Por Claudio Zlotnik
 José Luis
Machinea asegura que Pedro Pou continuará como presidente del Banco Central después del
10 de diciembre y que le respetará el mandato que tiene hasta septiembre del 2004. Eso lo
dice cuantas veces se lo preguntan en público el futuro ministro de Economía de Fernando
de la Rúa. Pero, en privado, frente a sus colaboradores más íntimos, sostiene que
quiere que Pou se vaya; que no está de acuerdo con su restrictiva política que favorece
la concentración del sistema; y que no es una persona en la que se puede confiar. De
todos modos, Machinea sabe que una despedida traumática del banquero podría traerle
problemas. Como no podía ser de otra manera debido a su estrategia de acelerar la
extranjerización de la banca, Pou se ganó el fuerte respaldo de los financistas del
exterior y también de los organismos internacionales. Sin embargo, Machinea guarda en la
manga una carta que le permitiría ganar esa partida y así sacarse de encima al actual
titular del Central. La Sala Primera de la Cámara Federal confirmaría el procesamiento
de Pou por incumplimiento de los deberes de funcionario público, dictado en mayo último
por el juez federal Gabriel Cavallo. Y ello daría pie para que, con la Carta Orgánica
del Central en la mano, el próximo gobierno ponga en jaque mate a Pou.En su artículo
noveno, la Carta Orgánica del BC establece que “la remoción de los miembros del
directorio será decretada por el Poder Ejecutivo Nacional cuando mediare mala conducta o
incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Justamente, esto último es
lo que en estos momentos están tratando de precisar los camaristas Luisa Riva Aramayo y
Horacio Vigliani tras el procesamiento dictado por el juez Cavallo a raíz de la
responsabilidad de Pou y otros miembros del directorio en la caída de los bancos
Patricios y Mayo. Y el perjuicio económico que esos cierres ocasionaron a los ahorristas
(ver nota aparte).No obstante, esa misma Carta Orgánica establece un mecanismo de control
a la discrecionalidad del Ejecutivo. Este podrá despedir al presidente del Banco Central,
nombrado previamente por acuerdo del Senado, sólo una vez que una comisión especial de
esa cámara lo aconseje. Por tal motivo en la Alianza sostienen que la salida de Pou
requerirá de un acuerdo político con el PJ, aun cuando la Justicia lo señale como
responsable de los cierres del Patricios y del Mayo. Pero ese acuerdo será más fácil de
estructurar con un fallo en contra en segunda instancia.Lo cierto es que Pou genera
resistencias tanto en la Alianza como en el justicialismo. Los cuestionamientos están
dirigidos al modelo bancario que instrumentó el mandamás del Central, propiciando la
extranjerización del sistema financiero, afectando así el desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas. En estos últimos años Pou fue ganando enemigos, quedando aislado
políticamente. Enfrentado con el propio Roque Fernández, con quien fundó hace veinte
años el Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA), y con varios hombres del directorio
que preside, Pou tuvo también cortocircuitos con los senadores justicialistas, con
quienes debe negociar los nombramientos de la entidad rectora. El último de ellos, a
mediados de la semana pasada, terminó con un portazo suyo en la Comisión de Acuerdos de
la Cámara alta, ante la negativa de los legisladores de aprobar los pliegos de dos
técnicos que postulaba para ocupar sendas vacantes en el directorio.Dos meses antes de
las elecciones presidenciales, Pou remitió al Senado los pliegos de Guillermo Lesniewier
(actual subsecretario de Presupuesto) y de Roxana Marta Matías Gago (subgerente general
de la Banca Nazionale del Lavoro). Pero la movida terminó en escándalo, ya que los
legisladores pretendían ocupar uno de los lugares con el especialista José Barone.
“Les salió mal”, se ufanó en diálogo con Página/12 el senador de la Alianza
Pedro del Piero, seguro de que el PJ quería dejar afuera de la negociación a la Alianza.
