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La crónica del acuerdo anunciado llegó a su fin

En Uruguay, el partido blanco decidió ayer que dará su apoyo a los colorados en el ballottage del próximo 28 de noviembre.

El colorado Jorge Batlle en el velorio de sus partidarios.
El acuerdo con los blancos casi lo deja con la misma cara.

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t.gif (862 bytes)  Estuvo a punto de fracasar. Pero el Partido Nacional (Blanco) puso ayer la firma en el acuerdo que, presumiblemente, unirá sus votos a los colorados en el ballottage del 28 de este mes. Y quedarían unidos en un eventual gobierno a partir de marzo del 2000. Gracias a la flamante alianza, y si los votantes respetan las consignas de su partido, el caudal del 21,5 por ciento de votos blancos de la primera vuelta se drenará hacia la candidatura del colorado Jorge Batlle para enfrentar a Tabaré Vázquez, el candidato del Encuentro Progresista-Frente Amplio que en la primera vuelta del 31 de octubre pasado dio el primer triunfo nacional a la izquierda. Blancos y colorados, tradicionales archienemigos en Uruguay, ya tuvieron su primera experiencia de cogobierno en el actual gabinete del colorado Julio María Sanguinetti. Ayer, después de una semana de negociaciones y de varias postergaciones por “problemas de detalles en la redacción”, el directorio del Partido Nacional tomó una decisión unánime: “convocar a la ciudadanía a acompañar con su voto la candidatura del doctor Jorge Batlle a la presidencia de la República” y “exhortar a los correligionarios a participar activamente en tan señalada instancia político-electoral”. El anuncio corrió por cuenta de Luis Alberto Lacalle, derrotado candidato blanco y ex presidente del país (1990-95).El partido consideró que las condiciones programáticas “fueron aceptadas en su totalidad” por el Partido Colorado durante las negociaciones que llevaban adelante desde el viernes pasado. Sin embargo, la celebrada unión estuvo a punto de fracasar. Ayer a la tarde las autoridades blancas interrumpieron las negociaciones a la espera de una respuesta del presidente Sanguinetti sobre un proyecto para mejorar la situación crítica de los productores agropecuarios uruguayos, el tradicional bastión de votos blancos. Fuentes cercanas a los delegados blancos admitieron que la aceptación de la propuesta era una condición sine qua non para llegar a un acuerdo. El lunes, el líder blanco Alberto Zumarán advirtió que no estaba dispuesto a esperar más tiempo para buscar una solución a los reclamos rurales. El jueves, Jorge Batlle se apuró a reunirse con él y, evidentemente, a llegar a un acuerdo para la segunda vuelta.Aprovechando las idas y venidas entre blancos y colorados, la izquierda intentó un acercamiento con el Partido Nacional. El jefe de campaña de la coalición Encuentro Progresista-Frente Amplio, Alberto Rosselli, reveló ayer que envió una carta a los blancos. “Hay muchos puntos de coincidencia entre los reclamos planteados por el Partido Nacional a Batlle y nuestro programa”, aseguró Tabaré Vázquez horas antes, al retomar la campaña en el interior del país. Pero el intento llegó tarde. Los blancos ya habían cerrado sus “diferencias programáticas” con los colorados y anunciaban la alianza. “No voy a negar la importancia que pueda tener ese acuerdo, pero el electorado ya dio muestras de independencia de criterio”, respondió Roselli. Las últimas encuestas parecen darle algo de razón. Según la consultora Factum, los dos candidatos al ballottage –Vázquez y Batlle-tienen una base mínima del 40 por ciento de los votos y están, por ahora, en un “empate técnico”.

 


 

UN JUEZ CHILENO PEDIRIA EXTRADITAR A PINOCHET
La justicia que empieza por casa

t.gif (862 bytes) Desde su detención en Londres en octubre del año pasado, Pinochet rechazó incansablemente la jurisdicción de otros países para procesarlo y adelantó que sólo reconocía competencia a la Justicia de Chile. Ahora, la posibilidad de que el ex dictador tenga que rendir cuentas en Santiago parece más cerca que nunca. Ayer, el diario español La Vanguardia confirmó que el juez chileno Juan Guzmán Tapia –que lleva adelante 30 del medio centenar de querellas presentadas contra Pinochet en ese país– pedirá el desafuero parlamentario del senador vitalicio y luego su extradición a Chile para juzgarlo. Guzmán elevaría el pedido de desafuero a la Corte Suprema de Santiago en respuesta a la decisión de Pinochet de devolver en blanco el cuestionario enviado por el juez en el marco de la investigación sobre la “Caravana de la Muerte”, una de las operaciones emblemáticas de la represión. Si la demanda es aceptada, Guzmán procesaría a Pinochet por su responsabilidad en los asesinatos y torturas cometidos durante la dictadura en base a las querellas que están en sus manos, y allanaría el camino para lograr su extradición. Un pedido de extradición de parte de un juez chileno tendría prioridad sobre la del juez español Baltasar Garzón, aseguró La Vanguardia. Ayer, el Senado chileno aprobó por mayoría la publicación de las “leyes secretas” de la dictadura pinochetista, entre ellas las que dispusieron la creación de la policía secreta del régimen, cuyos jefes están ahora procesados por la Justicia de Santiago. El comandante en jefe del Ejército chileno, el general Ricardo Izurieta, salió a criticar el “desfile de militares ante los tribunales” y advirtió que “no nos parece aceptable caer en la tentación de juzgarlos por hechos acaecidos en un contexto en que imperaba la lógica de la guerra”.Cargando con la promesa del presidente Eduardo Frei a las Fuerzas Armadas de que Pinochet estaría de vuelta en Chile antes de terminar su mandato en marzo del 2000, el gobierno recibió con expectativa el anuncio realizado el viernes pasado por el ministro británico del Interior, Jack Straw, de reconsiderar las razones humanitarias invocadas por Santiago para liberar a Pinochet después de realizarle nuevos exámenes médicos. El diario chileno El Mercurio adelantó ayer que el ex dictador está dispuesto a someterse a esos estudios y que anunciaría hoy su decisión, después de reunirse con Michael Caplan, uno de sus defensores legales británicos, y con sus abogados chilenos Miguel Schweitzer y Hernán Felipe Errázuriz. Los mismos que le habrían aconsejado devolver en blanco el cuestionario al juez Guzmán.

OPINION

 

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