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Por Sergio Moreno  Alfredo Ramón Silva es
abogado y hace dos años solicitó ser incorporado como adjunto a la cátedra donde
trabaja Elvio Zanotti, letrado de las Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba. En esa fecha
las Abuelas dieron impulso a dos causas sobre desaparecidos: la de “búsqueda de la
verdad” y la de robos de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura. Silva
resultó ser Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Tercer Cuerpo de Ejército desde
1980 y es uno de los tres civiles que, junto con seis militares, están involucrados en el
espionaje realizado a la Justicia cordobesa por ambas causas sobre violaciones a los
derechos humanos. Silva es el ejemplo más descarnado de que la inteligencia militar
–o al menos un sector de ella– mantiene la costumbre de ser fiel a sí misma y
que esa fidelidad no le ha impedido pasar por encima de las leyes del Estado democrático.La inteligencia militar fue el sustento operativo y logístico del terrorismo de Estado desatado en su máximo esplendor en la Argentina a partir de 1976. Los “servicios” fueron los encargados de detectar, secuestrar, torturar y desaparecer a decenas de miles de ciudadanos opositores a la dictadura. El legado ideológico de ese aparato subterráneo salió a la superficie con los episodios de espionaje a periodistas y a agrupaciones de mujeres por parte de la Fuerza Aérea y a la Justicia cordobesa realizada por el Ejército. En esta oportunidad, los organismos de control –sean las propias Fuerzas Armadas, el Poder Ejecutivo y el Parlamento– resultaron ineficaces por abulia, ignorancia o por falta de decisión política. El ejemplo de la SIDE, que ha incorporado y mantenido en su plantel de personal –orgánico e inorgánico– a personajes acusados de haber violado los derechos humanos, de realizar secuestros extorsivos o de mantener inclinaciones segregacionistas, muestra cuando menos las contradicciones del Estado argentino para fijar políticas sobre la comunidad de inteligencia. La existencia de estos elementos en la sede de la inteligencia civil, y el espionaje de los aviadores contra periodistas y ONG fueron descubiertas por la prensa; la red de espionaje militar a la Justicia cordobesa quedó al descubierto por una investigación realizada por la jueza Cristina Garzón de Lescano y la fiscal Graciela López de Filoñuk. La Perla Garzón de Lescano comenzó su investigación a raíz de una serie de filtraciones sobre información vinculada a las dos causas que instruye y por denuncias de testigos e integrantes de organismos de DD.HH. sobre seguimientos, amenazas e intimidaciones. La jueza determinó que el monitoreo ilegal sobre sus causas fue realizado por militares dependientes del Tercer Cuerpo y de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, y por tres civiles que trabajaban para ellos. Pero aún no se ha probado su vinculación con quienes realizaron los seguimientos y las intimidaciones. Según los propios perseguidos, las tareas de amedrentamiento habrían sido realizadas por lo que llamaron “la patota de La Perla”, ex servicios que actualmente siguen vinculados con el totem militar de Córdoba, el ex jefe del Tercer Cuerpo durante los años de plomo Luciano Benjamín Menéndez. La Perla fue el campo de concentración, situado en las afueras de Córdoba, en el cual fueron confinados, torturados y desaparecidos unos 4000 ciudadanos durante la dictadura. El centro clandestino dependía directamente del Tercer Cuerpo y su personal revistaba en el Batallón 141 de Inteligencia, de esa guarnición, el mismo que ahora está en el centro de la investigación por espionaje a la Justicia cordobesa. Héctor Pedro Vergés, alias Vargas, y Ernesto “Nabo” Barreiro eran los jefes del campo de exterminio. Ambos militares están en libertad gracias ala ley de obediencia debida. Vergés llegó a hacer gestiones –por comisión de la SIDE– ante Carlos Telleldín en la causa por la voladura de la AMIA. Barreiro se negó a declarar ante la Justicia en marzo de 1987 por sus violaciones a los derechos humanos. Esa negativa produjo, en Semana Santa de ese año, el levantamiento carapintada de Aldo Rico cuya consecuencia directa fue la sanción de la ley de obediencia debida. La presencia de Menéndez en Córdoba no es la misma que podrían haber tenido la de Jorge Videla o Emilio Massera en la Capital Federal. Menéndez sigue siendo un referente sustancial del terrorismo de Estado del proceso, que ejerce influencia en los cuadros militares destinados al Tercer Cuerpo. Además, cuenta con un grupo de incondicionales y guardaespaldas ansiosos de cumplir sus deseos. Menéndez será citado a declarar en las causas por la “búsqueda de la verdad” y por los hijos de los desaparecidos que lleva adelante la jueza Garzón de Lascano. Tradiciones El general Martín Balza sostiene que el Ejército que comanda respeta la Constitución y los derechos humanos. La fiscal López de Filoñuk pidió el procesamiento del jefe de Inteligencia del arma, general Pedro Miná, de tres civiles y de cinco militares más. Entre estos últimos está el teniente coronel Abel José Guillamondegui, ex jefe del Batallón 141 (Inteligencia) del Tercer Cuerpo, que admitió haber estado siguiendo las causas judiciales y para quien todo lo referido a los derechos humanos es un ataque al Ejército. ¿Qué lleva a este oficial a esta convicción, reñida con las afirmaciones de Balza sobre el Ejército, y en absoluta consonancia con la ideología que imperó en las Fuerza Armadas procesistas? Aquí convergen varios elementos:  Los resabios de
la doctrina de seguridad nacional que comandó la acción militar desde fines de la
década del 50. La influencia de los
militares retirados, abiertos opositores a la política de profesionalización y respeto
constitucional impulsada por Balza. La tradición
transmitida por muchos de esos militares a sus familiares que siguen la carrera de las
armas. La presencia de
un paradigma de la represión como es Menéndez en una provincia donde se produjo gran
parte de la peor represión que vivió la Argentina, incluso desde antes del golpe.Otras preguntas a hacer son: ¿cuántos oficiales más hay solidarios con Guillamondegui, dispuestos a quebrantar la ley? ¿Cuántos de ellos trabajan en la inteligencia militar, sea en el Ejército o en las otras Fuerzas Armadas o de seguridad? La Justicia determinará si las acciones de espionaje interno, violatorias de la Ley de Defensa, son hechos aislados e inorgánicos o no. Hasta el momento, un grupo de hombres del Ejército y la Fuerza Aérea deben dar cuenta de sus actos a la Justicia.
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