El equipo que acompaña a Machinea está convencido de que, más allá de la suerte que
termine corriendo Pou en la Justicia, deberían ser sus propios técnicos quienes vayan a
cubrir los dos lugares en el directorio y el de síndico del BC. Este último es un puesto
considerado clave, puesto que tiene poder de veto sobre las resoluciones que toma el
directorio. Para este último cargo, en la Alianza buscan a un jurista de prestigio. Y
para ocupar las vacantes en la cúpula suenan varios nombres: Osvaldo Cortesi, Juan Sommer
y hasta el de Eduardo de la Rúa (primo del presidente electo), todos ellos especialistas
vinculados con la UCR. Ni De la Rúa ni Machinea desconocen que les sería imposible
remover a Pou sin motivos de peso. Por tal motivo, en el bunker aliancista aguardarán la
decisión judicial antes de realizar cualquier movimiento. En sus años como titular del
BC, Pou se ha ganado el reconocimiento por su tarea en el exterior. Los financistas
internacionales le adjudican el mérito de consolidar el sistema financiero, que estuvo a
prueba durante la crisis asiática. Por otro lado, es reconocido el estrecho lazo que Pou
mantiene con el Fondo Monetario, a partir de su amistad con el también mendocino Claudio
Loser, responsable para América latina del organismo. Consciente del delicado equilibrio
político que lo sostiene y de sus problemas en la Justicia, Pou también juega sus cartas
para permanecer en el cargo. “Siento que es mi obligación moral cumplir con el
mandato vigente. Como forma de contribuir a la transición política y de ayudar a cumplir
con el compromiso empeñado por la República de tener un Banco Central
independiente”, señaló en un comunicado después de la pelea que mantuvo con los
senadores del PJ.En todo caso, si fracasa la presión judicial para forzar su renuncia, en
la Alianza quieren nombrar el síndico como a los dos directores vacantes. Esa troika
actuaría en la práctica como una fuerza que controlará y condicionará la labor de Pou,
con una estrategia de cercarlo para que finalmente abandone el Central impulsando medidas
contrarias a su pensamiento. Una de ellas apunta a alentar políticas activas, como
podría ser un ablandamiento en la calificación de las empresas para que éstas puedan
tener un acceso más fluido al mercado crediticio.
| Un fenómeno haciendo méritos Por Alfredo Zaiat
Los Siete Pecados Capitales de un presidente del Banco Central:
1 Su objetivo primario y fundamental es preservar el valor de la
moneda. Recomendó eliminar el peso y reemplazarlo por el dólar.
2 La Carta Orgánica del Banco Central no le confiere a su presidente
ningún privilegio respecto de otros funcionarios públicos. El pidió tener inmunidad
judicial por las medidas monetarias y bancarias que toma.
3 Una de sus tareas es la de brindar información en forma transparente
para que la gente pueda elegir con, al menos, más elementos donde depositar su dinero.
Pero demandó censurar a los medios que difunden información sobre bancos al borde de la
quiebra.
4 Tiene que velar por la idoneidad y honestidad de los banqueros. Fijó
sobresueldos en negro para sus colaboradores, dinero recibido en mano en bolsitas de
plástico.
5 Debe ejercer su cargo sin beneficiar a unos bancos en detrimento de
otros. Por una cuestión ideológica frenó la expansión del Banco Provincia de Buenos
Aires, y se involucró en áreas de política económica que no le corresponden al
preparar un proyecto para la privatización del Banco Nación.
6 Cuidar las reservas que respaldan la convertibilidad es una de sus
principales misiones. No mostró tener esa cualidad en el manejo de la caja chica del
Central, a la que le aplicó una fiesta, con odalisca incluida, para despedir a un
funcionario amigo.
7 Su responsabilidad es presentar al BCRA en la Justicia como parte
perjudicada cuando una banquero quiebra en forma fraudulenta. Defendió a uno prófugo,
Raúl Moneta, diciendo que hizo “bien su trabajo”.
¿Qué más?
