| Por Adriana Meyer  El plan experimental de
fiscalías barriales que comenzó esta semana con el objetivo de “acercar la justicia
a la gente” generó una intensa polémica entre los miembros del Ministerio Público.
“Es una medida demagógica”, bramaron algunos fiscales federales desde Comodoro
Py, junto a una mayoría de sus colegas de instrucción. “Los que se oponen son los
que no quieren perder la comodidad de sus despachos”, se escuchó en las oficinas de
la Procuración General y en boca de los flamantes “fiscales pilotos de
circuito”. Mientras que los vecinos adoptaron enseguida este plan de apenas 72 horas
de existencia y comenzaron a hacer denuncias ante los fiscales y no en las comisarías, la
resistencia no tardó en aparecer. Página/12 pudo establecer que una jueza y un fiscal
dieron orden a la policía de no responder a los requerimientos que provengan de la nueva
oficina de Saavedra.
Desde la Procuración General de la Nación, una alta fuente explicó a este diario que
“se trata de una prueba piloto (de la que están excluidos los fueros federal, penal
económico y las fiscalías del interior del país) en la que los fiscales cobran mayor
protagonismo porque estamos en un camino irreversible hacia el ‘sistema
acusatorio’ en el que el director de la investigación será el fiscal y el juez
será un magistrado de garantías. Esto disgusta a algunos porque pierden poder”.
Existe un proyecto de ley sobre el sistema acusatorio elaborado por el Ministerio de
Justicia, pero un informante que no resiste réplica aseguró a Página/12 que
“ciertos sectores de derecha le metieron miedo al presidente Carlos Menem y por ahora
está cajoneado”. El único acuerdo entre los protagonistas de esta controversia
reside en que el sistema acusatorio es un objetivo a alcanzar para la justicia argentina.
Pero difieren en el método elegido para lograrlo. Y la apertura de la oficina del Plan
Piloto de Fiscalía de Circuito precipitó un debate que hace tiempo circula por los
pasillos de los tribunales sobre cuál es la manera más eficaz de desempeñar sus
atribuciones.
“Están dilapidando recursos para montarse sobre la genuina necesidad de seguridad
que tienen los porteños”, argumentaron ante este diario dos fiscales federales que
se opone al Plan Piloto. Según su punto de vista, habría que optimizar la tarea de la
estructura que ya existe y prestarle más atención a los colegas del interior, sobre todo
a los que trabajan en las zonas de fronteras y se sienten “solos y sin
recursos”. Además, consideraron que “existe el riesgo de que se produzca una
suerte de mimetización con la policía que nos haría perder la distancia necesaria para
investigar, porque no estamos para correr delincuentes sino para llevarlos a juicio”.
Pero lo que más los irritó es precisamente lo que más entusiasmó a los fiscales que
ocupan la oficina de la esquina de Arias y Machaín. “Para escuchar los reclamos de
los vecinos están los consejos de cada barrio”, dicen los federales, mientras los
“pilotos” cuentan que les parece “una nueva e interesante experiencia”
atender ese tipo de inquietudes (ver recuadro).
Este diario le preguntó a un estrecho colaborador del jefe de los fiscales, el procurador
general Nicolás Becerra, si no era conveniente y más económico promocionar mejor la
estructura existente en lugar de montar una nueva cuyas tareas, según sus críticos, se
superponen. “¿A usted le parece que la vecina de Saavedra va a ir al centro a
meterse en el laberinto de los tribunales para hacer una denuncia? Y en las comisarías
les ponen horarios incómodos que terminan desanimándolos, mientras que las Fiscalías de
Circuito funcionarían casi todo el día. El lenguaje y la arquitectura de la justicia
están lejos de la gente y queremos cambiar eso”, fue la enérgica respuesta. Félix
Crous, uno de los fiscales que integran el equipo de “pilotos”, aseguró a
Página/12 que “la reacción de algunos jueces ante estos cambios es
corporativa” y consideró que “la oficina pretende desmitificar al funcionario
inaccesible”. Crous rechazó la posibilidad de una mimetización con la policía y
consideró que “esto es una opción a la comisaría que puede mejorar el control y la
colaboración mutua”.
