La política
de bala fácil, propuesta por el candidato peronista bonaerense Carlos
Ruckauf, siguió ayer provocando contradicciones dentro del oficialismo. El ministro del
Interior, Carlos Corach, salió a respaldar a su todavía compañero de gabinete y apostó
al retorno del ex comisario Luis Patti al peronismo, para aunar esfuerzos y triunfar
ampliamente en la provincia. Mientras Corach hacia público el supuesto deseo
menemista, el candidato a presidente Eduardo Duhalde ponía en funciones al sucesor de
Carlos Arslanian al frente de la cartera de Justicia y Seguridad, Osvaldo Lorenzo, y
reivindicaba la línea del renunciante. Lorenzo optó por las evasivas. Me manejaré
con la fuerza de los hechos, dijo enigmático.
El vicepresidente Carlos Ruckauf estuvo dos días machacando con la necesidad de
meter bala y matar a los delincuentes ajeno a las consecuencias de
su abierta incitación a la violencia pero ayer intentó bajar el tono al comentar que
jamás voy a proponer hacerle cualquier cosa a un detenido. No le nombro
ni le saco ministros a Duhalde, dijo y agregó que Arslanian, en todo caso,
tomó una decisión autónoma y Duhalde aceptó su renuncia y nombró el ministro que él
quiso. Arslanian, en cambio, consideró que el candidato peronista a suceder a
Duhalde en Buenos Aires se deja llevar por las encuestas. Ha salido al cruce de un
plan (de reforma policial) que lleva dos años, haciendo una propuesta contradictoria, y
que me pone a mí en la situación límite de polemizar públicamente, lo que no es bueno
para él ni para el gobernador (Duhalde) ni para mí. Entonces, lo mejor que pudo pasar
fue haberme ido, cosa que hice, precisó el ex ministro.
¿Va a votar por Ruckauf? le preguntó un cronista a Arslanian.
Voto en Capital se escurrió Arslanian, repitiendo lo dicho ayer en un
reportaje concedido a Página/12.
¿Y si votara en provincia? insistió el periodista.
Tengo muchas dudas. No sé si lo haría. Acá hay muchos juegos de palabras, mucha
ambigüedad. Yo estoy de acuerdo con que haya balas a los delincuentes cuando sea
necesario para detenerlos, pero no con la idea subyacente de todo esto, la del gatillo
fácil.
Duhalde no hizo más que alimentar las dudas que en las últimas semanas signan sus
definiciones. En el acto de asunción de Lorenzo se deshizo en elogios hacia Arslanian.
Sé que pasado el tiempo valorizarán esta primera etapa de la reforma (policial),
una de las más profundas y corajudas que se hicieron en la provincia, dijo y trató
de diferenciarse de Ruckauf. El gobernador salió al cruce de la afirmación que ayer hizo
Ruckauf en un reportaje concedido a Página/12, cuando dijo que Duhalde siempre supo
lo que yo propongo. Como candidato, él tiene derecho a expresar sus ideas sin
tener que anticipármelas a mí, retrucó y comparó: lo mismo que hago yo a
nivel nacional, en alusión a Carlos Menem. Una asociación poco feliz porque daría
pie a suponer que la relación con su candidato es tan mala como la que mantiene con el
Presidente.
El embate de Ruckauf en sintonía con la mano dura propuesta por Patti y su
compañero de fórmula para la vicegobernación, el publicista Gabriel Dreyfus quien
se pronunció a favor de la tortura en algunas casos fue aprovechada por
Corach para destacar que sería beneficioso el retorno del subcomisario al
peronismo. La renuncia de Arslanian no va a tener un costo político, va a ser vista
como un esfuerzo para profundizar la seguridad en la provincia, vaticinó Corach
después de confesar que desearía que Patti desista de su candidatura a
gobernador y pase a integrar las listas del Partido Justicialista.
