Por Mónica Guitérrez Luciano Benjamín Menéndez y
Jorge Rafael Videla podrían ser citados a declarar por la justicia federal de Córdoba en
la causa en la que se investiga la apropiación ilegal de la empresa Mackentor a manos de
los militares en 1977. La jueza Cristina Garzón de Lascano estudia la medida después de
que el fiscal Carlos Torres imputara a los militares los delitos de robo calificado y
allanamiento ilegal, entre otros, y de que los abogados de la firma pidieran
participación como querellantes particulares en el proceso.
El abogado de la empresa, Claudio Orosz, intenta demostrar que los delitos cometidos no
están prescriptos por cuanto existen otros posteriores y permanentes, como la
desaparición de personas denunciada después del indulto y por lo tanto no incluidas en
él.
En lo que fue un caso distintivo en el accionar de la dictadura, la empresa Mackentor
quedó virtualmente “saqueada” por los militares desde que el entonces
comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano BenjamínMenéndez, ordenara la
ocupación de la empresa el 25 de abril de 1977, con el argumento de que sus dueños
colaboraban con el grupo Montoneros.
Veinte empleados y todos los accionistas y jerárquicos de la firma fueron secuestrados y
depositados en el centro de detención Campo de la Ribera, donde permanecieron más de
cuatro años.
Sólo el presidente de Mackentor, Natalio Kejner y el síndico, Gustavo Roca, lograron
huir del país para sufrir un largo exilio hasta que en 1982 los militares devolvieron la
empresa, o lo que quedaba de ella, después de que el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas y la Corte Suprema anularan la condena a que fueron sometidos los directores de la
empresa que habían sido ilegalmente detenidos. En esta situación estuvieron Marta Kejner
–a cargo de la compañía– Angel Sargiotto, Ramón Ramis, Enzo Manassero, Carlos
Zambón y Hermenegildo y Luis Paván.
Estos hechos, junto a la apropiación de los bienes muebles e inmuebles de la firma,
fueron ventilados en 1985, cuando los Kejner entablaron un juicio civil contra el Estado
nacional, demanda que fue rechazada en su momento por la misma jueza Garzón de Lascano y
luego por la Cámara Federal de Córdoba, argumentando la prescripción de los hechos. En
esa oportunidad, Graciela López de Filoñuk actuó como fiscal de Cámara, por lo que en
esta nueva etapa debió apartarse y la causa fue analizada por Carlos Torres.
Para la solicitud de reapertura de la causa, los abogados de Mackentor se basaron en la
ley de obediencia debida, que exceptúa a los delitos de “robo y ocultamiento de
menores o sustitución de su estado civil y apropiación extorsiva de inmuebles”. El
pedido lleva ya varios meses y ahora Claudio Orosz, abogado de la empresa, solicitó a la
jueza la participación de su defendido como querellante.
Robo calificado, abuso de autoridad, allanamiento ilegal y usurpación son los delitos que
imputó el fiscal Torres al ex dictador Videla, a Menéndez y a todos los que participaron
de la apropiación.
Si bien Menéndez no podría ser juzgado por hechos anteriores a la ley de punto final que
lo beneficiara en 1989, denuncias por desaparición de personas realizadas posteriormente
podrían interrumpir la prescripción de estos delitos. Este es el caso de Rubén
Crespín, el joven secuestrado en noviembre de 1977 y cuya desaparición fue denunciada
por los familiares recién en 1995. El martes pasado prestaron declaración ante Torres la
madre y la hermana de Crespín, y en los tribunales se especula con que aumentará el
número de casos como éste, que no están incluidos en la ley de punto final ni en el
indulto, dictados con anterioridad a la fecha de las denuncias.
Este es el primer caso en el país donde se pide la reapertura de una causa por
apropiación extorsiva de bienes, la segunda excepción contemplada en la ley de
obediencia debida después del robo de bebés. El planteamiento de los abogados, que
apoyan su pedido en la denuncia más reciente de los familiares de un desaparecido,
persigue el propósito de demostrar que no hay tal prescripción, porque el delito de
desaparición permanente no fue incluido en el punto final que benefició a Menéndez. En
el caso de Videla ya no caben tantos planteamientos, puesto que su situación de
imputación por el robo de bebés habilitaría a la Justicia a actuar en relación al caso
Mackentor.
Hoy la empresa prácticamente no existe y sus dueños comprobaron el vaciamiento del que
fue objeto. Ahora es la jueza la que debe decidir.
