 La Facultad
de Ciencias Sociales le pedirá a la de Derecho y a las máximas autoridades de la
Universidad de Buenos Aires que traten la expulsión del general de Ejército José
Teófilo Goyret, censor de la dictadura devenido en profesor universitario. Goyret es el
militar que desembarcó en el diario La Opinión en 1977, cuando la dictadura secuestró a
su director Jacobo Timerman, lo torturó y confiscó sus bienes. Es el mismo que con el
cargo de interventor de La Opinión prohibió a los periodistas mencionar a Julio
Cortázar y definió su función como “una misión encuadrada en la lucha
antisubversiva”. La misión, por supuesto, era controlar los contenidos editoriales
del diario. Hoy Goyret da clases en la Maestría en Relaciones Internacionales, una
carrera que depende de la Facultad de Derecho. Como primer efecto, el reclamo votado por
los docentes, alumnos y graduados del Consejo Directivo de Sociales forzará un debate
tanto en la Facultad de Derecho como entre las autoridades superiores de la UBA sobre los
límites éticos en la designación como docentes de quienes fueron cómplices de la
dictadura militar. El caso de Goyret fue dado a conocer por el hijo de Timerman, Héctor,
luego de que el decano de Derecho Andrés D’Alessio rehusara tomar ninguna medida
contra el censor alegando que no es partidario de desatar una cacería de brujas. En
rigor, Timerman (h) había propuesto invitar a un debate abierto, organizado por la misma
universidad, sobre cómo lograr la inserción de represores que actuaron bajo la dictadura
en una sociedad democrática, una alternativa para resolver la situación sin vulnerar los
derechos de nadie. Pero el decano de Derecho se mantuvo en su postura. En una carta a la
organización de derechos humanos Human Rights Watch, que también había impugnado la
designación de Goyret, D’Alessio adujo que tiene “horror por cualquier cosa que
pueda oler a intolerancia sobre la base de datos escasos”. También que “no
ignora” los antecedentes de Goyret pero no cree que “esas circunstancias”
lo inhabiliten. Ayer, en una nueva carta al director ejecutivo de Human Rights Watch en
América, Héctor Timerman respondió los argumentos de D’Alessio. “El decano se
equivoca si cree que ‘los datos sobre el general Goyret son escasos’”, dice
Timerman en ella. “Si se hubiera tomado el mismo tiempo que le dedica a su defensa
del general podría haber obtenido los decretos militares de su nombramiento, leído las
ediciones del diario editadas por el general o conversar con los periodistas que aún
recuerdan, entre muchos casos, cuando prohibió que se nombre al escritor Julio
Cortázar.” La carta subraya que el tema no pasa por la ideología propia o la del
general, “sino por permitirle a la sociedad saber si quiere que alguien con la
actuación que Goyret tuvo durante la dictadura sea hoy profesor de la universidad”.
La resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Sociales torna prácticamente
imposible eludir ese debate. “Compartimos con Héctor Timerman el criterio de que un
represor intelectual no puede educar en una sociedad democrática sin que al menos sus
alumnos sepan de quién se trata”, dice el texto aprobado por unanimidad. Además de
repudiar el nombramiento de Goyret, las autoridades de Sociales decidieron pedir tanto a
sus pares de Derecho como a sus superiores dentro de la UBA que tomen cartas en el asunto
a fin de “evitar que quienes violaron los derechos humanos y atentaron contra la vida
democrática ejerzan cargos en la universidad pública”.OPINION
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