LOS POLICIAS PROCESADOS POR EL ATENTADO VAN A ACUSAR A LA POLICIA FEDERAL
Los bonaerenses acusan a los federales

La defensa de los policías bonaerenses que serán enjuiciados por el atentado a la AMIA va a acusar a federales de haber recibido la Trafic usada como coche-bomba y haberla estacionado en el Jet Parking antes de la explosión. La Side coincide con esta versión que desata una guerra. Veinte procesados irán a juicio por el caso AMIA. Les pueden corresponder penas entre perpetua y tres años.

La guerra está a punto de empezar y el campo de batalla será el juicio oral por la causa AMIA. Los policías bonaerenses imputados en el atentado acusarán a integrantes de la Federal de haber sido ellos los cómplices del atentado: “Fueron federales los que tuvieron la camioneta tres días antes del atentado”, acusa uno de los referentes bonaerenses desde la cárcel.
“Fueron federales los que la dejaron en la playa de estacionamiento cercana a la AMIA,” dice el acusado. “Eso no lo quisieron investigar, presentaron fichas de identidad falsas en la causa, ya se demostró que el informe sobre las llamadas telefónicas era falso, apretaron a una testigo falsa y monopolizaron la pesquisa para echarnos el fardo a nosotros. El atentado fue perpetrado por una banda en la que estuvieron el armador de autos truchos Telleldín, tal vez el megaempresario Alejandro Monjo, un grupo islámico local y todos ellos con nítidas conexiones con la Federal.”
En esta óptica coincide la SIDE, que también piensa que fueron federales y no bonaerenses los que estuvieron en el atentado.
En el bando de enfrente, la Federal ratifica lo que aparece en la investigación oficial –avalada por el juez Juan José Galeano y los fiscales–, y exhiben las pruebas: “Los bonaerenses tuvieron la camioneta en su poder; hasta el empleado del ex comisario Ribelli dice que andaba en una Trafic; hay escuchas telefónicas en las que hablan del vehículo y, además, está el testimonio de Telleldín que dice que les dio la Trafic. Para defenderse, quieren ir a la guerra contra nosotros”, le dijo a Página/12 un altísimo funcionario de la Federal.
La causa está en camino al juicio oral –tal vez se haga a principios del año próximo– pero los bonaerenses ya tienen definida la estrategia y una investigación para respaldarla. Estos son los aspectos claves:
  Detrás del atentado hubo una mafia de autos truchos protagonizada por el empresario Monjo –un protegido de la Federal– y Telleldín, que trabajaba en combinación con Monjo. “Le pagaban peaje a la Bonaerense, pero el negocio era fundamentalmente de la Federal”, dicen los bonaerenses.
  Un hombre de la conexión local islámica, Alberto Kanoore Edul, que registra llamadas al negocio de Monjo y a la casa de Telleldín en los días previos y el mismo día de la entrega de la Trafic, es el que les habría encargado la camioneta.
  Cuando el vehículo se estaciona el 15 de julio –tres días antes del atentado– en la playa Jet Parking, a tres cuadras de la AMIA, el individuo de la Trafic deja un número de cédula que corresponde a Tomás Lorenz, en cuyo formulario de pedido del documento figura como referencia el policía federal Carlos Martínez. Al ingresar la camioneta a la playa se le para el motor y sorpresivamente sube al vehículo otra persona que sí entra el auto. Ese desconocido fue, según sostiene la SIDE y manifiestan testigos en la investigación, el policía Martínez. Además, un empleado del empresario Monjo, también pone a Lorenz como referencia en su formulario de pedido de documento. La conclusión a la que apuntan los bonaerenses –y también la SIDE– es que Monjo y el policía federal Martínez estuvieron relacionados con el estacionamiento de la Trafic.
  En el informe que el año pasado hizo el FBI, en su página 11, se advierte que ésta es una pista clave.
  La SIDE reconoce que la Policía Federal entregó dos prontuarios distintos del empleado de Monjo –Rodolfo Setau–, justamente el que aparece relacionado con el policía federal que, según parece, estacionó la Trafic. En uno de los prontuarios se hizo desaparecer la relación con el policía federal. Según la SIDE, los dos prontuarios, uno verdadero y uno falso, están en poder de Galeano.
  Cuando se hace una ronda de reconocimiento del policía Martínez, una empleada de la playa de estacionamiento dice que no fue él quien estacionó la camioneta. Los bonaerenses dicen que “hubo un apriete”.
