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Por I.H y V.G La madrugada del 15 de julio de 1976 estalló la puerta de la casa de la familia Tarnopolsky. Un grupo de tareas de la Marina secuestró e hizo desaparecer a todos. El único sobreviviente fue Daniel, el hermano del medio. La Corte Suprema acaba de resolver por unanimidad que el ex almirante Emilio Massera y el Estado nacional deberán pagarle una millonaria indmenización por los daños materiales y morales sufridos. Es la primera vez que se condena directamente a un represor a pagar de su bolsillo. La acordada de la Corte confirma un fallo anterior de la Cámara de Apelaciones que condenó al Estado nacional a pagar 1.000.000 de pesos y a Massera 150.000 a Daniel Tarnopolsky, quien inició su demanda judicial hace 12 años. Esta resolución sentaría un precedente capaz de afectar a otros genocidas indultados como Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone y Leopoldo Fortunato Galtieri. El alto tribunal consideró probada la privación ilegal de la libertad de la familia Tarnopolsky de acuerdo con la sentencia del juicio a los ex comandantes. Además, rechazó el planteo de prescripción de Massera y del Estado, que sostenían que el plazo debía contarse desde 1976. En cambio, indicaron los ministros, el término debía contabilizarse desde "el día en que se dictó la sentencia en la causa 13", porque desde ese entonces se pudo individualizar a los responsables de los delitos cometidos contra la familia del demandante. Otro argumento que utilizaron en el mismo sentido es que el delito "se perpetró a partir de julio de 1976 y tuvo ejecución continuada en el tiempo". Esto implica que se tuvo en cuenta la noción de que el delito de la desaparición es permanente mientras no se establezca el destino de la víctima. Daniel Tarnopolsky, que ahora tiene 41 años, nunca se enteró por qué la Armada hizo desaparecer a toda su familia. A su hermano Sergio, el mayor, que estaba haciendo el servicio militar en la Escuela de Mecánica de la Armanda (ESMA), a su cuñada, a sus padres Hugo y Blanca y a su hermana Bettina. En aquel entonces Daniel no sabía ni imaginaba quién era el jefe de su hermano. Después se enteró de que era Jorge "El Tigre" Acosta, uno de los torturadores más feroces que tuvo la dictadura militar. El 13 de julio Sergio transmitió a su familia que había sido obligado a limpiar sangre en un sótano de la unidad y que había encontrado documentos tirados en el piso. En la noche del 14 llamó a su esposa Laura De Luca para avisarle que no iría a dormir porque lo habían acuartelado. Al día siguiente secuestraron a Laura. Esa misma noche, otro Falcon verde estacionó en la puerta de la casa de sus padres. Daniel sospecha que a su madre la torturaron para saber dónde estaba su hermana, de 15 años, puesto que no demoraron en ir a buscarla a la casa de sus abuelos, donde había ido a dormir. El, al parecer, se salvó por estar durmiendo en la casa de unos amigos cuya dirección los padres desconocían. Para Daniel la ESMA era hasta aquel entonces tan sólo el lugar donde su hermano hacía la colimba. Después, a través del testimomio de una ex detenida, supo que fue el centro de detención por el que pasó su familia entera. Con sólo 18 años, un mes después de los secuestros que sellaron su vida, se fue a vivir a Chile. Más adelante vivió en Israel, en Francia y finalmente en Estados Unidos. En París, el represor Alfredo Astiz, quien había viajado para infiltrarse en los grupos de exiliados, trató de acercarse a Daniel y llegaron a compartir un café. Pronto le llegaron las advertencias de sus compañeros. En su demanda original por daños y perjuicios, Daniel también había acusado no sólo a Massera y al Estado sino también al ex comandante Armando Lambruschini. Un fallo en primera instancia dictado por el entonces juez Oscar Garzón Funes los condenó por igual a pagar cada uno un millón de pesos. El magistrado manifestó entonces abiertamente que su fundamento era "la defensa del derecho a la vida". La Sala III de la Cámara de Apelaciones perdonó a Lambruschini y redujo la indemnización. La Corte rechazó las apelaciones de Massera y el Estado y sostuvo la decisión de los camaristas.
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