Página/12

A setecientos noventa días de ayuno docente y en el primer día del pago de impuestos sobre autos, aeronaves y embarcaciones, se reavivó la campaña de parte del oficialismo contra ese gravamen destinado a aumentar el sueldo de los maestros. El titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Oscar Lamberto, propuso la postergación por 180 días de la recaudación y estalló otro fuego cruzado. Esta vez no fue sólo Educación el que salió a repudiar el proyecto sino el propio candidato a presidente de la Alianza, Fernando De La Rúa, quien exhortó al pago del impuesto. Las huestes de Roque Fernández tuvieron que desmentirse a sí mismas y admitieron que “se harían todos los esfuerzos para recaudar más de 700 millones de pesos”. La CTERA acusó a Economía de liderar “un clarísimo boicot al fondo” e insinuó nuevas movilizaciones. El duhaldismo se ocupó en frenar la iniciativa de Lamberto. Es decir que el impuesto sigue en pie y hay que pagarlo.
La Ley 25.053 se sancionó hace más de seis meses. Economía y parte del peronismo, encabezados por Lamberto, rechazaron desde un principio la creación de un impuesto directo para financiar un aumento a los docentes, encima con control gremial sobre la distribución. Se produjo así la paradoja de que desde el gobierno se “trabajó” para que el impuesto se evada. El consenso social generado por la Carpa Blanca –instalada desde el 2 de abril frente de 1997 frente al Congreso– obligó a la entonces ministra de Educación, Susana Decibe, a buscar alguna fuente de recursos adicionales. La Alianza y la CTERA avalaron la creación del impuesto del 1 por ciento sobre autos aeronaves y embarcaciones cuyo valor oscile entre 4 y 20 mil pesos y de 1,5 por ciento para los que superen ese monto. “No es la solución sino una salida menos mala”, dijo por entonces la titular de CTERA, Marta Maffei.
En Santa Fe, el gobernador Jorge Obeid adelantó un aumento de 50 pesos a partir de marzo a cuenta de la recaudación del impuesto automotor. Lamberto, diputado por esa provincia, quien nunca digirió haber perdido por un voto el dictamen favorable a la creación del Fondo de Incentivo en la Comisión que preside, encabezó el tardío intento de suspender la aplicación del impuesto en sintonía con los deseos de Economía. Su par de bancada, el duhaldista Eduardo Camaño trabajó toda la tarde para impedir el consenso de ese proyecto en el bloque peronista. Los hombres del gobernador bonaerense vieron en la jugada un nuevo intento del menemismo por “embarrarle” su campaña electoral. Otros, en cambio, interpretaron en la jugada el objetivo de hacerle pagar también a la Alianza el costo político por “el malestar de la gente ante el pago del impuesto”.
La Cámara de Empresas de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) presentó un recurso de amparo para no abonar el impuesto porque “las tarifas fijadas por el Estado no contemplan entre los costos ese gravamen y no hay tiempo de trasladarlo al boleto”. El titular de la Comisión de Transporte, el bonaerense Telmo Pérez, presentó un proyecto para exceptuar a las empresas de autotransporte de carga y de pasajeros del impuesto. El lobby de los empresarios tanto de aeronavegación como automotor fracasó durante la discusión de la ley pero no cesa.
“Faltan las obleas. Nos llamaron de Santa Fé, diciendo que la gente empezó a fotocopiarlas para evadir”, dramatizaban los hombres de Lamberto al ritmo de los inconvenientes para saber cuánto, dónde y cómo pagar. La titular de CTERA, Marta Maffei, dijo a Página/12 que “el boicot no es una actitud nueva. Economía defenestró todos los proyectos de ley de financiamiento. Roque Fernández llegó a poner a disposición del presidentesu renuncia para evitar que el Fondo salga con la garantía del Tesoro para el piso de 700 millones de pesos que era lo único atractivo y en los últimos meses lo acentuaron con el envío rezagado y la manipulación de los valores de los autos, la falta de envío de las obleas y, para completar, el proyecto de exceptuar al transporte de cargas y pasajeros. Esto no lo pudieron hacer antes por las movilizaciones en defensa del presupuesto, entonces ahora confunden a los contribuyentes y hablan de que sólo se recaudarán 350 millones de pesos porque quieren dejar afuera a los grandes empresarios”.
Después de tensos llamados con Economía, el ministro de Educación, Manuel García Solá, anunció que el 9 de junio se reunirá el Consejo Federal de Educación –ministros de todo el país– para resolver “cómo se distribuyen los recursos entre las provincias y desde cuando se empezará a pagar”. Así intentó conjurar las especulaciones en torno a la suspensión de la recaudación y evitar que las calles se llenen nuevamente de gente cuando apenas lleva tres semanas en el cargo. El monto de lo que recibirá cada maestro es todavía una incógnita: dependerá no sólo del total del pozo sino también de los criterios que se usen para distribuirlo.

