Por Victoria Ginzberg Mientras el Presidente Carlos
Menem se jactaba de que él mismo rechazaría los pedidos de extradición de Baltasar
Garzón “para ahorrarle un problema a Fernando de la Rúa”, Luciano Benjamín
Menéndez se convirtió ayer en el vocero de los represores procesados por la Justicia
española. El ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército no se limitó a hablar mal del juez
Baltasar Garzón en nombre de una supuesta soberanía sino que hasta negó lo irrefutable:
que militares se apropiaron de hijos de desaparecidos. “Lo del robo de menores es un
cuento, una barbaridad inventada”, afirmó. Además de la repetición de la
propaganda de la dictadura, las palabras de Menéndez son un acto de defensa, ya que por
ese delito el general podría terminar en la cárcel.
“Para él no existen los desaparecidos, no existen los chicos apropiados, pero no
tenemos interés de contestarle”, dijo a Página/12 Estela Carlotto, presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo. “Los 64 chicos encontrados y los fallos judiciales lo
desmienten. Yo le diría a Menéndez que le pregunte a Videla, a Massera, al Tigre Acosta,
a Bignone por qué están presos, qué les pregunte si es mentira que están presos.”
Si Menéndez no es extraditado a España, podría terminar aquí tras las rejas por
sustracción de menores a pesar de que fue un beneficiario del indulto de Carlos Menem.
De las 230 denuncias sobre apropiación de hijos de desaparecidos que lograron reunir las
Abuelas –aunque se calcula que los casos son alrededor de 500– más de veinte
corresponden a la jurisdicción del Tercer Cuerpo. Menéndez, como responsable de los
centros clandestinos de Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Tucumán, Santiago del
Estero, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy, sería autor mediato de esos delitos.
Uno de los casos por el que el ex jefe del tercer Cuerpo puede ser condenado es el de
Sivina Orozco, quien estuvo detenida en el centro clandestino cordobés La Perla y dio a
luz un varón en la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Tanto ella como el bebé están
desaparecidos.
El secuestro de bebés fue calificado como “permanente e imprescriptible” por la
Cámara Federal porteña al rechazar los argumentos de los siete procesados en la causa
que lleva adelante el juez Adolfo Bagnasco. “Volvemos a la colonia: los hechos de la
Argentina se juzgan en la metrópoli. Todos los argentinos deberían sentirse
afectados”, dijo el general que compartió desde Córdoba la gestión de José
Alfredo Martínez de Hoz. “Al paso que vamos cualquiera que tenga un conflicto con un
ciudadano español en la Argentina va a ser juzgado por Garzón. Se corre el riesgo de
chocar con el auto de un español, producirle heridas y que el juez lo cite para juzgarlo
en España”, intentó ridiculizar, equiparando un choque con torturas, secuestros y
desapariciones. Menéndez prefirió ignorar que si está procesado por un juez español es
porque cometió delitos contra la humanidad, que gozan de jurisdicción universal.
“La colonización que se dio desde 1492, el proceso de evangelización, bueno, eso lo
aceptamos. Pero el proceso de colonización jurídica, eso no”, pareció completar
ayer Menem, quien con esa comparación histórica volvió a defender el principio de
territorialidad para crímenes que el derecho internacional considera como sin territorio.
A pesar de que se calcula que la solicitud de Garzón llegaría al país después del 10
de diciembre, varios funcionarios salientes reiteraron que no aceptan la jurisdicción del
juez español. “Le vamos a ahorrar esa tarea al futuro gobierno”, resumió el
presidente.
Para asegurarse de que la Alianza cambie la postura oficial de Menem, el Premio Nobel de
la Paz Adolfo Pérez Esquivel manifestó que está interesado en entrevistarse con
Fernando de la Rúa para pedirle que no trabe las extradiciones pedidas por Garzón.
“El derecho internacional se está perfeccionando y en casos como la desaparición de
personas, un delito decarácter permanente, y en el genocidio, pueden actuar los
tribunales de cualquier país”, afirmó Pérez Esquivel.