  “¿Cómo es posible que nos quieran condenar a cadena perpetua a nosotros –dicen los bonaerenses– si está claro que hubo gente relacionada con la Federal que tuvo la camioneta tres días antes del atentado? ¿Por qué se nos investigó tanto a nosotros que supuestamente recibimos la Trafic el día 10 y nada a los federales que la estacionaron el 15 y que de allí salió hacia el atentado? ¿Cómo es posible que no encarcelen a Monjo, Kanoore Edul, Martínez y los Lorenz, relacionados con la Federal?”
En la Federal, furiosos, contestan remitiéndose a la causa de Galeano y a las imputaciones que esta semana presentaron los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Todos sostienen que esa vertiente se investigó, aunque no sólo está la recomendación del FBI sino que también la Cámara Federal recientemente le ordenó al magistrado que profundizara esa parte de la causa. “De todas maneras –sostienen los fiscales– las pruebas contra los bonaerenses son sólidas”:
  Telleldín dice que les dio la camioneta como parte de pago de una coima para que lo dejen seguir con sus negocios ilegales. Acusa a gente de la Brigada de Lanús –la de Ribelli– y la de Vicente López.
  Hay dos testigos –el mecánico Claudio Cotoras y la esposa de Telleldín, Ana– que ratifican los dichos de Telleldín e identifican a uno de los policías que se llevó la camioneta como Raúl Ibarra, un segundo del poderoso ex comisario Ribelli.
  Hay un empleado de la agencia de autos de Ribelli, Jorge Luis Alvarez, que declara que en la tarde del 10 de julio el ex comisario andaba con una Trafic en compañía de otras dos personas.
  Hay otro testigo, de identidad reservada, que sostiene que Ribelli tenía tres Trafic en su agencia.
  Hay dos escuchas telefónicas entre allegados a Ribelli. En la primera dicen: “Cuando pusieron, cuando hicieron lo de la AMIA, ellos estuvieron en un auto particular”. Es un diálogo entre empleados de Ribelli. En la segunda escucha se produce la siguiente conversación: “Ahora parece que ya está localizado lo de Tigre, viste”. “Los que se llevaron el vehículo”.
“Exacto”. Este diálogo se produjo entre un compadre de Ribelli y uno de sus oficiales más cercanos.
  Hombres de Ribelli y de Vicente López prepararon un testigo falso para desviar la causa.
  Ribelli blanqueó dos millones y medio de dólares el día después del atentado. Y viajó a la Triple Frontera y a Brasil en los días previos y posteriores a la fecha en que supuestamente recibió la camioneta.
En la Federal dicen que estas pruebas bastan y sobran.
La guerra del juicio oral está en marcha y ambos adversarios son poderosos. La Bonaerense –en este caso su óptica coincide con la de la SIDE– y la Federal siempre tuvieron malas relaciones, pero ahora van a la confrontación. En la cárcel de Caseros, en donde está alojado Ribelli, se celebraba el viernes lo que consideran el derrumbe de una prueba importante: el informe de Movicom sobre llamadas telefónicas desde los 20 celulares de Ribelli. Según un primer estudio, presentado por la empresa hace cuatro años, los teléfonos del ex comisario fueron usados el 10 de julio –el día de la entrega de la camioneta– desde los alrededores de la casa de Telleldín, una zona cubierta por la antena número 13.
Esto demostraba que estaban en el operativo de quitarle la camioneta. Ahora Movicom sostiene que hubo un error y que las llamadas fueron canalizadas por la antena 5 –en Wilde–, que estaba saturada, y por eso las derivó automáticamente a la 13. Según le dijo la empresa a Página/12, un software más moderno –“pasamos del sistema hexadecimal al decimal”– permitió hacer la precisión. En la guerra no hay tregua: por orden del juez Claudio Bonadío, la Federal allanó las oficinas de Movicom e incluso está analizando los legajos del personal de la empresa de celulares para ver si no hay allí un infiltrado de Ribelli. Y esto es sólo el principio. Está en marcha una investigación que demostrará que Ribelli cometió no menos de 42 delitos distintos y que su fortuna llega a 50 millones de dólares. Por el otro lado, los bonaerenses preparan ofensivas –al estilo de la de Movicom– sobre otras pruebas y testigos del expediente. Es el principio de la guerra, pero así, a simple vista, cualquiera diría que se trata de una pelea de mafias, no de humildes servidores públicos.

