Por Eduardo Tagliaferro El defensor oficial ante la
Corte de Suprema de Justicia, Luis Cayuela, fue acusado por los diputados de la Alianza,
Horacio Viqueira, Nilda Garré y Diana Conti, de ejercer sus funciones en abierta
violación a la Ley del Ministerio Público, por no tener el acuerdo del Senado Nacional
para estar al frente de dicho cargo. Para los diputados de la oposición, la designación
de Cayuela es “una nueva maniobra para colocar dentro de la Justicia a otro
funcionario ‘adepto’, sin cumplir los requisitos legales de transparencia,
idoneidad e imparcialidad que deben tener los miembros del Poder Judicial”.
Los aliancistas, quienes pidieron explicaciones al Poder Ejecutivo mediante un proyecto
parlamentario, se entrevistarán el próximo martes con el ministro de Justicia, Raúl
Granillo Ocampo, para denunciar las irregularidades que rodean al nombramiento de Cayuela,
al que definieron como “defensor oficial trucho”.
Cayuela, que ocupa interinamente el cargo de defensor ante la Corte Suprema, vacante luego
de la renuncia de Hugo Rodríguez Sañudo, y que aspira a ganar el llamado a concurso de
dicho cargo, tuvo intervención en los casos del atentado terrorista contra la mutual
judía de la AMIA, la causa por la apropiación de bebés nacidos en cautiverio durante la
última dictadura militar y una causa “menor” por el cobro indebido de una
jubilación. En este último caso acusó, por supuesto abuso de autoridad, a Carlos
Stornelli, hecho que se interpretó como una nueva embestida oficial contra el fiscal
federal que investiga la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales involucrados
en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
En la causa de la AMIA, el defensor oficial realizó las defensas del comisario de la
Policía Bonaerense Juan José Ribelli –quien abría entregado la Trafic que se usó
para volar la mutual judía– y de la enigmática y sospechosa ciudadana iraní,
Nahrim Moktari. En la causa de los bebés nacidos en cautiverio, Cayuela defendió al
marino Policarpo Vázquez, acusado de apropiarse de la menor Evelin Karina. En esta causa,
el defensor oficial denunció a la jueza Servini de Cubría, de incumplir la promesa de
alojar al marino en una sede de la Gendarmería Nacional, y enviarlo a una cárcel común.
Fuentes tribunalicias interpretaron que el enfrentamiento entre los dos miembros del Poder
Judicial se debió a que Servini responsabilizó a Cayuela de haber aconsejado a la joven
que no se sometiera a los exámenes genéticos.
Sobre el defensor existe una denuncia penal en el juzgado federal a cargo de Claudio
Bonadío, por su “irregular” nombramiento como defensor oficial. El abogado
Ricardo Monner Sans, autor de la denuncia, reclamó de los jueces intervinientes en la
investigación, “la posible nulidad de todo lo actuado por Cayuela en los expedientes
posteriores a la sanción de la Ley del Ministerio Público –23 de marzo de
1998”–. Cayuela ingresó a la Defensoría General de la Nación meses antes de
la sanción de la Ley deMinisterio Público. El 4 de diciembre del ‘97 asumió como
defensor interino, luego de ser propuesto por el defensor general, el riojano Miguel Angel
Romero, para reemplazar a la defensora Silvia Irene Otero Rella, que se encontraba en uso
de licencia médica. Según la denuncia de Monner Sans, finalizado este interinato y para
seguir contando con los servicios de Cayuela, Romero crea la Defensoría para Asuntos
Previsionales, en la que en junio de este año nombró al cuestionado defensor.
Los diputados aliancistas manifestaron que “la transgresión de las normas para el
nombramiento de funcionarios del Poder Judicial, además de configurar un delito, pone en
riesgo al sistema democrático”.
La Iglesia contra los camioneros
Un espectáculo “penoso”
El
Episcopado salió ayer a fijar posición sobre los dos temas educativos que signaron el
debate en las últimas semanas: el impuesto para financiar el aumento salarial docente y
el Código de Convivencia Escolar porteño. El titular de la Comisión de Educación
Católica del Episcopado, monseñor Mario Maulión, consideró como un espectáculo
“penoso” que “cuando los grupos son poderosos puede suspenderse una
ley”, en alusión a la postura de empresarios del transporte de carga que resistieron
el pago del gravamen.
En cuanto al régimen de convivencia que incluye la participación de docentes,
directivos, estudiantes y padres señaló que las medidas disciplinarias en las escuelas
“no pueden ser restrictivas sino preventivas”, y que “la dirigencia docente
debe aprender a discernir mejor lo bueno de lo malo”.
Maulión dijo que “lo que pasó con la famosa oblea fue muy triste”, porque
“primero hubo unanimidad de criterio en los legisladores que la hicieron y la
transformaron en ley y cuando hay una ley, debe cumplírsela y, en este caso por presión
de grupos o sectores, debió suspendérsela".
"Yo no juzgo --continuó el prelado-- si tenían razón o no, lo grave es que cuando
los grupos son poderosos, puede suspenderse una ley y esto perjudicó a la
enseñanza”.
Al analizar la ley de creación de los Consejos de Convivencia Escolar que la Iglesia
porteña cuestionó --en un famoso discurso que monseñor Bergoglio emitió frente al jefe
de Gobierno, Fernando de la Rúa--y consiguió que no se hicieran obligatorios en los
colegios privados, Maulión consideró que las medidas disciplinarias tienen que servir
para “poner límites”, aunque eso signifique en algunos ámbitos “una mala
palabra”, puntualizó.
Al tiempo que opinó que “no hay que hablar de represión sino de promoción” de
las normas de convivencia escolar.
OPINION
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