Por Horacio Cecchi Por el momento, la propuesta
de sumar a los vigiladores privados como colaboradores directos de la Bonaerense, lanzada
por el ministro de Seguridad y Justicia León Arslanian, sumó más críticas que
aprobaciones. Penalistas, jueces, legisladores, políticos y los propios representantes de
las agencias de seguridad mostraron muchas dudas respecto a la forma de cooperación que
intenta instalar el ministro. Para el legislador aliancista Eugenio Zaffaroni, “sólo
es una cortina de humo electoralista”. El abogado Ricardo Monner Sans dijo que
“intenta sacar del eje de la polémica a Patti”. Para el diputado bonaerense
frepasista Alejandro Mosquera, “la propuesta es un verdadero desatino”. Desde
CAESI, una de las cámaras que nuclean a las agencias privadas, aseguraron que con
Arslanian sólo se reunieron para “mejorar los sistemas de comunicación”. Lo
curioso fue que CAESBA, la cámara que agrupa a la mayor parte de las agencias
bonaerenses, fue la única en mostrar su acuerdo, pero en ningún momento fue convocada
por el ministro.
“No veo mal lo que propone el ministro, pero hay que tener mucho cuidado porque
podría haber excesos”, dijo a Página/12 el camarista platense Eduardo Hortel.
“No es nada nuevo. En realidad, no es más que otro paliativo que va a servir durante
diez días porque no va al fondo de las causas del delito: la pobreza, la desocupación y
la subocupación, y las cárceles escuelas de delincuentes.”
El martes, Arslanian hizo pública su intención de reglamentar la ley 12.297 de Seguridad
Privada, proponiendo que las agencias de seguridad privada se integren a las tareas de
prevención de la policía. En unos 30 días, habrá un plan piloto en San Isidro, el
distrito con mayor índice de vigilantes privados por habitante. Según dijo el ministro a
Página/12, “la idea es aprovechar los recursos de la seguridad privada” (ver
aparte). Su proyecto surgió una semana después de haber emprendido una polémica con el
intendente de Escobar, Luis Patti, quien había anunciado su intención de formar
“piquetes de civiles armados si el ministerio no soluciona el problema de la
seguridad”.
“Que no quiera inventar la pólvora ni el embudo”, opinó Eugenio Zaffaroni,
titular del Departamento de Derecho Penal de la UBA. “Lo que hizo Arslanian es
fabricar una nube de humo. La facultad de intervenir y evitar un delito existe desde
principios de siglo en el Código Penal. Cualquier ciudadano está habilitado para actuar
en defensa de terceros. Más bien parece una respuesta electoralista a Luis Patti.”
Según el abogado constitucionalista Ricardo Monner Sans, la propuesta de Arslanian
“es un intermezzo entre la tesis de Patti y lo que el ministro decía antes: que la
fuerza estatal es la única legitimada como poder de policía. Es de una improvisación
total y lleva a pensar que sólo es una respuesta electoralista para sacar al intendente
de Escobar del eje de la discusión”.
Algunos respondieron sin recortar adjetivos: “Esto es un verdadero desatino”,
cuestionó Alejandro Mosquera (Frepaso), presidente de la Cámara de Diputados bonaerense.
“Votamos la ley de seguridad privada porque no existía ningún control sobre las
agencias, que en su mayor parte estaban en manos de la Maldita Policía. Es un desatino
tratar de incorporar la seguridad privada cuando todavía ninguna agencia se adecuó a la
ley. Hasta ahora no se hizo ningún control que marca la ley, no existe ningún registro
informatizado, ni siquiera se compraron las computadoras”, dijo.
El sector político de la oposición no se mantuvo al margen. Un Fernando de la Rúa cauto
remitió a las declaraciones de Melchor Posse, quien “como intendente de San
Isidro” consideró la propuesta como “una maniobra electoralista que no traerá
beneficios sino perjuicios”. “En esta incorporación que propone Arslanian hay
policías mezclados con ex policías, militares y civiles que, armados, pueden generar una
guerra de todos contra todos”. Las mismas agencias de seguridad mostraron reparos.
Carlos Oliveira, presidente de CAESI, aseguró que “para nosotros, la seguridad es un
negocio, y la seguridad pública es un poder indelegable del Estado”. En Caesi
sostienen que con el ministro sólo se reunieron para “mejorar el sistema de
comunicación entre vigiladores y policía, pero nunca se habló de cooperar en un
procedimiento”. Reconocieron además que “la mayor parte de los vigiladores no
están capacitados para usar armas” y que buena parte del problema reside en los
seguros: “¿Quién se hace cargo si muere el vigilador en apoyo de la policía? Y si
muere otra persona, ¿quién es el responsable?”.
