 “Fue
fruto de una conspiración.” Ese es el absurdo argumento con que el ex marino Adolfo
Scilingo trató de convencer ayer al juez español Baltasar Garzón de que no recuerda
ningún dato de la represión ilegal durante la dictadura militar y que jamás participó
de los “vuelos de la muerte”. En un afán por mejorar su situación judicial en
la causa por genocidio y terrorismo de Estado contra los militares argentinos en la cual
acaba de ser procesado, el mismo Scilingo –que con su confesión no hizo más que
confirmar años atrás la forma en que los represores arrojaban prisioneros vivos al Río
de la Plata– no tuvo empacho en decir que mintió por “respeto a las
víctimas”. 
Lo que hizo Scilingo fue presentarse ante Garzón, quien lo había citado a indagatoria, y
decir que todas sus confesiones públicas sobre su participación en la represión ilegal
y sus anteriores declaraciones en la causa no eran veraces. El ex marino aseguró que esos
testimonios fueron producto de “una conspiración” urdida por el ex defensor del
Pueblo porteño, Antonio Cartañá, sus anteriores abogados argentinos, los querellantes
en el proceso y el propio juez Garzón y las contextualizó en el marco de “una
guerra” que mantiene con el ex almirante Emilio Massera, actualmente detenido acusado
por el robo de bebés.Scilingo fue el primer militar en romper el pacto de silencio que
los represores mantienen sobre la forma en que torturaban y asesinaban durante la
dictadura, cuando reveló los detalles acerca del modo en que los prisioneros de la
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) eran arrojados vivos a las aguas del Río de la
Plata. Su testimonio quedó registrado por primera vez en el libro El Vuelo, de Horacio
Verbitsky.Desde entonces, y hasta el momento, el ex marino siempre repitió aquella
versión ante Garzón y los medios, desde los cuales reclamó a sus superiores que
asumieran la responsabilidad por las órdenes que habían impartido. Incluso publicó un
libro propio, Por siempre, nunca jamás, donde relató su participación en los
“vuelos de la muerte”.En el marco de su nueva estrategia defensiva, Scilingo
afirmó ahora ante el magistrado español que no escribió ese libro, sino que accedió a
firmarlo porque le pagaron 300 mil dólares. También se retractó de su relato de los
vuelos y negó conocer los detalles acerca de la represión ilegal en la ESMA sobre los
que había dado cuenta y que llevaron a Garzón a encarcelarlo en la prisión madrileña
de Caravanchel en octubre de 1997.Los nombres que Scilingo –quien desde enero de 1998
goza de una libertad vigilada dentro España– dio como responsables de la
“conspiración” de la que dice ser objeto tuvieron, de un modo u otro, algo que
ver con el ex marino a partir de su revelación sobre la forma en que eran asesinados los
prisioneros de la ESMA. La Defensoría del Pueblo fue la única institución argentina en
reconocer la competencia española para juzgar a los represores. Sus anteriores abogados
argentinos –a los que el ex marino patrocinado ahora por un defensor oficial español
aludió– Mario Ganora y Liliana Magrini fueron quienes en su momento le aconsejaron
presentarse ante la Justicia española para relatar su versión de los hechos. Y la
referencia a Garzón es obvia: apenas Scilingo confesó ser represor, el magistrado lo
metió preso.
FISCALIA ESPAÑOLA, FIEL A SI MISMA
Por el aplazo de Garzón Fernando de la Rúa tiene quien lo ayude
en el dilema que plantea el auto de captura internacional que el juez madrileño Baltasar
Garzón libró contra 98 represores argentinos: la Fiscalía General del Estado español
pidió ayer a la Audiencia Nacional la anulación de esas órdenes de detención y
solicitó también que “se declare la falta de jurisdicción” del magistrado
para intervenir en delitos cometidos fuera de España. Por su parte, el ministro de
Asuntos Exteriores de ese país, Abel Matutes, dijo confiar en “el buen sentido”
de Garzón para que su resolución “no se traduzca en una solicitud de extradición a
Argentina”. El ex presidente Raúl Alfonsín se sumó a las críticas que llegan
desde España y calificó el pedido de extradición como “un dislate” porque los
acusados “están siendo juzgados en la Argentina”. El escrito de la Fiscalía
española no altera la marcha del proceso a cargo de Garzón. De hecho, el pleno de la
Audiencia Nacional ya rechazó un pedido similar hecho por la misma Fiscalía en octubre
del año pasado y así convalidó la tarea desarrollada por el magistrado y su
competencia.Los argumentos de la nueva solicitud son los mismos que la Fiscalía repite
desde 1996, cuando el fiscal Carlos Castresana presentó la denuncia que dio origen al
juicio por genocidio y terrorismo de Estado que instruye Garzón contra los responsables
de las última dictadura militar argentina: “La jurisdicción española no puede
enjuiciar los hechos ocurridos durante el período de las juntas militares aunque las
víctimas sean españolas” porque “todo país soberano tiene el legítimo
derecho de resolver los horrores de su pasado en la forma en que sus mayorías
democráticas lo estimen conveniente y necesario”.Matutes advirtió que un pedido de
extradición “no sería bien recibido” en Buenos Aires y confió en que Garzón
no formule una solicitud en ese sentido. Además, destacó la necesidad de ser respetuosos
“con las decisiones que en su momento tomaron las autoridades argentinas, respaldadas
por su pueblo”.
Sólo la verdad
Por Horacio Verbitsky |
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