El juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro realizó ayer su descargo ante el Consejo de la Magistratura, que lo investiga por haber abierto la puerta a la re-reelección de Carlos Menem cuando el Presidente todavía alentaba ese sueño. El magistrado no dio la cara ante los consejeros, pero les remitió un escrito en el que intenta rebatir cada una de las imputaciones se le formulan –prevaricato y mal desempeño en sus funciones– y atribuyó las denuncias en su contra a cuestiones “políticas”.
“No me cabe un ápice de duda de que hoy debo comparecer porque la materia sometida a decisión (en la causa que habilitó a Menem a competir en la interna presidencial del PJ) es de innegable contenido político institucional”, sostuvo Bustos Fierro en el escrito de descargo de casi 60 carillas que envió a los miembros de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Esa comisión es la que debe analizar las nueve denuncias presentadas contra el juez y, en caso de considerarlas procedentes, recomendar su enjuiciamiento al plenario del Consejo, que a su vez debe aprobar la apertura de esa etapa del proceso con el voto de los dos tercios de sus miembros.
Mucha agua, sin embargo, ha de correr bajo el puente para llegar a esa instancia. Un consejero que la semana pasada participó de la sesión del plenario que dispuso en forma unánime la suspensión y el enjuiciamiento de la jueza Raquel Morris Dloogatz admitió a Página/12 que “el caso de Bustos Fierro está mucho más politizado y no resultará tan sencillo enjuiciarlo”. Es que varios de los legisladores peronistas que integran el Consejo de la Magistratura apostaban hasta hace no tanto a la re-reelección de Menem y no soltarán así porque sí la mano del magistrado cordobés que les permitió alentar ese sueño.
Bustos Fierro lo sabe y en su descargo explotó el papel de “víctima” de una conjura política. “Muchos de los que lucen como denunciantes, desgarrando sus vestiduras so pretexto de defender la Constitución nacional, son políticos y militantes de partidos que perseguían un único y común objetivo: impedir, de cualquier forma, que el actual Presidente tuviera la posibilidad de la reelección”, señaló.
La mayoría de los pedidos de remoción de Bustos Fierro fueron promovidos por legisladores y dirigentes de la Alianza, a quienes el magistrado reprochó no poner el mismo empeño en defender la Constitución cuando la Corte Suprema declaró la nulidad de la cláusula que dispuso la remoción automática de los jueces a los 75 años y favoreció así al ministro de ese Tribunal Carlos Fayt. El magistrado aseguró que, “en verdad, a ninguno de los legisladores y políticos denunciantes los inquietaba la posibilidad de que se declarara nula una norma constitucional”, mientras no fuera la que prohibía la re-reelección de Menem.
En cuanto a su proceder en el expediente en el cual habilitó al Presidente a competir en la interna del PJ, Bustos Fierro destacó que “jamás” se pronunció sobre la cuestión de fondo –es decir si era constitucional o no impedir la re-reelección de Menem– y que sólo dictó “un pronunciamiento cautelar esencialmente provisorio, susceptible de ser modificado en cualquier momento del proceso”. También reivindicó su competencia para actuar en esa causa y enfatizó que ni la Corte Suprema, ni la Cámara Federal o la fiscalía de Córdoba promovieron apelación o impugnación alguna contra su resolución.

DENUNCIAS DEL MAGISTRADO BRUNO
Unos aprietes al juez

El juez de instrucción porteño Pablo Bruno recibió una serie de amenazas durante los últimos días, lo que a su juicio sugiere, junto con otros hechos intimidatorios que se han estado sucediendo, que habría “gente molesta” por actuaciones vinculadas con causas en trámite en su juzgado, entre las que se encuentra la investigación de una amplia red de prostitución organizada desde la Argentina con mujeres de nacionalidad dominicana, algunas ingresadas en forma ilegal.
Ayer, el juez Bruno recordó que la primera de las amenazas se registró “hace unos días” cuando ingresaba a su casa en la localidad bonaerense de Los Cardales y un vehículo interceptó a su automóvil. Desde el interior del otro auto varios personas desconocidas para el magistrado le dijeron una serie de insultos, pero con una maniobra el juez logró mezclar su propio coche con el tránsito y perder a los que lo insultaban.
Pocos días después, en el contestador telefónico de su aparato celular se grabó un mensaje en el que se le pedía a una persona que se comunicara con otra para avisarle que “ya llegué de Santa Cruz de la Sierra” (localidad boliviana). El juez no conoce al autor del llamado ni al eventual interlocutor, ni parecería tener relación con el llamado, pero consideró “altamente sugestivo” que en esa comunicación se lo mencionara por su nombre de pila.
El último de los hechos ocurrió ayer por la mañana cuando el magistrado llegó al Palacio de Tribunales y, al ingresar por la calle Tucumán, como lo hace habitualmente, fue fotografiado por personas que tampoco pudo identificar y que luego subieron a un auto y partieron a toda velocidad. Las anomalías fueron denunciadas ante el destacamento de Los Cardales de la policía bonaerense y puestas en conocimiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

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