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EL PLAN PILOTO DIVIDE A LOS FISCALES ENTRE "DEMAGOGOS" Y "CONSERVADORES"
UNA INTERNA POR LOS FISCALES DE BARRIO

El plan piloto del Ministerio Público instaló a un grupo de fiscales en el barrio de Saavedra, a mano de los vecinos. Con dos días hábiles de funcionamiento y tres de existencia, la idea ya generó una polémica muy fuerte. Para algunos fiscales, significa “rebajarlos” a la labor policial y hacer demagogia. Para otros, es una gran idea y los que se oponen “no quieren levantarse de la silla y temen perder poder”. Las posiciones.

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Los vecinos reaccionaron bien a la novedad de tener a alguien que tome denuncias en horario ampliado.
Los que apoyan la iniciativa señalan que nadie se iría hasta Retiro a que lo atienda un fiscal.

Por Adriana Meyer

t.gif (862 bytes) El plan experimental de fiscalías barriales que comenzó esta semana con el objetivo de “acercar la justicia a la gente” generó una intensa polémica entre los miembros del Ministerio Público. “Es una medida demagógica”, bramaron algunos fiscales federales desde Comodoro Py, junto a una mayoría de sus colegas de instrucción. “Los que se oponen son los que no quieren perder la comodidad de sus despachos”, se escuchó en las oficinas de la Procuración General y en boca de los flamantes “fiscales pilotos de circuito”. Mientras que los vecinos adoptaron enseguida este plan de apenas 72 horas de existencia y comenzaron a hacer denuncias ante los fiscales y no en las comisarías, la resistencia no tardó en aparecer. Página/12 pudo establecer que una jueza y un fiscal dieron orden a la policía de no responder a los requerimientos que provengan de la nueva oficina de Saavedra.
Desde la Procuración General de la Nación, una alta fuente explicó a este diario que “se trata de una prueba piloto (de la que están excluidos los fueros federal, penal económico y las fiscalías del interior del país) en la que los fiscales cobran mayor protagonismo porque estamos en un camino irreversible hacia el ‘sistema acusatorio’ en el que el director de la investigación será el fiscal y el juez será un magistrado de garantías. Esto disgusta a algunos porque pierden poder”. Existe un proyecto de ley sobre el sistema acusatorio elaborado por el Ministerio de Justicia, pero un informante que no resiste réplica aseguró a Página/12 que “ciertos sectores de derecha le metieron miedo al presidente Carlos Menem y por ahora está cajoneado”. El único acuerdo entre los protagonistas de esta controversia reside en que el sistema acusatorio es un objetivo a alcanzar para la justicia argentina. Pero difieren en el método elegido para lograrlo. Y la apertura de la oficina del Plan Piloto de Fiscalía de Circuito precipitó un debate que hace tiempo circula por los pasillos de los tribunales sobre cuál es la manera más eficaz de desempeñar sus atribuciones.
“Están dilapidando recursos para montarse sobre la genuina necesidad de seguridad que tienen los porteños”, argumentaron ante este diario dos fiscales federales que se opone al Plan Piloto. Según su punto de vista, habría que optimizar la tarea de la estructura que ya existe y prestarle más atención a los colegas del interior, sobre todo a los que trabajan en las zonas de fronteras y se sienten “solos y sin recursos”. Además, consideraron que “existe el riesgo de que se produzca una suerte de mimetización con la policía que nos haría perder la distancia necesaria para investigar, porque no estamos para correr delincuentes sino para llevarlos a juicio”. Pero lo que más los irritó es precisamente lo que más entusiasmó a los fiscales que ocupan la oficina de la esquina de Arias y Machaín. “Para escuchar los reclamos de los vecinos están los consejos de cada barrio”, dicen los federales, mientras los “pilotos” cuentan que les parece “una nueva e interesante experiencia” atender ese tipo de inquietudes (ver recuadro).
Este diario le preguntó a un estrecho colaborador del jefe de los fiscales, el procurador general Nicolás Becerra, si no era conveniente y más económico promocionar mejor la estructura existente en lugar de montar una nueva cuyas tareas, según sus críticos, se superponen. “¿A usted le parece que la vecina de Saavedra va a ir al centro a meterse en el laberinto de los tribunales para hacer una denuncia? Y en las comisarías les ponen horarios incómodos que terminan desanimándolos, mientras que las Fiscalías de Circuito funcionarían casi todo el día. El lenguaje y la arquitectura de la justicia están lejos de la gente y queremos cambiar eso”, fue la enérgica respuesta. Félix Crous, uno de los fiscales que integran el equipo de “pilotos”, aseguró a Página/12 que “la reacción de algunos jueces ante estos cambios es corporativa” y consideró que “la oficina pretende desmitificar al funcionario inaccesible”. Crous rechazó la posibilidad de una mimetización con la policía y consideró que “esto es una opción a la comisaría que puede mejorar el control y la colaboración mutua”.
En la Procuración aseguran que Becerra “apostó fuerte a este proyecto”, pero también admiten que su éxito depende del apoyo de los vecinos y de los medios porque creen que “la resistencia puede transformarse en sabotaje”. De hecho, en las primeras cuarenta y ocho horas de existencia del Plan Piloto la jueza María Laura Garrigós de Rébori y el fiscal Martín López Perrando les comunicaron a los comisarios de las seccionales 35 y 49 que no tomen en cuenta los requerimientos de la oficina de Saavedra. En el caso de la magistrada, las fuentes consultadas suponen que no lo hizo de mala fe sino por desconocimiento. De todos modos, los “pilotos” están dispuestos a dar pelea y planean hacer la correspondiente denuncia por estas actitudes. Por otra parte, los fiscales de casación encabezados por Raúl Plee y Juan Romero Victorica, además de los fiscales de cámara en lo criminal Joaquín Gaset y Ricardo Sáenz, enviaron una carta al procurador en la que tomaron distancia del tema de la inseguridad y expresaron que no quieren pagar el costo político de un posible resultado negativo de su involucramiento en el asunto.
Quienes alzaron su voz en contra argumentaron que la experiencia podría derivar en la elección “a dedo” del fiscal interviniente y por lo tanto estaría en riesgo el concepto del “fiscal natural” o preexistente al hecho, cuya designación por sorteo sería una garantía de imparcialidad. Es decir que el robo cometido hoy lo investigue el fiscal que esté de turno. Pero desde la Procuración destacaron que “se mantiene el concepto del fiscal designado antes del hecho, si el proyecto prospera se puede incorporar un sistema de sorteo, y además los funcionarios seguirán siendo investigados por los fiscales federales de turno”. El constitucionalista Rafael Bielsa explicó que “el concepto de fiscal natural deriva del de juez natural, que está puesto por la ley antes del hecho que motiva el proceso y está destinado a garantizar al procesado contra los abusos de un juez a la medida de los intereses del poder”. Pero este experto opina que es absurdo exigir que el fiscal sea imparcial ya que representa los intereses de la sociedad.