LA CAMARA FEDERAL DE LA PLATA DENUNCIO A UN
MEDICO POLICIAL
Por esconder información o mentir
Por Victoria Ginzberg
Incumplimiento de los deberes de funcionario público, sustracción de objetos destinados
a servir de prueba y encubrimiento. La Cámara Federal de La Plata denunció por estos
delitos al ex director del Departamento de Medicina Legal de la policía de la provincia
de Buenos Aires, Néstor De Tomas. La acusación se debe a que el tribunal sospecha que De
Tomas esconde información o miente acerca del destino de 23 libros de reconocimiento
médico-legal que son de suma importancia para esclarecer la identidad de cientos de
desaparecidos que fueron sepultados como NN en el cementerio de La Plata.
La madre de Plaza de Mayo de La Plata Adelina Dematti de Alaye presentó el año pasado,
en el juicio en que se investiga lo sucedido con más de dos mil desaparecidos, más de
300 actas de defunción de NN. Todas correspondían a personas jóvenes asesinadas durante
la última dictadura militar. La causa de la muerte se repetía: destrucción de masa
encefálica por disparo de arma de fuego. Alaye expresó, además, que en el cementerio
municipal existió la misma cantidad de sepulturas NN entre 1976 y 79 y que muchas habían
sido trasladadas al osario.
La Cámara platense realizó luego una inspección ocular al cementerio y decretó la
prohibición de modificar 58 tumbas. Al cotejar las actas y el libro de inhumaciones, el
tribunal concluyó que las muertes de los NN enterrados en el cementerio habían sido
certificadas en la morgue policial de La Plata, en dependencias de la Dirección de
Medicina Legal. Varios profesionales que habían firmado las actas narraron que los
reconocimientos de los cadáveres se asentaban en los llamados “libros de
guardia” o “libros de reconocimiento médico-legales”. Estos documentos son
de suma importancia porque allí constan detalles de las características físicas de los
cuerpos. La Cámara sólo recuperó uno de los 24 tomos, ya que estaba incorporado en una
causa iniciada por la ex presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Isabel “Chicha”
Mariani.
El tribunal pudo reconstruir que los libros fueron entregados a un juzgado de primera
instancia, pero el 22 de agosto de 1986 fueron devueltos a la Dirección de Medicina
Legal. El recibo está firmado por Néstor De Tomas, en ese momento médico de guardia. De
Tomas fue convocado tres veces por la Cámara Federal de La Plata, pero nunca pudo
explicar quépasó con los libros. Admitió haber tenido en su poder la documentación,
pero dijo haberla entregada a su superior, Augusto Albisu. Este último lo negó y, al ser
careados, ambos se mantuvieron en sus dichos. Según el tribunal, las respuestas de De
Tomas resultaron “imprecisas y elusivas”.
Los jueces presentes ayer en la audiencia –Carlos Alberto Nogueira, Antonio Pacilio y
Leopoldo Schiffrin– tuvieron en cuenta otro hecho para denunciar al médico: el
Equipo de Antropología Forense solicitó a De Tomas –cuando era director de Medicina
Legal– el acceso a libros de diferentes morgues judiciales y el médico contestó con
una cita “poco clara y ambigua” de un reglamento que obliga a conservar los
documentos sólo por diez años, sin aclarar si el material pedido había sido incinerado
o conservado. Varios empleados declararon que no se habían buscado los libros. Los jueces
consideraron a De Tomas responsable de la pérdida de esta valiosa documentación y lo
denunciaron ante el fiscal, que deberá presentar la querella en un juzgado de primera
instancia. Los delitos por los que fue acusado tienen penas máximas de dos, tres y cuatro
años.
El hermano desaparecido
Por V.G.Daniel Molina
tiene 50 años y desde hace 22 busca a su hermano Rubén, que desapareció en La Plata
mientras hacía el servicio militar en Hidrografía Naval. Como muchos familiares de
desaparecidos, Molina presentó varios pedidos de hábeas corpus que fueron rechazados.
Ayer, ante la Cámara Federal de La Plata narró detalles del supuesto enfrentamiento que
se produjo en la casa de Rubén el 27 de enero de 1977. Según versiones que no pudo
confirmar, el operativo fue comandado por el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz. Al
terminar la declaración, Daniel Molina, médico pediatra que preside una organización
por la memoria en Necochea, tuvo un impacto al escuchar una versión acerca del destino de
su hermano. Los jueces le anunciaron sin anestesia que tenían en su poder un certificado
de defunción con el nombre de Rubén Molina. La fecha y el lugar del fallecimiento
coincidían. En ese documento no consta el lugar en el que fue enterrado el joven, en ese
momento de 25 años. Pero los camaristas prometieron revisar los libros del cementerio
para ubicar el sitio de la inhumación. Aunque cabe la posibilidad de que los restos hayan
sido removidos. El papel demuestra que la Justicia rechazó los hábeas corpus presentados
por la familia aún existiendo constancia de dónde estaban los restos de Molina. El joven
no fue enterrado como NN, pero aún continúa desaparecido. |
|