En la Procuración aseguran que Becerra “apostó fuerte a este proyecto”, pero
también admiten que su éxito depende del apoyo de los vecinos y de los medios porque
creen que “la resistencia puede transformarse en sabotaje”. De hecho, en las
primeras cuarenta y ocho horas de existencia del Plan Piloto la jueza María Laura
Garrigós de Rébori y el fiscal Martín López Perrando les comunicaron a los comisarios
de las seccionales 35 y 49 que no tomen en cuenta los requerimientos de la oficina de
Saavedra. En el caso de la magistrada, las fuentes consultadas suponen que no lo hizo de
mala fe sino por desconocimiento. De todos modos, los “pilotos” están
dispuestos a dar pelea y planean hacer la correspondiente denuncia por estas actitudes.
Por otra parte, los fiscales de casación encabezados por Raúl Plee y Juan Romero
Victorica, además de los fiscales de cámara en lo criminal Joaquín Gaset y Ricardo
Sáenz, enviaron una carta al procurador en la que tomaron distancia del tema de la
inseguridad y expresaron que no quieren pagar el costo político de un posible resultado
negativo de su involucramiento en el asunto.
Quienes alzaron su voz en contra argumentaron que la experiencia podría derivar en la
elección “a dedo” del fiscal interviniente y por lo tanto estaría en riesgo el
concepto del “fiscal natural” o preexistente al hecho, cuya designación por
sorteo sería una garantía de imparcialidad. Es decir que el robo cometido hoy lo
investigue el fiscal que esté de turno. Pero desde la Procuración destacaron que
“se mantiene el concepto del fiscal designado antes del hecho, si el proyecto
prospera se puede incorporar un sistema de sorteo, y además los funcionarios seguirán
siendo investigados por los fiscales federales de turno”. El constitucionalista
Rafael Bielsa explicó que “el concepto de fiscal natural deriva del de juez natural,
que está puesto por la ley antes del hecho que motiva el proceso y está destinado a
garantizar al procesado contra los abusos de un juez a la medida de los intereses del
poder”. Pero este experto opina que es absurdo exigir que el fiscal sea imparcial ya
que representa los intereses de la sociedad.
Como comenzo la experiencia piloto
Dos días en Saavedra
Por A.M.
Una joven
empleada recuperó su auto robado (aunque totalmente destruido), otro señor denunció una
falsificación de documentos y una testigo fue interrogada en su casa porque estaba
enferma. Este es el balance parcial de las primeras horas de vida de la fiscalía piloto
de Saavedra. Pero los fiscales también escucharon la descripción de una vecina sobre
cómo las raíces de un árbol están rompiendo su vereda, el reclamo por una caja de
Edenor de la cual salía humo y tomaron nota de un despido sin indemnización.
Este barrio no fue elegido al azar. Los voces críticas señalaron que hay zonas mucho
más desprotegidas frente a la omnipresente “ola de inseguridad”. Pero los
impulsores del Plan Piloto reconocieron que allí hay un “terreno fértil” que
son los vecinos movilizados y organizados, además de ser el lugar donde los problemas de
criminalidad están más estudiados. El proyecto incluirá el desarrollo de un sistema
informático para poder cruzar los datos de los delitos irresueltos que se producen. La
mayoría de las causas de este tipo terminan archivadas, mientras que de este modo esa
información procesada podrían revelar el “modus operandi” de un delincuente
para facilitar su captura. Esto permitiría reducir la”cifra negra” de delitos
cometidos, es decir, la de los que se perpetran pero no se denuncian. Esta oficina
también promocionará acciones penales de oficio e intervendrá en forma subsidiaria en
los sumarios que ya están en trámite en los juzgados, además de hacer un seguimiento de
las denuncias radicadas en las comisarías.
La fiscal Mirna Goransky y el secretario de cámara Ignacio Rodríguez Varela coincidieron
en destacar ante Página/12 que tuvieron una recepción “muy buena de los vecinos y
de las agrupaciones comunitarias que se sorprenden al encontrar la puerta abierta casi
todo el día”. Y explicaron que los casos no criminales serán tomados igual,
anotados en un registro de reclamos e intentarán darles respuesta o encaminarlos.
Analizan la posibilidad de establecer un convenio con la Defensoría del Pueblo porteña.
“Aprendimos más sobre nuestra tarea en las reuniones que tuvimos con los vecinos que
en años de carrera”, sintetizó el fiscal de cámara Norberto Quantín, encargado
del proyecto.
OPINION
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