Este año habrá un acto en común, en Pasteur

A las 9.53, frente al predio donde se produjo el atentado, en Pasteur 633, se realizará hoy el acto central por el quinto aniversario del ataque contra la AMIA. A esa hora se escuchará el sonido del shofar, el legendario instrumento que hace miles de años era usado para alertar y llamar al pueblo. En la concentración de hoy hablarán el flamante presidente de la AMIA, Hugo Ostrower, la integrante de los familiares agrupados en Memoria Activa, Diana Malamud, el titular de la DAIA, Rogelio Cichowolsky y, también en nombre de los Familiares, Marina Degtiar. Con los clubes y las instituciones judías cerradas en homenaje a las víctimas, se espera que concurra una verdadera multitud.
El público podrá ingresar a la zona de la concentración por la calle Pasteur, desde la avenida Corrientes o desde las calles Lavalle o Tucumán, en tanto que el palco se alzará en Pasteur y Viamonte. La conducción del acto va a estar a cargo de la periodista Fany Mandelbaum y, tras el sonido del shofar, se podrá escuchar la grabación de un texto leído por un niño sobre el país que quiere tener. Es un tramo realizado en el programa radial que conduce Nelson Castro. De inmediato los familiares leerán los 86 nombres de las víctimas y se encenderá una vela en homenaje a cada uno de ellos. Entre discurso y discurso, se escucharán frases pronunciadas a lo largo de estos cinco años por reconocidas personalidades argentinas; Estela de Carlotto, Ernesto Sabato, Ignacio Copani, Juan Carlos Baglietto, monseñor Justo Laguna y otros. En el cierre del acto se repetirá el corto publicitario realizado y donado por la empresa Grey, en el que una madre despide a su hijo aquel 18 de julio.
Los organizadores resolvieron no hacer invitaciones a políticos, de manera que todo indica que sólo se harán presentes funcionarios del segundo nivel del gobierno nacional. Sí concurrirán legisladores y otros dirigentes del oficialismo, en tanto que ya anunció su presencia la fórmula presidencial de la Alianza.
También habrá un acto mañana en Nueva York, frente al consulado argentino en esa ciudad. La concentración fue convocada por el Consejo de Relaciones de la Comunidad Judía de Nueva York, cuyo presidente Gedale Horowitz será el principal orador. Se leerá un mensaje del cardenal John O’Connor y hablará también la diputada Nita M. Lowey. El presidente de la poderosa Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Benjamin Gilman, envió una carta para ser leída en la concentración en la que señala que “he viajado a Buenos Aires para hablar con el Presidente y el jefe de Gabinete, reclamándoles mayor movilización en la pesquisa. Sepan que continúo con ese reclamo”.

los participes necesarios.
	Carlos Alberto Telleldín Complicidad con el atentado, armado de autos truchos, falsificación de documento público.Pena máxima: reclusión perpetua.
	Ex comisario Juan José Ribelli Cómplice, privación ilegítima de la libertad, secuestro extorsivo, asociación ilícita. Pena máxima: reclusión perpetua.
	Ex oficial Norberto Bareiro Cómplice, privación ilegítima de la libertad, secuestro extorsivo, asociación ilícita. Pena máxima: reclusión perpetua.
	Ex subcomisario Anastacio Irineo Leal Cómplice, privación ilegítima de la libertad, secuestro extorsivo, asociación ilícita. Pena máxima: reclusión perpetua.
	Ex subcomisario Raúl Edilio Ibarra Cómplice, privación ilegítima de la libertad, secuestro extorsivo, asociación ilícita. Pena máxima: reclusión perpetua.
los complices
	Ex suboficial Víctor Carlos Cruz Privación ilegítima de la libertad, secuestro extorsivo, asociación ilícita, falso testimonio agravado. Pena máxima: 20 años de prisión.
	Ex suboficial Marcelo Albarracín Privación ilegítima de la libertad, secuestro extorsivo, asociación ilícita, falso testimonio agravado. Pena máxima: 20 años de prisión.
	Ex suboficial Claudio Araya Privación ilegítima de la libertad, secuestro extorsivo, asociación ilícita, falso testimonio agravado. Pena máxima: 20 años de prisión.
	Ex oficial Diego Barreda Privación ilegítima de la libertad, secuestro extorsivo, asociación ilícita, falso testimonio agravado. Pena máxima: 20 años de prisión.
	Ex comisario Bautista Huici Privación ilegítima de la libertad, secuestro extorsivo, asociación ilícita, falso testimonio agravado. Pena máxima: 20 años de prisión.
	Ex oficial Alejandro Burguete Falsedad ideológica de documento público, asociación ilícita. Pena máxima: 10 años de prisión.
	Ex suboficial José Arancibia Falsedad ideológica de documento público, asociación ilícita. Pena máxima: 10 años de prisión.
	Ex suboficial Oscar Bacigalupo Falsedad ideológica de documento público,  asociación ilícita. Pena máxima: 10 años de prisión.
	Ex suboficial Daniel Quinteros Falsedad ideológica de documento público,  asociación ilícita. Pena máxima: 10 años de prisión.
	Hugo Antonio Pérez Encubrimiento. Pena máxima: 3 años de prisión.
	Miguel Jaimes Encubrimiento. Pena máxima: 5 años de prisión.
	Ariel Nitzcaner Infracción al decreto ley 6582/58. Pena máxima: 5 años de prisión.
	Argentino Gabriel Lasala Falso testimonio. Pena máxima: 4 años de prisión.

OPINION

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