El mensaje de Menéndez, transformado en el portavoz más crudo de los viejos represores,
trajo reminiscencias de un lenguaje de represión y Guerra Fría que solo podía
escucharse públicamente en los últimos tiempos en las declaraciones de la Fundación
Pinochet. Menéndez, además, repitió razonamientos similares a los que levantan los
represores cuando la Justicia les pide cuentas. Como trató de hacer Massera cuando fue
procesado por el robo de bebés, el ex jefe del Tercer Cuerpo buscó exculparse delegando
la responsabilidad de la represión ilegal sobre el gobierno de Isabel Perón. “Yo
fui un comandante de tropa que cumplió órdenes basadas en dos decretos firmados, uno por
la presidente Perón y otro por el presidente del Senado, Italo Luder”, declaró por
radio como si estuviera ante un juez y el golpe del 24 de marzo de 1976 no hubiera
existido. Por supuesto, Menéndez no dejó de mencionar que el genocidio fue en realidad
una “guerra” en la que él “combatió contra la subversión marxista”.
Sin embargo, impugnó una de las mayores defensas que tuvieron los represores de rango
medio: la Obediencia Debida. “Nunca nadie cumplió órdenes que no le parecieran
correctas”, dijo este oficial de rango alto.
La de Menéndez no fue la única voz que se alzó frente al “atropello” del juez
Garzón. El abogado de Massera eligió una frase poco feliz para defender al ex almirante.
“Está dando carta blanca a la posibilidad de una privación ilegal de la
libertad”, aseguró. Arce Aggeo también hizo referencia a que Massera no podría ser
extraditado porque está siendo juzgado en Argentina. Pero este argumento no sería
válido para la mayoría de militares, civiles y policías que fueron procesados por
Garzón y que por el momento no pueden ser condenados aquí por la existencia de las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final.
En España, el juez Garzón sigue trabajando. Ayer recibió la declaración de Daniel
Tarnopolsky, el único sobreviviente de una familia secuestrada por el grupo de tareas de
la Escuela de Mecánica de la Armada. Hace dos meses Tarnopolsky logró que la Corte
Suprema condenara al Estado argentino y al propio Massera a pagarle una indemnización de
más de un millón de pesos. En ese fallo, el máximo tribunal reconoció, tal como lo
señala la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, el carácter
“permanente” de ese delito. Un antecedente que no vale solo para el juicio de
Garzón.
| Claves  Luciano
Benjamín Menéndez, indultado y con causas pendientes por robo de chicos en el Tercer
Cuerpo, dijo que ese delito es “una invención”.
El presidente Menem rechazó una supuesta colonización
jurídica que atribuyó al juez español Baltasar Garzón.
Garzón libró anteayer una orden de captura internacional
contra 98 represores argentinos, incluidas las primeras juntas de la dictadura, Antonio
Bussi y el propio Menéndez.
Fernando de la Rúa precisó ayer que su gobierno respetará el
principio de “dejar actuar a la Justicia” ante un eventual pedido de
extradición.
Angel Tello, uno de los posibles ministros de Defensa, dijo que
no registra inquietud militar, pero se opuso a la extraterritorialidad jurídica.
Varios generales dijeron a Página/12 que afrontar causas por
violaciones a los derechos humanos “es sólo un problema de algunos retirados”.
España sufre pero cumple
Al igual que el gobierno argentino, las autoridades
españolas no están encantadas con la decisión de pedir la captura internacional y la
extradición de 98 represores argentinos que tomó el juez Baltasar Garzón. El secretario
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica de España, Fernando Villalonga, dijo
que la medida podría ser un “factor de distorsión” para la futura Cumbre
Iberoamericana de La Habana. “Desde el punto de vista político es bastante dañino
para la imagen de España en Iberoamérica”, aseguró el funcionario. Pero el
secretario se cuidó de aclarar que la petición de extradición se tramitará a pesar de
los reparos políticos del gobierno de José María Aznar. “Todo el mundo sabe que en
España hay separación de poderes”, aseguró. De igual forma se pronunciaron un
portavoz del Poder Ejecutivo, Joseph Piqué, y la ministra española de Justicia,
Margarita Mariscal. La ministra recalcó el respeto que su gobierno tiene por las
decisiones judiciales y su costumbre de no comentarlas. Sin embargo, el propio Garzón
aprovechó ayer un discurso sobre la “Protección penal universal” para destacar
que no basta decir que en España se defienden los derechos humanos y se cumplen las leyes
en la materia cuando, “por lo contrario, no se percibe ese compromiso con estos
temas, ya que, al parecer, está reñido con algunos gobiernos que siempre encuentran algo
más urgente con lo que comprometerse”.