El proyecto de Arslanian no sólo sumó críticas. “Estamos de acuerdo, desde hace
meses venimos insistiendo ante el ministerio para que se reglamente la norma”,
sostuvo Julio Soto Castello, secretario de la Cámara de Empresas de Seguridad de Buenos
Aires. “No creemos que la provincia se convierta en un far west, como dicen, porque
la ley prohíbe a los custodios portar armas en lugares de acceso libre al público”,
opinó el empresario. Y luego elevó su queja: “Nosotros representamos a 417 de las
715 empresas habilitadas en la provincia. Pero el ministro se olvidó de
convocarnos”.
ARSLANIAN QUIERE APROVECHAR RECURSOS DE LA
SEGURIDAD PRIVADA
“El control sigue en poder del Estado”
Por Eduardo Videla
“La
seguridad pública y la seguridad privada son la misma cosa. Pero la regulación y el
control son facultades indiscutibles del Estado”, dijo a Página/12 el ministro de
Justicia y Seguridad bonaerense, León Arslanian. El funcionario defendió su propuesta
para integrar a los vigiladores privados a la prevención del delito, y confirmó que
“en treinta días” comenzará en el municipio de San Isidro una experiencia
piloto con el personal de las 132 agencias de vigilancia que funcionan en ese distrito.
“La idea es aprovechar los recursos de la seguridad privada. Es mucha plata la que se
gasta allí y muy poco el provecho que se obtiene de ella por la modalidad en que se
presta el servicio”, argumentó.
La propuesta anunciada por Arslanian consiste en que los custodios privados cooperen con
la policía. “Primero, a través de un adecuado sistema de comunicación con la
comisaría, para notificar si detectaron algún ilícito. Segundo, extendiendo su función
a las adyacencias del lugar que custodian”, explicó el ministro. “La idea
–graficó– es que un custodio, en vez de estar parado en una esquina, encerrado
en su garita, camine por las calles, dé vuelta a la manzana, vigile la vereda de
enfrente, y actúe si una persona es asaltada cerca de él”.
–¿El Estado no pierde el monopolio de la fuerza pública?
–No, porque la función de superintendencia sigue en poder del Estado. La seguridad
privada no tiene las mismas facultades que la policía. Puede usar la fuerza sólo cuando
tiene que defender a un tercero o aprehender a quien está cometiendo un delito.
–¿Se obligará a un custodio a actuar si detecta un delito fuera del lugar que
vigila?
–A un particular, la ley le admite detener a alguien si está cometiendo un delito, o
actuar en legítima defensa de terceros, si alguien está dañando a otro. Con más razón
puede hacerlo un agente privado. La propia ley dice que la seguridad privada deberá
prestar colaboración a requerimiento de las fuerzas de seguridad pública.
–Esto genera desconfianza en la gente, que teme posibles excesos de los vigilantes
privados.
–Una manera de tener un control sobre los custodios es ponerlos bajo la órbita de la
policía pública. No pensamos que puedan equipararse a la policía del Estado, pero
creemos que hay una potencia aprovechable en un nivel de complementación.
–Un particular puede defender a un tercero, si quiere. ¿El custodio estará obligado
a hacerlo?
–Vamos a establecer la obligación de que lo haga dentro del marco que acabo de
explicar. No pueden iniciar una persecución. Sólo pueden hacer lo que yo le describí.
–¿Pueden o deben hacerlo?
–Lo deben hacer porque la ley se lo impone. La forma se discutirá en la
reglamentación.
–Los empresarios se oponen porque se supone que a ellos le pagan para custodiar una
propiedad y no para patrullar los alrededores.
–Tenemos que verlo desde el punto de vista de la mejora de la prestación para el que
contrata el servicio. No es lo mismo estar en una garita o dentro de una fábrica que
desplegar una actividad mayor. Esto mejora mucho la prestación del servicio. En cuanto a
las cámaras, se mostraron totalmente de acuerdo en general y lo estamos consensuando en
particular.
–¿Los custodios está preparados para manejar responsablemente un arma?
–El programa tiene un aspecto de capacitación intensivo del personal. –¿Por
qué no se esperó entonces que el personal esté capacitado?
–Es muy razonable. Por eso estamos encarando una experiencia piloto sólo en San
Isidro, con el personal habilitado y sin antecedentes.
–Su idea parece una respuesta a iniciativa de Patti de armar piquetes armados.
–Puedo demostrar que esto no es así remitiéndome a la ley, aprobada en abril, y al
testimonio de las cámaras, que han hablado conmigo de esto durante mucho tiempo. No lo
estamos improvisando ahora.
–Si los piquetes de Patti actuaran en defensa de terceros ¿serían legales?
–Esos piquetes no estarían bajo el control de nadie, no cumplirían ningún
requisito, no tendrían control psicofísico y de aptitud. Estarían fuera de la ley.
OPINION
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