea necesario en su esclarecimiento”.
Es la segunda vez que la “causa Menéndez” provoca una crisis militar. Fue
abierta para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la
dictadura en el área del Tercer Cuerpo que comandaba el general Luciano Benjamín
Menéndez. Y fue detonante de la rebelión carapintada de Semana Santa en 1987 cuando dos
oficiales imputados no acataron la orden de entregarse y se atrincheraron en un
regimiento.
La causa quedó cancelada por la Obediencia Debida y los indultos, pero fue reactivada por
la jueza Garzón de Lascano para investigar el robo de bebés y el destino de los
detenidos desaparecidos. En esta nueva etapa, no hay imputados, o sea que no hay abogados
de la parte militar, por lo que no tienen acceso a los expedientes. “Eso inquieta a
los militares y debe haber sido uno de los objetivos del espionaje”, explicó a
Página/12 la abogada María Elba Martínez, querellante en la causa.
En ámbitos judiciales se indicó que las versiones periodísticas sobre la inminente
citación de Miná fueron el motivo del inesperado viaje de Balza a Córdoba, aunque es su
costumbre adelantarse a la citación como ya lo hizo en el caso Carrasco, en el de
tráfico de armas y ante el juez Adolfo Bagnasco. La secretaria del juzgado, Mariana
Buteler, aclaró que no fue una “citación”, sino una “conversación”,
por lo que el jefe militar no fue interrogado por la jueza.
En oposición a los esfuerzos desplegados por Balza, la abogada Martínez advirtió a
Página/12 que sería un error considerar este hecho “como un caso aislado” y
recordó el robo de microfilms y de documentos en otras causas similares, así como
amenazas de muerte. “Es como dijo el general Menéndez en la causa: ‘los
derechos humanos hoy son la subversión’”. Martínez aseguró que “lo
único que tiene Balza de democrático es el discurso porque nunca favoreció las
investigaciones”. “Menéndez debe ser el menos preocupado –finalizó la
abogada–, porque hay gente en actividad, tanto militares como civiles, de
instituciones como la Justicia, la Iglesia y la policía de la provincia que quedarían
muy implicados si se conoce la verdad” de lo accionado por las fuerzas de la
represión durante la dictadura.
“Todos los desaparecidos ahora
están muertos”
En lugar de apelar a la figura de
la desaparición forzada, que no implica convertir a los desaparecidos en muertos, un
tribunal cordobés los dio por fallecidos.
Una escena de exhumación de
cadáveres de las víctimas.
La ley, sin embargo, no considera muertos a los desaparecidos. |
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Por Victoria Ginzberg
“Los desaparecidos
están muertos”. La frase remite al Informe Final elaborado por la última junta
militar en 1983. Pero pertenece al vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba, José Alejandro Mosquera. Este juez y dos colegas firmaron un fallo en el que
aseguran que “todas las personas consideradas desaparecidas entre 1976 y 1983 están
muertas”. Dirigentes de derechos humanos consideraron que no se puede decretar la
muerte de los desaparecidos sin establecer quiénes y de qué manera los asesinaron.
Los jueces fallaron al aceptar una demanda civil contra el Estado iniciada por la familia
de una desaparecida para cobrar una indemnización. En febrero de 1976, cuando estaba en
la casa de una amiga, Ana María Chiapeta fue secuestrada por personas armadas vestidas de
civil. Su cuerpo nunca apareció. En 1987 su familia inició una demanda contra el Estado
y, ahora, los camaristas Mosquera, Luis Rueda y Humberto Aliaga se pronunciaron a favor de
que la familia de Chiapeta reciba un resarcimiento de 250 mil pesos por “daño
moral”.
En la resolución, los jueces indicaron que desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976
se cometieron una “gran cantidad de ilícitos” que fueron “parte de un plan
general y de una metodología de represión instalada por la jefatura de la
comandantes”. El fallo parecería no tener nada objetable. Incluso reconoció este
secuestro, realizado antes del golpe, como parte de la represión ilegal del Estado. Pero
los jueces infirieron que la mujer está muerta y aseguraron que deben considerarse en
igual situación a todas las personas “denominadas desaparecidas”.