El Cachorro de la muerte
“Jamás causé daño irreparable a nadie que no fuera
comunista”, aseguró el general Luciano Benjamín Menéndez en abril de 1989. El
“Cachorro”, como se lo conoce en Córdoba, no fue de los represores que se
retiraron de la luz pública con la llegada de la democracia. Por el contrario, gozaba al
reaparecer cada tanto. Y lo hacía con alguna declaración en la que justificaba la
represión ilegal y atacaba a “los comunistas” que pretendían “vengar la
derrota que (sus) tropas le infringieron” con una victoria “en el campo de la
cultura, la educación y la propaganda”.
Estuvo al mando del Tercer Cuerpo –que abarca Córdoba y otras ocho provincias–
entre 1975 y 1979. Su principal centro de operaciones fue el campo La Perla, la ESMA
cordobesa. Se estima que por allí pasaron cerca de 2200 detenidos–desaparecidos.
Menéndez conservó poder después de la caída de los militares y lo demostró varias
veces. En 1989 se sentó en el escenario del auditorio de la Universidad Nacional de
Córdoba para dictar una conferencia sobre Política Nuclear. En julio de 1993 apareció,
vestido de sobretodo azul, en el palco oficial durante un desfile organizado por la
municipalidad. Y en 1994 fue el encargado de entregar medallas y diplomas del Congreso de
la Nación a los ex combatientes de Malvinas en un acto que el Ejército organizó en
Córdoba. Cada vez que su presencia provocaba alguna crítica, Menéndez se preguntaba el
porqué del rechazo. Evitaba entonces referirse a los numerosos crímenes cometidos en su
jurisdicción que un indulto otorgado en el momento oportuno –quince días antes de
que empezara el juicio oral y público en su contra– no pudo borrar. Recién en 1997,
después de que se hiciera presente nuevamente en un acto oficial –esta vez se
trataba de un aniversario de la Policía Federal– fue declarado persona no grata por
la Cámara de Diputados de la provincia. Los legisladores tenían presente el reciente
relato de un “arrepentido” que había narrado por televisión como, en dos
noches frías de julio de 1976, había participado en el entierro de más de cien cuerpos
desnudos y numerados en los pies. |
La ultima definicion del presidente electo
De la Rúa invoca a la Justicia
Después
de la anodina reacción de la Alianza ante el auto de captura internacional de Baltasar
Garzón sobre 98 represores argentinos, Fernando de la Rúa prefirió ayer una definición
más tajante: “El tema tiene que resolverse estrictamente en la Justicia”,
afirmó el presidente electo durante una rueda de prensa en Brasilia.
De la Rúa, pese a todo, no quiso quedarse sólo en este punto y pareció colocarse en el
papel del primer juez que reciba un pedido de extradición girado desde España. “No
se justifica que actúe una jurisdicción extranjera cuando está actuando una
jurisdicción argentina, en el marco de su soberanía y de sus leyes”, dijo.
“Estoy pidiendo que nos hagan llegar el fallo completo”, aclaró De la Rúa.
“Nos dicen que esto ahora también incluye a la Argentina. En ese caso, existe un
tratado de extradición con España. Nuestro país tiene un acuerdo.”
Página/12 publicó ayer en exclusiva el texto clave del auto de Garzón, en el que por
primera vez el juez español no excluye a la Argentina en un pedido internacional sino que
pide a Interpol que actúe en todos los países sin ninguna salvedad, incluyendo al país
de donde son originarios los buscados.