“No vamos a cargar con el costo político de un proyecto al que siempre nos opusimos. Si Educación y el Congreso se empecinaron en aprobarlo, ahora que se hagan cargo.” El comentario fue hecho a Página/12 por un estrecho colaborador de Roque Fernández, minutos antes de que el Ministerio de Economía emitiera un comunicado expresando su voluntad por recaudar lo mejor posible el impuesto a los autos, motos, barcos y aviones, que financiará el aumento a los docentes. En el Palacio de Hacienda salieron rápidamente al cruce de las críticas que mereció el reconocimiento de uno de sus funcionarios, Guillermo Rodríguez Usé, acerca de que ese gravamen aportará a lo sumo 370 millones de pesos, frente a los 700 millones proyectados. En consecuencia, el aumento para los docentes sería de apenas 50 pesos mensuales, en lugar de los 100 prometidos.
“La estimación concreta de la recaudación para 1999 es difícil, pues se trata de un impuesto nuevo que afecta a más de 6 millones de contribuyentes potenciales”, aclara el comunicado, relativizando las proyecciones de Rodríguez Usé, subsecretario de Política Tributaria. De acuerdo a la versión de los hombres de Economía, ese funcionario no hizo más que reiterar lo que ya conocían la ex ministra de Educación, Susana Decibe, y su sucesor, Manuel García Solá. Cuando esa cartera comenzó a analizar la creación del Fondo de Incentivo Docente, requirió a Economía un estudio técnico sobre la potencial recaudación del gravamen. La Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal estuvo a cargo del trabajo. El resultado más optimista fue que el impuesto aportaría 370 millones.
“Les dijimos que la iniciativa era inviable, pero Decibe y García Solá decidieron seguir adelante”, aseguran en Economía. Los gremios docentes, para evitar sorpresas, presionaron a Educación para que la ley incluyera una garantía del Estado, asegurando que el Fondo de Incentivo contaría con un presupuesto de 700 millones, más allá de lo que recaudara el impuesto. Roque consiguió que Carlos Menem vetara esa garantía, convencido de que el Tesoro debería aportar entre 300 y 350 millones, para cubrir la diferencia entre los ingresos del gravamen y el presupuesto efectivo para el aumento de los docentes. “Sabíamos que la propuesta nos costaría un incremento del déficit fiscal, que el FMI no aceptaría”, señaló el escudero de Roque a este diario.
“El Ministerio de Economía, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, está haciendo los mejores esfuerzos para cumplir con los objetivos de recaudación propuestos”, concluye el comunicado de esa cartera, en su intento por quedar al margen del conflicto con los docentes por el reducido aumento que percibirán. Una alternativa que barajó anteayer la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por Oscar Lamberto, fue elevar el impuesto a los autos gasoleros cero kilómetro de 10 a 17 por ciento, para obtener más recursos con que financiar el incremento a los docentes. Sin embargo, Economía se opuso a la iniciativa y se descuenta que será descartada.
El titular de la AFIP, Carlos Silvani, también cuidó ayer sus espaldas. Dijo que oportunamente le advirtió a Decibe que el organismo a su cargo no contaba con recursos para publicitar el impuesto a los autos. “Yo lo que hago es cumplir la ley. No discuto si el impuesto es bueno o es malo. Francamente, creo que ésta no es la única alternativa, pero así se votó, así se impuso la ley y yo la cumplo”, subrayó Silvani.

