Por Laura Vales  Los desarmaderos de autos
robados son uno de los clásicos negocios ilegales de la Policía Bonaerense. Pequeñas
empresas de funcionamiento tan ilícito como redituable: se trata de desguazar vehículos
levantados en la calle para vender sus partes a reducidores. Pero, esta vez, el asunto
apunta directo al corazón de Aldo Rico. Oscar Yanquelevich, un chatarrero de San Miguel,
se presentó ante la Justicia Federal para pedir por su seguridad y acusar a una banda
integrada por funcionarios del intendente carapintada y policías bonaerenses. Su denuncia
consiste en lo siguiente: la Municipalidad de Aldo Rico llevó a un lote de su propiedad
más de 500 vehículos. Durante todo un año los autos fueron desarmados y sus partes
comercializables, retiradas por empleados municipales con rumbo desconocido. Las órdenes
eran hacer desaparecer las patentes y los blocks de los motores. Yanquelevich asegura
además que fue amenazado de muerte para que guardara silencio y extorsionado para
colaborar con el trabajo. Y no duda sobre el origen de los automóviles que vio desarmar:
–Son robados –asegura con un gesto en dirección a los vehículos que se oxidan
bajo el sol.
–¿Cómo lo sabe?
–Porque vi lo que hacían. Y porque hay gente que ya ubicó su coche entre los que
están acá. Los había levantado la grúa municipal por infracciones de tránsito y nunca
pudieron recuperarlos.
La denuncia sobre el desarmadero ilegal de la Municipalidad de Aldo Rico tiene una
historia que comenzó en agosto del año pasado, cuando Luis Naya –según
Yanquelevich, un ex policía bonaerense– le ofreció un negocio sin riesgos: alquilar
su terreno a la Municipalidad. Antes de cerrar trato, dos funcionarios de Rico se
internaron por las calles de tierra de ese barrio de Bella Vista y golpearon a la puerta
de Yanquelevich. “Recorrieron el terreno y dijeron que era justo lo que estaban
buscando: un lugar atapialado en el que no se ve nada desde afuera”. El contrato de
alquiler se firmó de inmediato, por 1500 pesos mensuales y a nombre de Naya.
En el año que siguió hubo una actividad intensa. Todo marchaba, valga la expresión,
sobre ruedas: la grúa municipal llegaba puntualmente; tres operarios hacían el trabajo
de desguace munidos de sopletes; los municipales retiraban lo que les interesaba y las
chapas inútiles eran llevadas a una presa de la zona, asegura Yanquelevich. Pero nadie
pagaba el alquiler y, a medida que crecía la deuda, el chatarrero empezó a reclamar y a
tomar fotos de lo que sucedía en su terreno. Entonces su situación empezó a
complicarse.
Uno de sus hijos fue detenido y acusado de robo de autopartes. Tres comisarías de San
Miguel comenzaron a llevarle automóviles y los uniformados le reclamaron algunos trabajos
específicos, “como sacar los equipos de aire acondicionado a los coches”.
Cuando un helicóptero de la policía sobrevoló el lugar, Yanquelevich fue a pedir
explicaciones a los funcionarios con los cuales había acordado el tema del alquiler. Las
mismas personas, dice, que visitaban periódicamente el lugar, “daban las órdenes y
controlaban el trabajo”.
Los funcionarios denunciados son Gustavo Salerno, el jefe de Inspecciones de San Miguel,
Jorge Elhaibe, subdirector de la Policía Municipal y Carlos Dioca, director de Tránsito
de Rico. Salerno es un carapintada que pasó a retiro luego de los levantamientos
militares y acompañó a Rico a lo largo de toda su carrera política: fue secretario de
Interior del Modin y empleado del bloque de diputados riquistas en el Congreso Nacional
hasta que recaló en San Miguel junto a su jefe. Elhaibe es un ex suboficial que también
se embetunó en el levantamiento del ‘87. En aquella reunión, dice Yanquelevich,
recibió una última indicación:
–Haga desaparecer los motores. El problema es suyo. Todo lo que pase en su terreno es
de su responsabilidad.
El hombre presentó entonces la denuncia judicial, con un relato a medio camino entre el
del arrepentido y el estafado.
–Claro que desde el principio vi cosas raras –adujo–, y no los denuncié
por miedo. Después pensé que, si no lo hacía, iba a terminar preso.
Por un tema de competencia, la causa pasó de la Justicia federal a la Unidad Funcional de
Investigaciones Nº 7 de San Martín, donde poco se ha hecho. El fiscal Marcelo Segarra
allanó el desarmadero cuatro meses después de efectuada la denuncia; encontró 18
vehículos y detectó que tres de ellos tenían pedido de secuestro de la Justicia. En el
expediente no hay imputados. La explicación oficial es que sólo está probada la
existencia de “un depósito o tiradero de coches” y que “por ahora todo
apunta a un caso de negligencia” de la Municipalidad. En las fotos que Yanquelevich
mostró a este diario, se ve a los camiones municipales en plena actividad, a más de cien
vehículos con fajas oficiales y a una montaña de motores. Y en el pozo ciego del lugar,
asegura Yanquelevich, están las chapas patentes que los empleados de Rico ordenaron hacer
desaparecer.
OPINION
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