 


 

Como comenzo la experiencia piloto
Dos días en Saavedra

Por A.M.

t.gif (862 bytes) Una joven empleada recuperó su auto robado (aunque totalmente destruido), otro señor denunció una falsificación de documentos y una testigo fue interrogada en su casa porque estaba enferma. Este es el balance parcial de las primeras horas de vida de la fiscalía piloto de Saavedra. Pero los fiscales también escucharon la descripción de una vecina sobre cómo las raíces de un árbol están rompiendo su vereda, el reclamo por una caja de Edenor de la cual salía humo y tomaron nota de un despido sin indemnización.
Este barrio no fue elegido al azar. Los voces críticas señalaron que hay zonas mucho más desprotegidas frente a la omnipresente “ola de inseguridad”. Pero los impulsores del Plan Piloto reconocieron que allí hay un “terreno fértil” que son los vecinos movilizados y organizados, además de ser el lugar donde los problemas de criminalidad están más estudiados. El proyecto incluirá el desarrollo de un sistema informático para poder cruzar los datos de los delitos irresueltos que se producen. La mayoría de las causas de este tipo terminan archivadas, mientras que de este modo esa información procesada podrían revelar el “modus operandi” de un delincuente para facilitar su captura. Esto permitiría reducir la”cifra negra” de delitos cometidos, es decir, la de los que se perpetran pero no se denuncian. Esta oficina también promocionará acciones penales de oficio e intervendrá en forma subsidiaria en los sumarios que ya están en trámite en los juzgados, además de hacer un seguimiento de las denuncias radicadas en las comisarías.
La fiscal Mirna Goransky y el secretario de cámara Ignacio Rodríguez Varela coincidieron en destacar ante Página/12 que tuvieron una recepción “muy buena de los vecinos y de las agrupaciones comunitarias que se sorprenden al encontrar la puerta abierta casi todo el día”. Y explicaron que los casos no criminales serán tomados igual, anotados en un registro de reclamos e intentarán darles respuesta o encaminarlos. Analizan la posibilidad de establecer un convenio con la Defensoría del Pueblo porteña. “Aprendimos más sobre nuestra tarea en las reuniones que tuvimos con los vecinos que en años de carrera”, sintetizó el fiscal de cámara Norberto Quantín, encargado del proyecto.

OPINION

 

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