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El fiscal de la causa de las armas quiere que el juez procese al embajador en Nueva Zelanda y al ex vicecanciller y cite al actual para indagatoria. También reclama indagar a Balza.
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Por Eduardo Tagliaferro  Si Antonio Erman
González renuncia al Ministerio de Trabajo, ya sabe cuál es su primera actividad:
declarar en la causa del contrabando de armas, en la que hasta ahora se amparó en sus
fueros. Pero el fiscal Carlos Stornelli quiere completar la citación de los que no pueden
cobijarse en su inmunidad y estudia pedir la indagatoria de Martín Balza y el
procesamiento del ex vicecanciller Fernando Petrella y del embajador Enrique de la Torre.
Pero la novedad para la Cancillería será ésta: Stornelli solicitará la indagatoria de
Andrés Cisneros, número dos de Guido Di Tella. El pedido para Fernando Petrella, actual embajador en las Naciones Unidas, es por la acusación de haber ocultado pruebas. Para Stornelli, no presentó a la Justicia el cable del ex embajador en Perú, Arturo Ossorio Arana, en el que éste advertía sobre un informe de la inteligencia peruana que alertaba sobre el embarque de armas argentinas hacia Ecuador. Petrella podría ser acusado también por falsedad ideológica en la elaboración de los decretos presidenciales que ampararon la operación. Cuando se produjo el contrabando, De la Torre era director de Seguridad Internacional y miembro de la comisión interministerial que autorizó la venta de armas. Stornelli podría añadirle otro cargo: ocultamiento de pruebas, por no haber dado a conocer el cable de Ossorio Arana. Cisneros era el jefe de gabinete de Di Tella cuando fue enviado el cable de Perú, y uno de sus destinatarios. Fuentes tribunalicias sostuvieron ayer que por su cargo Cisneros debía estar en contacto permanente con las informaciones recibidas desde los distintos destinos diplomáticos. Si la Justicia lo prueba, su responsabilidad podría superar incluso la del propio canciller. La presencia de Balza se explica de otro modo. Para Stornelli, la instrucción de la causa de armas, al menos en la parte de las ventas a Ecuador, no puede quedar bien terminada sin la declaración indagatoria del jefe del Ejército. El fiscal federal había acusado a Balza de integrar la asociación ilícita que posibilitó la venta ilegal del armamento argentino. Hace más de un mes, el juez Jorge Urso le pidió al fiscal Stornelli su opinión acerca del estado del sumario, las medidas pendientes y la situación procesal de los miembros de la Cancillería y del Ejército. La estrategia de Urso apuntaba a elevar a juicio oral la parte que involucra a Ecuador. Si los sospechosos de vender armas a los ecuatorianos quedan libres de culpa y cargo, después sería más difícil acusarlos y condenarlos por las ventas ilegales a Croacia. A la vez, si no se demuestra que el contenido de los decretos presidenciales sobre Ecuador es falso, sería trabajoso probar lo mismo para los de Croacia. La Defensoría General había presentado en contra de Stornelli una denuncia por presuntos excesos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad de un acusado en otro juicio. Si se trataba de una maniobra oficial para frenar la pesquisa de las armas, la decisión de Stornelli podría impedirlo. Un funcionario de Tribunales admitía ayer que naturalmente Urso no está obligado a aceptar los pedidos del fiscal en los términos de Stornelli. Pero a la vez el juez no puede elevar la causa a juicio oral si el fiscal cree que la instrucción está incompleta.
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