“Nosotros somos parte de la sociedad, no sólo jueces. Todos sabemos que los
desaparecidos están muertos y pensar de otra manera sería estar lejos de la sociedad. Y
si la Justicia se pone lejos de ella, creo que no es Justicia”, afirmó Mosquera
tratando de justificar la determinación.
Según dijo este camarista a Página/12, era necesario decretar la muerte de Chiapeta para
poder otorgar el beneficio.
–¿Pero no bastaba con la figura de desaparición forzada? –preguntó este
diario al secretario del juzgado.
–Bueno... No sé, habría que ver.
Y el camarista agregó:
–Esto es lo que querían los familiares.
La ley 24.321 estableció la figura de desaparición forzada especialmente para que los
familiares de desaparecidos pudieran cobrar una indemnización, y realizar trámites
sucesorios o de cualquier tipo sin tener que dar por muertas a las víctimas del
terrorismo de Estado antes de saber qué fue lo que pasó con ellas.
Martín Abregú, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
afirmó que el fallo de Córdoba “no asume la responsabilidad que tiene el Estado en
la desaparición forzada”. En el mismo sentido, la ex subsecretaria de Derechos
Humanos Alicia Pierini manifestó estar “preocupada por la innecesariedad de declarar
muertos a los desaparecidos ya que según la legislación se podía hacer lugar a la
indemnización utilizando la figura de desaparición forzada”.
“Si los jueces dicen que están muertos, que lo prueben”, sostuvo Laura
Bonaparte, de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, al conocer la postura de los
camaristas cordobeses. “Nosotros sabemos que los desaparecidos no están viajando por
el mundo, pero para darlos por muertos deben presentarnos las pruebas. Los jueces deben
saber que no pueden decir algo que no pueden probar”, aseguró Bonaparte.
Julio César Strassera, fiscal del Juicio a las Juntas, dijo que “los desaparecedores
son los que tienen que hacer aparecer a los desaparecidos”. Añadió que según el
criterio de los jueces cordobeses se podrían clausurar las investigaciones sobre el
destino de los desaparecidos. La afirmación acerca de que todos los
desaparecidosdeberían ser dados por muertos podría ser citada por otros jueces para
justificar otras resoluciones.
FAMILIARES DE PRESOS POR LA TABLADA
Una carta para Corach
Los
familiares de los presos de La Tablada se presentaron ayer a la misma hora que los
movileros en la casa del Ministro del Interior para pedir por la libertad de los miembros
del Movimiento Todos por la Patria. Allí le entregaron una carta a Carlos Corach en la
que recuerdan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al
gobierno argentino establecer una reparación para los detenidos de la Tablada.
En diciembre de 1997 la CIDH consideró probado “que nueve de los atacantes a La
Tablada fueron asesinado después de la recuperación del cuartel y que “todos los
sobrevivientes fueron torturados por agentes del Estado argentino”. También
consideró que “hubo deficiencias notorias en la investigación de los hechos”.
En base a estas conclusiones realizó varias recomendaciones, entre ellas la de
“reparar” a las victimas, lo que es interpretado por sus familiares como
“liberación”.
Hace algunas semanas la jueza María Cristina Carrión de Lorenzo le envió al gobierno un
escrito para que explique porqué no cumplió con lo establecido por el organismo
internacional. El gobierno, reconoció las violaciones a los derechos humanos, pero
argumentó que las resoluciones de la CIDH no son de cumplimiento obligatoria y que la
jueza no es competente para realizar ese pedido.
Los abogados de los Presos de La Tablada iniciaron además denuncias por torturas y
asesinatos pero el fiscal Oldano Rodríguez consideró estas querellas
“doctrinarias” y dijo que las acciones debía ser archivadas. La denuncia quedó
entonces en manos de la jueza Raquel Morris Dloogatz, quien estuvo a cargo de estas
investigaciones –que la CIDH consideró insuficientes– cuando se realizó el
juicio a los integrantes del MTP.
Los familiares de los presos intentaron ayer una nueva medida para que los detenidos
queden el libertad y le entregaron en presencia de los medios la carta, destinada al
presidente Carlos Menem, al ministro del Interior.
OPINION
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