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 ”Con el
ropaje de la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos está librando en Colombia una
verdadera lucha contrainsurgente. Si hay `gringos’ participando en los operativos
militares y caen, no será culpa nuestra.” La afirmación de ayer del vocero
político más importante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl
Reyes, fue casi una declaración de guerra. La principal guerrilla colombiana ya había
afirmado que Estados Unidos estaba buscando la forma de intervenir militarmente en
Colombia. Pero en un contexto donde las negociaciones de paz con el gobierno penden de un
hilo, y luego de un cuasi ultimátum del presidente Andrés Pastrana, las palabras de
Reyes quizás anticipen un panorama de guerra total en Colombia.“La paciencia del gobierno y de los 38 millones de colombianos tiene un límite y la dirigencia de las FARC no tiene que equivocarse. Un proceso de paz sin la credibilidad y la garantía de una verificación no es más que un ejercicio estéril”, había dicho Pastrana luego del 189º aniversario de la independencia colombiana. El gobierno había adoptado esta posición amenazante desde hace una semana, cuando el ministro de Defensa Luis Ramírez había viajado a Washington para pedir más ayuda militar a su país. En aquel momento estaba vigente la fecha del lunes 19 de julio para el encuentro entre los negociadores del gobierno y de las FARC, que actuarían sobre la base de la agenda de 12 puntos acordada el año pasado. La guerrilla ya había postergado tres veces el inicio de las conversaciones por diversas razones. Primero fue el apoyo que, dicen, el Estado colombiano presta a los grupos paramilitares. Después fueron divergencias en cuanto a algunos de los puntos a negociar. Finalmente, el sábado pasado, mientras Ramírez seguía en Estados Unidos, el gobierno anunciaba la cuarta postergación en el año de las conversaciones con las FARC. El nuevo motivo era el desacuerdo entre ambas partes sobre la conformación de la Comisión de Verificación para los 42.000 kilómetros cuadrados de zona desmilitarizada que el gobierno aceptó como condición impuesta por las FARC para el inicio de las negociaciones. La dureza de las declaraciones de Pastrana, sumada a las voces cada vez más críticas de su gestión del proceso en el ámbito militar y político, llevó a pensar que, como dijo un vocero castrense, “el gobierno se prepara para la paz pero también para la guerra”. El problema de la verificación ha sido un desacuerdo histórico entre ambas partes pero luego de los combates en las cercanías de Bogotá adquirió una nueva dimensión para el gobierno. Según informes militares, la ofensiva de las FARC a 25 kilómetros al sur de la capital colombiana, que dejaron 300 muertos y que se realizó dos días después de la tercera postergación de los diálogos, fue lanzada desde la zona desmilitarizada. Algunos reportes llegaron a afirmar que las FARC estaban construyendo tanques en esa región del sur colombiano. Antes de esta ofensiva, las FARC, el ejército y los paramilitares se enfrentaron duramente en la región norteña de Urabá, donde la guerrilla conservó posiciones estratégicas ante la ofensiva del ejército. Los combates traspasaron las fronteras con Panamá. El general Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur de ejército norteamericano –encargado del control del Canal de Panamá–, reaccionó diciendo que Panamá no estaba suficientemente protegido en caso de que el conflicto en Colombia pase los límites de su territorio. Las FARC vieron en estas declaraciones el signo inequívoco de que Estados Unidos estaba buscando la excusa para intervenir militarmente. Voceros de la guerrilla afirmaron que fue el ejército el que entró en Panamá y que, en realidad, Washington, ante la inminencia de la entrega del Canal a los panameños en diciembre de este año, buscaba un justificativo para demorarla. “Pastrana tiene todo preparado para recibir ayuda de Washington”, manifestó ayer Raúl Reyes. El presidente norteamericano Bill Clinton había asegurado anteayer que la paz en Colombia “es un problema de seguridad nacional” para su país, luego de impulsar una ayuda extraordinaria de 250millones de dólares anuales para el Estado colombiano, pero aclaró que “la solución por la vía militar no es posible”. Cualquiera sea el papel que Estados Unidos cumple efectivamente en el conflicto, su retorno a la discusión colombiana expone la fragilidad de un proceso que comenzó hace un año con declaraciones bienintencionadas y gestos de respeto mutuo y que ahora se limita a amenazas cruzadas y acuerdos de fechas de negociación con cancelación anticipada.
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