Uno más: a un presidente del Banco Central hay que tenerle confianza,
creerle lo que dice, debe brindar seguridad de sus actos, no abusar del poder que tiene en
beneficio propio. En lo más insólito y disparatado que haya hecho un titular de la
entidad monetaria, escribió en hojas membretadas del BCRA un inmenso invento asegurando
que tenía datos sobre supuestos documentos que probarían la existencia real de un
escritor inventado por Jorge Luis Borges en uno de sus cuentos. Esa misiva se la envió a
José Saramago, con el solo objetivo cholulo de tener una entrevista personal con el Nobel
de Literatura.¿Por qué los economistas de la Alianza tienen tanto miedo de una reacción
negativa de los mercados si echan a un funcionario con esa foja de servicios que muestra
Pedro Pou? |
Procesado por incumplimiento delos deberes de
funcionario público
Tumbado por el Patricios y el Mayo
Por Adriana Meyer
La Justicia no le sonríe
a Pedro Pou. La Cámara Federal porteña confirmaría antes del 10 de diciembre su
procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de
autoridad en la causa que investiga la responsabilidad del Banco Central en las caídas de
los bancos Patricios y Mayo. Los camaristas de la Sala I ya empezaron el análisis del
expediente que culminaría en la ratificación de lo actuado por el juez Gabriel Cavallo,
que lo llevaría directo al juicio oral.Hace dos semanas circuló en Tribunales la
versión de que la Alianza quería mantenerlo en su puesto, pero a varios funcionarios
judiciales les pareció poco creíble. “Creemos que el rumor lo hizo rodar la gente
del Central, porque agregaban que la Cámara iba a resolver a su favor y suponemos que va
a ocurrir todo lo contrario”, confió a Página/12 un funcionario cercano al
tribunal. “Nos pareció extraño porque lo daban por seguro, cuando acá aún no se
había empezado a estudiar el caso”, agregó. La otra hipótesis que provenía de la
usina del BC indicaba que los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani pensaban
postergar el tratamiento del tema hasta mediados del año próximo, pero las fuentes
consultadas rechazaron también esa posibilidad. “No es posible demorar una
resolución de ese tipo”, argumentaron. Este diario había adelantado hace dos
semanas que el rechazo de los camaristas a un planteo de Pou –que pretendió que
fuera anulada su declaración indagatoria– podía indicar la inminente ratificación
de su procesamiento. Los funcionarios consultados aclararon que son cuestiones diferentes,
pero admitieron que la Sala I ya tendría opinión formada sobre el caso. En principio, la
resolución por la cual Cavallo procesó a Pou es considerada sólida por sus
superiores.Vigliani y Riva Aramayo entendieron que las decisiones que tomó Pou en su
cargo pueden ser revisadas y no son “actos políticos no judiciables”, como
pretendió el presidente del Banco Central. En abril, Pou se había negado a declarar
aduciendo que “no entendía” la imputación en su contra y que esa situación
afectaba su derecho de defensa. “Si la acusación fuera imprecisa o poco clara, sus
dos vicepresidentes (Martín Lagos y Marcos Saúl) no hubieran declarado durante varias
horas por lo mismo”, fue la respuesta que le dio Cavallo, según recordó ante
Página/12 un funcionario del Juzgado. Riva Aramayo y Vigliani le dieron la razón al
juez.Pou y otros nueve directivos del Central habían sido acusados de haber demorado la
suspensión preventiva del Banco Patricios y de no haber escuchado las objeciones de la
Superintendencia de Entidades Financieras ante la absorción del Patricios por parte del
Mayo. Y fueron procesados porque el juez consideró que “tamaña coincidencia”
(entre los casos Medefín, Mayorista del Plata, Feigin, BID y Mayo) no responde a una mera
negligencia sino a “un aparentemente deliberado y grosero retardo (del Central) en
cumplir con las funciones que le son propias”. El Banco Central autorizó al Banco
Mayo a comprar el Patricios cuando ya enfrentaba problemas de iliquidez que determinaron
su cierre, poco después de la adquisición. La causa se originó en una denuncia de los
diputados Jorge Rivas, Alfredo Bravo y Héctor Polino, quienes en octubre de 1998 pidieron
a la Justicia que investigue si hubo negligencia por parte del Central. En enero de ese
año ampliaron su acusación para determinar la posible existencia de una asociación
ilícita.El presidente del BC propiciaba un proyecto de ley que le hubiera asegurado
inmunidad judicial a él y a todo el directorio del organismo. Pero la iniciativa no
prosperó, por lo cual deberá visitar varias veces los despachos de la jueces federales.
u El ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja –a quien el juez Cavallo le trabó
embargo por 50 millones de pesos–, lo acusó de antisemita ante ese mismo magistrado
por su opinión sobre los “bancos étnicos”. u La Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) lo denunció por la
pérdida de 160 millones de pesos que debía recaudar por multas a los bancos. El destino
de ese dinero era un fondo de ayuda a discapacitados.u El fiscal federal Eduardo Freiler
pidió que se investigue si Pou se enriqueció ilícitamente.u Los fiscales federales
Guillermo Montenegro y Paulo Starc solicitaron en diciembre pasado al juez Gustavo Literas
que lo cite a declaración indagatoria en la causa que investiga los redescuentos
otorgados al desaparecido Banco Medefín-UNB. En ese expediente también está imputado el
ministro de Economía, Roque Fernández.
SUBRAYADO
Paisaje trasel turbión
Por Julio Nudler
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