Eduardo Tagliaferro Al general Martín Balza le
llegó la hora más temida. No se trata de su próximo pase a retiro sino del llamado a
prestar declaración indagatoria en la causa que el juez federal Jorge Urso instruye por
la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Hoy el magistrado le pondrá fecha a una
citación que había sido reclamada por el fiscal Carlos Stornelli desde octubre del año
pasado, cuando acusó a Balza de ser miembro de la asociación ilícita que realizó la
maniobra ilegal. El fiscal federal le imputó al Jefe del Ejército los delitos de
asociación ilícita, malversación de bienes del Estado, falsificación de documento
público y falsedad ideológica.
La citación de Balza viene a dar un fuerte impulso a una causa que durante el último
año avanzó tan sólo a medida que los funcionarios inculpados iban perdiendo sus fueros
de inmunidad o que los pedidos de juicio político realizados por el magistrado eran
rechazados por la mayoría menemista de la comisión parlamentaria. Como sucedió con los
casos del ex ministro polifuncional Antonio Erman González, o del canciller Guido Di
Tella.
Si bien recién hoy, o a más tardar a principios de la semana que viene, Urso dará a
conocer cuales son los cargos por los que citará a Balza, no es ilógico pensar que lo
haga en virtud de las figuras por las que Stornelli reclamó la presencia como imputado
del titular del Ejército. Cada vez que el juez decidió realizar una citación de algún
acusado de la causa respetó los cargos realizados por el fiscal.
La acusación responsabilizó a varios militares de participación en la asociación
ilícita que realizó la venta ilegal del armamento enviado a Croacia y a Ecuador. Entre
ellos los miembros del directorio de Fabricaciones Militares, mayor Diego Gatto, general
Antolín Mosquera, teniente coronel Jorge Cornejo Torino y el coronel Edberto González De
la Vega. También habían sido acusados de integrar la asociación ilicíta el secretario
general del Ejército, general Ernesto Bossi y el ex subjefe de la fuerza, general Raúl
Gómez Sabbaini. Por este motivo, fuentes tribunalicias no descartaban ayer que la
resolución de Urso no sólo incluya la citación indagatoria de Balza sino también la de
la mayoría de los acusados por Stornelli el 7 de octubre del año pasado.
Los últimos testimonios judiciales habrían sido determinantes en la decisión del juez
federal. González De la Vega habría inculpado indirectamente a Balza de estar al tanto
de lo que ocurría en Fabricaciones Militares y, contradiciendo las recurrentes
declaraciones del jefe del Ejército, habría manifestado que los nombramientos en la
fábrica militar eran destinos militares, y por lo tanto dependientes del titular de la
fuerza. Los testimonios de los ex ministros Oscar Camilión y Antonio Erman González
también complicaron la situación de Balza.
La citación judicial era una medida a la que sólo le faltaba ponerle el día y la hora.
Tal vez por esto, hombres cercanos a la defensa de Balza habían dejado trascender, meses
atrás, que estaban dispuestos a pedir la falta de mérito para su defendido, medida que
difícilmente podría haberse llevado a cabo si antes el magistrado no hacía lugar a la
citación a prestar declaración indagatoria. Las anteriores concurrencias de Balza a los
tribunales de Comodoro Py tuvieron el carácter de presentaciones espontáneas y por lo
tanto carentes de valor procesal.
La resolución del juez Urso de citar a Balza y a importantes jefes militares en la causa
por la venta ilegal de armas se produce a escasos 43 días de la asunción del gobierno
aliancista. El desfile de los uniformados por los tribunales federales recrea un escenario
parecido al vivido por el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero sólo en el aspecto exterior.
En aquella ocasión las citaciones se debían a las aberrantes violaciones a los derechos
humanos realizadas durante la última dictadura militar. En estecaso los oficiales
deberán responder por uno de los hechos de corrupción más resonantes del gobierno
menemista: la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
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