Una posición diferente a la de De la Rúa sostuvo, en cambio, el experto en Defensa Angel
Tello, mencionado como uno de los posibles ministros del futuro gobierno:
“No aceptamos la
extraterritorialidad, y no porque no creamos que no haya que juzgar las violaciones a los
derechos humanos.”
“La
intervención de tribunales extranjeros cuando todavía no está decidida la existencia de
una corte penal internacional es un despropósito.”
“La
extraterritorialidad crea precedentes muy complicados de intervención en los asuntos
internos de los países y nosotros no aceptamos ningún condicionamiento.”
“Igualmente, el pedido de Garzón no creará ningún tipo de inquietud en las Fuerzas
Armadas.”
En conversación con Nelson Castro, el ex camarista Ricardo Gil Lavedra no se opuso a una
eventual extradición, pero estimó que no sería viable. “La Argentina, sin duda,
tiene que defender, obviamente, sus propias normas, o sea la validez de las normas
aplicadas en territorio argentino como un atributo de soberanía”, dijo.
Al mismo tiempo consideró que el principio del juzgamiento internacional de los derechos
humanos es “sano”, porque “mantiene viva la memoria colectiva sobre hechos
terribles, aunque el asunto no sea tan sencillo”.
REPUDIO A JOSE LO FIEGO EN ROSARIO
El represor que no pudo tomar café
Desde Rosario
“Señor, pienso que usted debe retirarse, primero porque los clientes se quejaron, y
segundo porque estoy absolutamente de acuerdo, puesto que usted no puede andar impunemente
por las calles argentinas.” De este modo, el propietario de un bar ubicado en la
céntrica esquina de Paraguay y Mendoza, le pidió a José Rubén “El Ciego” Lo
Fiego que se retirara del lugar. El parroquiano no era otro que el represor ligado a la
banda de Rubén Feced, que asoló Rosario desde la Jefatura de Policía durante la
dictadura militar, y que ya cuenta con un pedido internacional de captura emitido por el
juez español Baltasar Garzón.
La conversación tuvo lugar ayer a media mañana entre Lo Fiego y Orlando Muñoz, chileno,
50 años, y propietario del comercio. El ex policía, separado de la fuerza por
violaciones a los derechos humanos, se levantó de su silla junto a su ocasional
acompañante y se retiró del lugar. No era la primera vez en que fue repudiado en su
propio barrio: la agrupación HIJOS ya lo había escrachado en la puerta de su edificio
ubicado a escasos veinte metros de esa misma esquina.
Muñoz relató lo ocurrido en forma pausada, sin vehemencia, pero convencido de lo que
hizo. “Ojalá esto sirva para algo”, dijo y se ilusionó pensando “en el
castigo social que se merecen personajes como este”. Según relató el dueño del
bar, “Lo Fiego estaba sentado con un acompañante cuando se acercó un cliente y me
dijo que no aceptaba que estuviera esa persona sentada en este lugar por más que sea
público, y que se iba a retirar inmediatamente si no se iba ese señor. Conociendo la
situación de Lo Fiego, es decir su participación en la represión, lo invité a que se
retirara”.
La reacción de “El Ciego” fue de asombro, pero de inmediato respondió
“que ‘eso era un cuento’ –recuerda Muñoz–, así que le dije que
para eso existían los tribunales y ése era el lugar donde debería aclarar si participó
o no participó en la represión”. Después del breve diálogo Lo Fiego abandonó el
bar “sin ofrecer ninguna resistencia, pero cuando se iba retirando, su acompañante
me dijo que me iba a hacer una denuncia”.
“Así que le pregunté cuál era su nombre –explicó Muñoz–, sólo para
saber de dónde podía venir la denuncia o si era una amenaza. El hombre -de entre 40 y 50
años, calvo, un metro sesenta, de bigotes y flaco– me contestó de muy mala manera
que su nombre era ‘Perón, boludo’”.
OPINION
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