Página/12

Unos 2500 dirigentes, delegados, activistas gremiales y desocupados de todo el país están procesados e imputados por su participación en protestas sociales. Las causas –todas ellas iniciadas durante el gobierno de Carlos Menem– tratan hechos aparentemente aislados y, aunque en cada una de ellas el Estado respondió con una persecución penal formalmente encuadrada en términos legales, no desecha la represión física y hasta la ilegal.
Los datos surgen del informe anual sobre derechos humanos en el movimiento obrero que el Comité de Acción Jurídica (CAJ), adherido a la Central de Trabajadores Argentinos, elaboró junto a entidades nacionales e internacionales.
Según el trabajo, el disparador de los conflictos que el Estado se preocupa en “judicializar” –a fin de ejercer un mayor control social y desarticular cualquier tipo de protesta– se origina en el empeoramiento de la situación socioeconómica.
Durante 1998 se produjeron sobradas señales en ese sentido. Las que contempla el informe son, entre otras, el crecimiento de la deuda pública y la desocupación, la caída de la actividad industrial, el recorte presupuestario para los planes de trabajo, el recorte salarial en algunas provincias y el cese de pagos en otras.
En todos los casos, los afectados por la “judicialización” son trabajadores que ejercieron “sus legítimos derechos de huelga, de expresar sus ideas en forma pública o de peticionar ante las autoridades”. Algunos de ellos directamente se murieron por ejercer esos derechos, como el caso del obrero Víctor Choque, en Tierra del Fuego, y la empleada Teresa Rodríguez, en Neuquén, ambos asesinados cuando marchaban en demanda de mejoras laborales y salariales.
La modalidad de protesta que generó la mayor reacción por parte del Estado fue el corte de ruta. Entre el ’97 y el ’98 hubo más de doscientos. Uno de los cortes ocurrió en la Ruta Nacional 3, a la altura de Comodoro Rivadavia, donde 6 de los 100 manifestantes, entre ellos el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Walter Natera, se encuentran imputados, como si el génesis del problema que motivó el corte no estuviera relacionado con la situación social.
Insólitamente, en Chubut también llegaron a acusar a los trabajadores de “alzarse” contra el poder constitucional. Fue el caso de un juez federal a raíz de los cortes de ruta, pese a que el propio poder público reconoció la legitimidad del reclamo.
En Neuquén se intentó comprometer al Poder Judicial para que juegue un rol represivo contra las protestas. Los funcionarios de primera línea del Gobierno realizan presentaciones ante los tribunales contra delegados y dirigentes, ante cualquier medida de fuerza, protesta o movilización.
Esto ocurrió durante una protesta contra la rebaja salarial de los estatales. Los trabajadores se reunieron con los legisladores. Estos los atendieron, pero al día siguiente les iniciaron una causa penal asegurando que se los habían amenazado. Ante las pruebas de video, que echaron por tierra el argumento de los legisladores, el fiscal enderezó la acusación hacia supuestos daños y resistencia a la autoridad. Alegó que se había forzado la puerta de entrada y agredido al policía que la custodiaba.
En Neuquén también se confirmó una tendencia que avanza sobre el resto de las provincias: la de acusar por “coacción agravada” y reprimir físicamente a aquellos dirigentes que ejercen el derecho a peticionar antes las autoridades, como ocurrió con los delegados del Instituto de Servicios Sociales de la Asociación Bancaria de Buenos Aires.
Los trabajadores de Luz y Fuerza de Mar del Plata sufrieron un juicio por desafuero contra toda su plana directiva y, paralelamente, un juicio penal como respuesta a su lucha contra las privatizaciones de Eseba, los aumentos abusivos de tarifas y el despido de operarios. Lo mismo ocurrió con la huelga de Editorial Atlántida o de los metalúrgicos de Tierra del Fuego.
El informe no se queda en la recolección de datos. También propone un conjunto de medidas para contrarrestar la denominada persecución penal. Algunas de ellas son:

Solicitar al Gobierno la anulación de los procesos penales contra dirigentes gremiales y sociales.

Denunciar los actos ilícitos ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Establecer una red de coordinación y solidaridad entre todos los abogados de países que defienden este tipo de causas.

Espionaje a delegados

No toda la Justicia falla en contra de los intereses de los trabajadores. Por primera vez en la historia del derecho argentino se demostró judicialmente la existencia de espionaje contra delegados y activistas del gremio telefónico FOETRA. El juzgado laboral Nº 35 de la Capital Federal hizo lugar al recurso de hábeas data interpuesto y condenó a la empresa Telefónica de Argentina a entregar una serie de cintas de video. En ellas se registraron conversaciones obtenidas ilegalmente para espiar la actividad del personal con el propósito de utilizarlas para obtener su despido y persecución gremial.
Telefónica de Argentina había negado la existencia del espionaje y de los propios videos. Según el abogado del sindicato Buenos Aires de FOETRA, Juan Carlos Capurro, “todas las grandes empresas tienen un control del video de la vida cotidiana de los trabajadores, alegando ese derecho en el de propiedad que detentan sobre los establecimientos. Pero como bien sostiene el fallo, ese derecho no involucra el hurgar de la vida privada de los empleados ni vigilarlos en forma dictatorial durante sus tareas. Esa violación a los derechos personales no puede ser efectuada ni aun bajo el conocimiento del trabajador que no puede, por motivos de subsistencia de la relación laboral, oponerse individualmente a las decisiones empresariales”.

Un caso prototípico de la persecución judicial de los trabajadores es el que afecta a la estatal Alba Luna Aguirre de Castillo. La secretaria general de la seccional Santiago del Estero de ATE, que participó de las principales protestas contra los planes de ajuste del gobernador justicialista Carlos Juárez, será sometida a un juicio oral y público entre el 5 y el 16 de julio por el supuesto delito de haber prestado su teléfono particular al gremio, en haber comprado un auto para el sindicato y en haberles pagado horas extras a quienes efectivamente trabajaron.
Ninguna de estas conductas constituye delito, salvo para los policías y el juez, quienes consideran que la dirigente gremial se hizo pagar el teléfono, se “compró” un auto y delinquió para pagar horas de más. “Es una aberración jurídica”, consideraron los abogados de la sindicalista.
“Si todavía ni se pusieron de acuerdo para caratular el expediente. No saben si hablar de estafa y defraudación, administración fraudulenta o delito de estafa”, agregó Aguirre de Castillo a Página/12.
La dirigente, una licenciada en Ciencias Políticas afiliada a la democracia cristiana, tendió además un manto de sospecha sobre las tres mujeres integrantes de la tercera Cámara Penal, a quienes ligó con la esposa de Juárez, actual diputada y a la vez funcionaria del gobierno en un ministerio de la mujer.
Lunita, como se la conoce popularmente en Santiago del Estero, había sido ilegalmente detenida para aclarar la situación de una ex afiliada que estaba mal incluida en el padrón y cuyos aportes le fueron legalmente restituidos.
Ante esa situación, la Asociación de Trabajadores del Estado interpuso un hábeas corpus ante el juzgado federal de turno. El hecho se produjo en momentos en que el sindicato denunció penalmente a Juárez por defraudaciones reiteradas.
Juárez –según la denuncia– había cobrado a los afiliados la cuota sindical pero no había entregado los fondos al sindicato, como corresponde legalmente.