Ante semejante confusión, el flamante ministro Osvaldo Lorenzo se refugió en el clásico
sin comentarios cuando le preguntaron si continuará con la reforma policial
impulsada por Arslanian. Pasará el fin de semana tratando de encontrar la fórmula para
cumplir con los compromisos impresos en la plataforma electoral y armonizarlos con una
dosis de mano dura. Ampliar las facultades de las fuerzas de seguridadno
es, como algunos pretenden, dotarlas de carta blanca. Muy por el contrario, se trata de
hacer más efectivo su accionar, mejorando la prevención y fortaleciendo la
investigación para la prevención de ilícitos, se lee en el punto 9.3 de los
10 compromisos y las 100 medidas para una Argentina mejor: Duhalde-Ortega. Texto que
Ruckauf no leyó.
LAS CRITICAS QUE LE HIZO LA CAMARA FEDERAL AL
AHORA EX JUEZ
Juró y zafó del juicio político
Por Laura Vales
El informe que la Cámara
Federal de San Martín envió al Consejo de la Magistratura cuestionando la actuación
como juez de Osvaldo Lorenzo es demoledor. Cometió irregularidades para llevarlo a
un juicio político admitió ayer Horacio Pratt, uno de los camaristas que revisaron
su desempeño. De las conclusiones de su informe se desprende que el flamante ministro de
Justicia y Seguridad bonaerense estaba al borde de ser investigado por detener sin pruebas
suficientes a tres empresarios, ordenar otras seis capturas directamente infundadas y
haber dispuesto de medidas que vulneraron derechos constitucionales.
El expediente en cuestión fue abierto por Lorenzo en noviembre del 96, nueve meses
después de desembarcar en Campana como juez federal. La investigación fue resonante
desde el primer momento por el tenor de las personas involucradas: Marcelo Da Corte, ex
director de la DGI y los dueños de la petrolera Rhasa fueron acusados por supuesto
contrabando de combustible y una millonaria maniobra de evasión fiscal. Pero los métodos
empleados por el ahora ministro y los resultados de su pesquisa terminaron cosechando un
durísimo llamado de atención. Estos son los principales puntos denunciados por la
Cámara de San Martín:
u Lorenzo dispuso la captura de tres directivos suplentes de las empresas sospechadas.
Pero a criterio de los camaristas ninguno de ellos tenía vinculación con los ilícitos
investigados. Una fue una abuela de 82 años; la segunda, una joven que había renunciado
a su cargo mucho tiempo atrás; el tercero ni siquiera sabía que figuraba con un alto
cargo. En contraste, la Cámara descubrió que el gerente general de Rhasa, Mario De
Angelis, había sido desvinculado del caso sin ningún motivo razonable.
u También criticaron las órdenes de detención contra Marcelo Da Corte, los dueños de
la petrolera Rhasa Jorge y Horacio Sambucetti y el gerente general de la
empresa. En este caso directamente opinaron que habían sido libradas sin contar con todas
las pruebas necesarias. El Tribunal agregó además que Lorenzo actuó con un confuso
criterio: allanó sus empresas un día después de haberles pedido que entregaran los
documentos que servirían para su descargo. Pero dos meses después de dictar los pedidos
de captura, el juez seguía sin haber considerado esa documentación.
u Lorenzo también fue cuestionado por el perezoso ritmo de su pesquisa. Por ejemplo, que
a pesar del despliegue de medios utilizados para determinar si existió adulteración de
combustibles, pasaron dos años sin que pudiera corroborarlo. También se le achacan
allanamientos indebidos y una suma de omisiones que terminaron perjudicando gravemente el
derecho a defenderse de los imputados.
Por eso dejamos en libertad a los detenidos y revocamos las órdenes de captura de
otras seis personas explicó ayer el camarista Horacio Pratt. El juez aclaró que se
trata de irregularidades administrativas, pero no descartó que puedan surgir otras
cuestiones. Melchor Cruchaga, titular de la comisión de acusación del Consejo,
dijo a Página/12 que el expediente va a tener que ir al archivo porque (Lorenzo) ya
no es juez, renunció para ser ministro.
OPINIONES
Convicción represiva
Por Daniel A. Stragá*
De ladrones y brujas
Por Juan S. Pegoraro*
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