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Erman González no se conforma con los 8 mil pesos de jubilación que le habilitó un régimen especial de La Rioja. Ahora reclama un retroactivo de 200 mil pesos correspondientes a los dos últimos años de haberes no percibidos. Con el pedido, el ministro volvió a meterse en un brete: si efectivamente había renunciado durante años a percibir su jubilación, no está en condiciones de reclamar un retroactivo. Sólo podría hacerlo si dejó de cobrar sus haberes de hecho pero no con una renuncia explícita. González dijo públicamente que el retroactivo está todavía en gestión, porque correspondería que se reclame no más allá de dos años desde el momento que yo pedí la rehabilitación del pago. Efectivamente, ése es el plazo que establece la ley, a no ser que se haya renunciado al cobro de ese beneficio. Pero el funcionario había dicho que, al momento de iniciar el trámite de jubilación, renunció no al beneficio ya que se trata de un derecho irrenunciable pero sí al cobro del mismo. Sin embargo, ayer habló del retroactivo como si tuviera asegurado su cobro. No estoy en condiciones de donar ese monto, dijo ayer al ser abordado en la puerta de su casa por los periodistas. Veremos lo que voy a hacer. El ministro de Trabajo se jubiló en La Rioja en la década del 80, amparado en un régimen especial aprobado durante la gobernación del actual presidente Carlos Menem. Para acceder al beneficio no se establecían límites de edad. Sólo se requerían diez años de aportes a la caja provincial. Erman González fue titular del Banco de la Rioja y ministro de Hacienda de esa provincia, entre otros cargos públicos. El régimen de privilegio aunque se prefiera denominarlo con el eufemismo especial permite realizar un prorrateo de todos los sueldos para establecer el monto jubilatorio. Ese haber, a su vez, es móvil y se va actualizando hasta el día de la fecha. La misma oposición se cuidó ayer de hablar de una jubilación ilegal. Más bien planteó el debate en términos éticos, al contraponer los 8000 pesos de jubilación que de ahora en más percibirá el titular de la cartera responsable del área con el mínimo de alrededor de 200 pesos. Es injusto, dijo Erman cuando le consultaron sobre ese piso como si él no fuera uno de los responsables del mismo. El ministro anunció el lunes que renunciará al cobro de su sueldo que, con gastos de protocolo, ronda los 9700 pesos. Se lo interpretó como un gesto para amortizar las críticas, ya que la ley permite cobrar un sueldo nacional y una jubilación provincial simultáneamente. Sin embargo, en su entorno dejaron trascender que con la decisión de priorizar la jubilación por sobre el sueldo también buscó cuidar sus ingresos en un futuro incierto, sobre todo luego de que se lo comenzó a vincular con el tráfico ilegal de armas. El apuro del funcionario por percibir dicho beneficio jubilatorio sin aguardar el fin de su gestión fue explicada cerca de su despacho con una sinceridad sorprendente. Tiene miedo de que con el nuevo gobierno se modifique el régimen y no pueda cobrar nada, dijeron. Erman recibió el abrazo del oso de su par de Interior, Carlos Corach, que titubeando intentó saldar la polémica en la habitual charla que mantiene con los periodistas en la puerta de su casa. ¿Usted hubiera hecho lo mismo que Erman González? le preguntó uno de los movileros. Posiblemente sí. Corach fue más cauto cuando le plantearon si consideraba ético que un representante del Gobierno cobrara 8 mil pesos en vez de dar el ejemplo y renunciar definitivamente al beneficio, sobre todo tras el recorte presupuestario a la educación y la salud: Es un tema agotado. El ministro ya dio las explicaciones necesarias, y no vamos a abundar sobre el tema esquivó.
CARLOS IMIZCOZ DENUNCIA A OTROS PRIVILEGIADOS Erman
González no está solo. Una extensa lista de 20 mil jubilados de privilegio cobran
mensualmente de las arcas de la seguridad social una remuneración de entre 16 y 20 mil
pesos por haber pertenecido, en algún pasaje de su vida, por la administración pública.
Según información recogida por la Mesa Coordinadora de Jubilados, que preside Carlos
Imizcoz, en la lista de beneficiarios figuran desde ex funcionarios bajo investigación
judicial, como Oscar Camilión, hasta el frustrado ex candidato a gobernador bonaerense,
Antonio Cafiero.
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