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Por Cledis Candelaresi  El empeño
oficial por construir el Canal Federal puso al Gobierno en un brete del que difícilmente
pueda salir sin costo. Según confesó a Página/12 el secretario de Control Estratégico
de la Jefatura de Gabinete, Miguel Solé, los millonarios avales que el Tesoro se
comprometió a otorgar a los constructores del ducto podrían complicar la negociación
con el Fondo Monetario Internacional. Pero dar marcha atrás en la obra también
resultaría oneroso, ya que algunos tramos fueron adjudicados. El costoso emprendimiento
promovido por Presidencia promete escaso rédito aún en La Rioja, donde se beneficiarían
apenas tres unidades económicas.A través del decreto de necesidad y urgencia 21/99, el Ejecutivo permitió a la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente contratar obras por el sistema llave en mano con aquellos avales, por un monto total de 415 millones. Según el esquema previsto, los constructores del canal que llevaría agua desde Tucumán y Santiago de Estero a la provincia natal de Carlos Menem se encargarían de financiar la obra. Pero el Estado es el que garantiza los préstamos a tomar y, naturalmente, el que debe pagarla apenas realice la recepción provisoria. La norma fue firmada en enero por todos los ministros del gabinete, incluyendo el de Economía, Roque Fernández, quien, de ese modo, apoyó la decisión de avanzar sobre facultades propias del Parlamento: sólo semanas antes, el Congreso se había negado a modificar el proyecto de ley de Presupuesto con el objetivo de otorgar aquellas garantías a la secretaría que comanda María Julia Alsogaray. En esa oportunidad, fueron infructuosos los intentos del jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, y de su fiel colaborador, Solé, para convencer a los diputados (incluidos los propios) de que otorgaran avales por más de 800 millones a la secretaría. Esta exigencia quedó plasmada en dos notas que ambos funcionarios enviaron a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, el secretario de Control Estratégico de Jefatura, tan defensor del emprendimiento como el propio Menem, ahora admite que "otorgar avales aumenta el endeudamiento del Estado", algo que, advierte, no pasará desapercibido para los técnicos del FMI. A los fines contables, la garantía otorgada por el Tesoro equivale a una deuda ya contraída, con el consiguiente impacto en las deterioradas cuentas públicas. Pero, al mismo tiempo, Solé asegura que no hay muchas posibilidades de desandar el camino. Recursos Naturales --que comenzó a licitar el canal antes de tener garantizado un peso-- ya adjudicó algunos tramos. Esto, a juicio del funcionario, generaría derechos a favor de las constructoras adjudicatarias, que podrían accionar contra el Estado en el supuesto de que éste le retirara los avales prometidos por el decreto especial. Estas angustias, sin embargo, no suelen ser admitidas públicamente por los funcionarios del Gobierno. Ayer, el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, sugirió que la supuesta resistencia que plantearía ahora Economía para sostener esas garantías fijadas por decreto estaría inspirada en la incomprensión del beneficio que reportará una obra en el interior. Sin embargo, la última versión del canal no pareciera beneficiar demasiado a ninguna de las provincias involucradas. Por la resistencia de Tucumán y Santiago del Estero a ceder el agua y la de Córdoba a que se afecte el ecosistema de la laguna Mar Chiquita, se tuvo que ir modificando el trazado original, que hubiera demandado un total de 1200 millones. La última versión resultaría mucho menos onerosa para el fisco pero prácticamente inútil para todos. El diputado provincial riojano Rubén Seppi fue el promotor de una ley que habilita la expropiación de los terrenos aledaños al canal, básicamente dedicados a la ganadería. Ayer, explicó a Página/12 los límites de la obra remozada. "Ahora es sólo un caño que serviría para regar 1200 hectáreas, cuando una unidad económica en La Rioja tiene no tiene menos de 300." Es decir, sólo para cuatro beneficiarios. OPINION
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