Por Cledis Candelaresi Un flamante documento firmado
por Juan Antonio Romero, ministro de Obras Públicas de Eduardo Duhalde, sintetiza la
férrea oposición del gobernador bonaerense a renegociar las privatizaciones, criterio
que hasta ahora el candidato del PJ se cuidó de dar a conocer. El trabajo advierte sobre
el peligro de cambiar los contratos sin llamar a una nueva licitación y acusa a la
Nación de violar el principio constitucional que reconoce a las provincias como
responsables de los servicios públicos. Estas polémicas ideas serán expuestas hoy por
Romero, durante la audiencia pública en la que se discute la renegociación del contrato
de Trenes Metropolitanos.
Esta empresa opera las líneas urbanas del Roca, San Martín y Belgrano Sur, cuyo tendido
llega a zonas aledañas a La Plata. Para convalidar su decisión de prorrogarle el plazo
de concesión y autorizar un aumento tarifario superior al 70 por ciento, Economía
convocó a una audiencia pública on line, que permite a todos los que tengan dirección
electrónica propia participar del debate sobre este nuevo acuerdo.
Hace un mes, la provincia de Buenos Aires consiguió que se suspendiera por treinta días
el debate, argumentando que era necesario más tiempo para analizar los datos del contrato
que se pretendía firmar. En este ínterin, Romero presentó un documento de once carillas
y cuatro anexos, en los que no sólo precisa que “la provincia rechaza la
renegociación de ese contrato”, sino que realiza una argumentación jurídica
adversa a la decisión misma de renegociar.
Romero sostiene que la revisión contractual “rompe el pie de igualdad entre los
proponentes”..., “vulnera el principio de igualdad si después de adjudicado el
contrato se alteran las bases de la licitación pública con
modificaciones”...”De admitirse las renegociaciones... se ingresaría en el
peligroso terreno de acciones superficiales y discriminatorias, que atentarían contra la
transparencia”. Duhalde quedó, así, en sintonía con Roberto Dromi, quien también
alerta sobre el riesgo de que el Estado afronte juicios millonarios de oferentes
desplazados en las licitaciones.
El ministro duhaldista –expresamente designado por el gobernador como su vocero en
ese debate– también cuestiona las audiencias públicas que, a su juicio, son
“una mera formalidad”.
El funcionario tiene previsto exponer estas ideas hoy, durante la reunión que congregará
en el Círculo de la Fuerza Aérea a representantes del gobierno, del grupo concesionario,
entidades de usuarios y políticos interesados, para la segunda etapa de la discusión
cara a cara. Tal vez su mayor desafío sea poner en duda la legitimidad de las audiencias,
mientras está participando de una.
A través de su delegado, Duhalde reprocha a la Secretaría de Transporte no dar
participación a las provincias ni a los municipios en la evaluación de si era necesario
reformular el contrato del grupo que lideran los colectiveros agrupados en el consorcio
Trainmet. Según recuerda aquel documento, la Constitución dispone que es competencia de
esas jurisdicciones “la organización de servicios públicos”.
También identifica varios “puntos vulnerables” en la addenda (contrato
renegociado), que Economía pretende firmar cuanto antes. Uno es que no prevé la
electrificación del ramal La Plata vía Quilmes, “con todo lo que significa la
capital de la provincia y su comunicación con la Capital Federal”. Otro, que
“La Matanza continuará sin conexiones territoriales de importancia y tampoco tendrá
electrificación”. Además que el Plan de Modernización “carece de claridad
conceptual” y es sólo “un estudio preliminar”, cuyos “verdaderos
alcances pueden ser modificados”.
Las lapidarias objeciones duhaldistas se extienden a la mala calidad del servicio, otro
tiro por elevación al gobierno nacional, encargado de controlar estas privatizaciones.
Pero estas críticas bien podrían caer en saco roto. El Gobierno tercerizó la
organización de esta audiencia, cuya administración está en manos del estudio jurídico
de Agustín Gordillo. En una evaluación preliminar de las posiciones recibidas en su
direcciónelectrónica, el abogado contabilizó más opiniones a favor que en contra del
nuevo contrato. El camino para firmarlo antes de que expire el mandato menemista estaría
allanado.
| La Alianza no se juega En contraposición a la indudable resistencia duhaldista, la Alianza no
mostró hasta el momento una posición muy firme respecto a las renegociaciones. Tal como
ocurrió en enero durante la audiencia pública para debatir la renegociación de
contratos con Trenes de Buenos Aires (operadora de las líneas urbanas del Mitre y el
Sarmiento), sólo el Frepaso parece resistir con firmeza.
Los diputados nacionales Ricardo Vago, Marcelo Vensentini y Héctor Polino suelen llevar
la voz cantante para cuestionar los términos de estas renegociaciones. Sin embargo, lo
hacen en su condición de usuarios, y no en representación de sus agrupaciones
partidarias. El radicalismo, por el contrario, no tiene vocero en la audiencia pública.
Esta aparente fisura en la Alianza bien podría llevar agua al molino de Trenes
Metropolitanos, que pone todo su empeño en sacar los contratos de sus tres líneas. Con
este propósito, el consorcio se avino a que la prórroga del servicio sea a veinte años
en lugar de a treinta. Del mismo modo, redujo el plan de inversiones de 1500 a 1200
millones de pesos, excluyendo así algunas de las obras que ahora Duhalde reclama como
necesarias para mantener un buen vínculo ferroviario en la provincia.
Como en el resto de las líneas, la nueva versión contractual prevé un importante
aumento de tarifas que debería aplicarse durante la próxima administración de gobierno. |
OPINION
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