Todas las respuestas, todas

1¿Quiénes deben pagar el impuesto?
Todos los propietarios de autos cuyo valor supere los 4000 pesos, de motos de más de 200 centímetros cúbicos, de embarcaciones y aeronaves.
2 ¿Cuánto hay que              pagar?
Para los autos y las motos es del uno por ciento si su valor no supera los 20 mil pesos y del 1,5 por ciento si supera ese monto. Para los automotores afectados al transporte de carga y pasajeros, las embarcaciones y las aeronaves, el impuesto es del 1 por ciento. Las embarcaciones, y aeronaves tributarán un mínimo de 50 pesos y de 200 respectivamente.
3 ¿Cómo se calcula el valor de cada vehículo?
Deben consultarse las tablas publicadas por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en las cuales se detalla la marca, modelo y año. Las mismas están disponibles en todas las escuelas del país, en los Registros Seccionales del Automotor o en cualquier agencia de la AFIP. Si el vehículo no figura en la tabla de valores, deberá tomarse el valor del seguro. De no estar asegurado, el valor fiscal para el pago de la patente, el valor certificado por una agencia, concesionaria o compañía de seguro, o avisos en publicaciones especializadas.
4¿Hay que esperar una notificación para pagar el impuesto?
No. Debe pagarse al vencimiento establecido según el número de patente. Los vencimientos son a partir del próximo martes 8 (patentes terminadas en 0 y 1) hasta el 15 del corriente (las que terminan en 8 y 9). Para embarcaciones y aeronaves, el impuesto vence el 18.
5 ¿Qué debe utilizarse para efectuar el pago?
u Automotores: se pagan con los recordatorios recibidos o con el formulario 717 o 719 (autos no repatentados).
u Motos: se pagan con el formulario 718.
u Aeronaves y embarcaciones: se pagan con el formulario 726 generado a partir de un programa provisto por la AFIP.
Todos los formularios se pueden obtener en la agencias AFIP o en su página web.
6 ¿Dónde se                  paga?
En todos los bancos habilitados en el país, el Correo Argentino en el área metropolitana, centros de servicios Pago Fácil, incluyendo los habilitados en los supermercados Norte de Capital Federal y Gran Buenos Aires y en los supermercados Wal-Mart. Contra el pago se recibirá una oblea para pegar en el parabrisas de su auto y un ticket.
7 ¿Qué pasa si no se paga el         impuesto?
No se podrá circular con el vehículo a partir del 1º de agosto y será pasible de multas. Todos los autos deberán tener pegada en su parabrisas la oblea y llevar consigo el ticket de pago.
8 ¿Qué se hará con el dinero         recaudado?
La recaudación integrará el Fondo Nacional de Incentivo Docente y será transferido en forma directa a las provincias para su incorporación al salario docente.
9 ¿Cómo obtener información sin     moverse de su casa?
Por teléfono al 0800-3330023 o por Internet: http://www.afip.gov.ar

Bajo el signo de la polémica

El impuesto a los rodados y las embarcaciones para el financiamiento docente nació bajo el signo de la polémica. En medio de fuertes críticas desde el sector empresario y la conducción económica, el Congreso votó el proyecto con una garantía oficial para asegurar un piso de 700 millones de pesos destinado a pagar un aumento a los educadores. En medio de interesadas versiones de Economía de que el gravamen no recaudaría ni la mitad de lo esperado, el Ejecutivo vetó el artículo que garantizaba un piso mínimo para el fondo educativo. A partir de ese momento, el enfrentamiento entre Susana Decibe y Roque Fernández no tuvo retorno.
A favor
Con uñas y dientes, el impuesto fue defendido por la ex ministra de Educación, Susana Decibe, y el entonces viceministro (a la postre, su sucesor), Manuel García Solá. Ya desde el año pasado, acusaron a Economía y a la AFIP (organismo recaudador) de “boicotear” el gravamen. Al primero, por lanzar versiones sobre su baja recaudación potencial. A la segunda, por imponer obstáculos a su implementación, lo que en definitiva terminó demorando su puesta en vigencia. El candidato presidencial por la Alianza, Fernando de la Rúa, fue una de las solitarias voces que se alzó ahora en favor del impuesto para el financiamiento docente. Imploró a los contribuyentes que paguen el impuesto y al Gobierno a hacer “los máximos esfuerzos” por lograr la mayor recaudación.
En contra
Los empresarios del autotransporte, de la industria terminal y del sector concesionario no perdieron oportunidad para hacer oír su protesta. “Complicará las posibilidades de recuperación del sector”, advirtieron desde la industria automotriz. “Va a desmotivar a los potenciales compradores”, aseguraron los agentes de venta de vehículos. “No estamos en contra de un fondo de incentivo salarial docente, pero sí en que se lo hagan pagar a un sector en emergencia económica”, clamaron los autotransportistas.
El Ministerio de Economía utilizó un argumento repetido. “Es una pésima señal para los mercados”, dijo eufemísticamente Pablo Guidotti, viceministro, como repite cada vez que una medida amenaza tocar la rentabilidad empresaria. La opinión de Economía, en rigor, no hizo más que reflejar el anterior disconformismo manifestado por el Fondo Monetario Internacional, opuesto a un gravamen que no se destinará a reducir el déficit fiscal.
La respuesta a Economía vino de parte de los supuestos destinatarios de lo que se recaude: los docentes. “No es raro que Economía se oponga a un impuesto que va directamente a manos de los beneficiarios”, interpretó Marta Maffei, secretaria general de Ctera y secretaria adjunta de la CTA. Sin embargo, no se mostró muy conforme con la implementación del gravamen. Calificó de “lamentable” la forma en que se resolvió el problema del financiamiento del aumento salarial docente. “Es enfrentar a pobres contra pobres”, planteó, en alusión a los automovilistas de bajos recursos y a los maestros.