| Por Eduardo Tagliaferro  “Siempre que el juez Urso
tiene que definir alguna medida procesal, me cita a declarar a mí”, afirmó el ex
ministro de Defensa Oscar Camilión al enterarse de su segunda citación judicial en la
causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia. Los funcionarios judiciales que
hoy le tomarán declaración indagatoria por el cargo de falsedad ideológica podrán
confirmar, si el ex ministro ratifica en el expediente, el silencioso pero existente
enfrentamiento que mantiene con el jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, con
el actual Canciller Guido Di Tella e incluso con el propio presidente de la Nación,
Carlos Menem, al que obligó a declarar como testigo.
Desde que estalló el escándalo de los vuelos rumbo a Ecuador, Camilión soportó durante
17 meses el “desgaste por goteo” al que lo sometió el menemismo. El objetivo
era convertirlo en el “techo” de una causa que comprometía la candidatura de
Carlos Menem al Premio Nobel de la Paz.
Fuentes cercanas al Gobierno reconocen que, cuando “el goteo” dio sus frutos y
Camilión presentó su renuncia, el canciller Di Tella que se encontraba de gira junto a
Menem se habría comunicado telefónicamente desde Venezuela con el presidente del Perú,
Alberto Fujimori, para decirle: “El maldito ya renunció”. No era el Nobel la
única preocupación de Di Tella. También le preocupaba que el expediente judicial no se
encausara hacia sus colaboradores y principalmente hacia su figura.
Un año después de que los vuelos que trasladaban las armas argentinas partieran desde
Ezeiza rumbo a Ecuador, un representante de las fuerzas armadas ecuatorianas y el
comprador del material bélico, el vendedor de armas Roberto Sassen, se entrevistaron en
Quito con el agregado militar argentino, coronel Hugo Molinari, para quejarse por el mal
estado del armamento y porque la entrega fue incompleta. El agregado argentino había
enviado un informe a la embajadora en Ecuador y al jefe de Inteligencia II del Ejército,
general Jorge Miná.
Camilión supo de ese informe cuando los ecuatorianos se presentaron en su ministerio,
reclamándole, sin éxito, una entrevista. En ese momento, Miná le comentó
telefónicamente la existencia de dicho informe, ante lo que Camilión intentó
comunicarse con Balza, quien no se encontraba en el país. Colaboradores del ex ministro
recuerdan que el subjefe del Ejército, general Ernesto Juan Bossi, fue el depositario de
las “puteadas” con las que Camilión le reprochó haberle ocultado el informe
del agregado en Ecuador. Un llamado urgente del titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy,
interrumpió la discusión con el segundo de Balza. Lo convocaban inmediatamente al quinto
piso del edificio de la SIDE donde, además de Anzorreguy, lo esperaba el canciller Di
Tella. Los gritos del mandamás de la Secretaría de Inteligencia se escuchaban en todo el
piso. “Traidor”, habría sido lo menos que Anzorreguy le dijo a Di Tella.
El ministro de Relaciones Exteriores había remitido una copia del informe al juez Urso y
otra a un matutino. Camilión siempre sostuvo a sus allegados que si hubiera recibido a
los ecuatorianos, “hoy estaría preso” y nadie puede sacarle las sospechas de
que Di Tella se habría prestado a una maniobra ideada por la “inteligencia”
militar.
A pesar de que desde el Gobierno siempre lo dejaron librado a su suerte, Camilión nunca
involucró judicialmente al presidente Menem. Cuando el año pasado el fiscal federal
Carlos Stornelli reclamó su segunda citación judicial, el entorno del ex ministro lo
escuchó decir que si lo llamaban nuevamente iba a “prender el ventilador”. Por
este motivo, tanto los funcionarios judiciales como los hombres del Gobierno hoy estarán
pendientes de los dichos de Camilión.
Para colmo, la única voz que salió a desvincularlo de la venta ilegal es un verdadero
salvavida de plomo: el traficante Diego Palleros, quien afirmó “Camilión es
inocente. Cuando quiso parar las operaciones no lo dejaron porque las órdenes venían de
mucho más arriba”. ¿Cuánto más arriba?, es lo que la Justicia deberá esclarecer.
OPINION
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