Estuvo a
punto de fracasar. Pero el Partido Nacional (Blanco) puso ayer la firma en el acuerdo que,
presumiblemente, unirá sus votos a los colorados en el ballottage del 28 de este mes. Y
quedarían unidos en un eventual gobierno a partir de marzo del 2000. Gracias a la
flamante alianza, y si los votantes respetan las consignas de su partido, el caudal del
21,5 por ciento de votos blancos de la primera vuelta se drenará hacia la candidatura del
colorado Jorge Batlle para enfrentar a Tabaré Vázquez, el candidato del Encuentro
Progresista-Frente Amplio que en la primera vuelta del 31 de octubre pasado dio el primer
triunfo nacional a la izquierda. Blancos y colorados, tradicionales archienemigos en
Uruguay, ya tuvieron su primera experiencia de cogobierno en el actual gabinete del
colorado Julio María Sanguinetti. Ayer, después de una semana de negociaciones y de
varias postergaciones por problemas de detalles en la redacción, el
directorio del Partido Nacional tomó una decisión unánime: convocar a la
ciudadanía a acompañar con su voto la candidatura del doctor Jorge Batlle a la
presidencia de la República y exhortar a los correligionarios a participar
activamente en tan señalada instancia político-electoral. El anuncio corrió por
cuenta de Luis Alberto Lacalle, derrotado candidato blanco y ex presidente del país
(1990-95).El partido consideró que las condiciones programáticas fueron aceptadas
en su totalidad por el Partido Colorado durante las negociaciones que llevaban
adelante desde el viernes pasado. Sin embargo, la celebrada unión estuvo a punto de
fracasar. Ayer a la tarde las autoridades blancas interrumpieron las negociaciones a la
espera de una respuesta del presidente Sanguinetti sobre un proyecto para mejorar la
situación crítica de los productores agropecuarios uruguayos, el tradicional bastión de
votos blancos. Fuentes cercanas a los delegados blancos admitieron que la aceptación de
la propuesta era una condición sine qua non para llegar a un acuerdo. El lunes, el líder
blanco Alberto Zumarán advirtió que no estaba dispuesto a esperar más tiempo para
buscar una solución a los reclamos rurales. El jueves, Jorge Batlle se apuró a reunirse
con él y, evidentemente, a llegar a un acuerdo para la segunda vuelta.Aprovechando las
idas y venidas entre blancos y colorados, la izquierda intentó un acercamiento con el
Partido Nacional. El jefe de campaña de la coalición Encuentro Progresista-Frente
Amplio, Alberto Rosselli, reveló ayer que envió una carta a los blancos. Hay
muchos puntos de coincidencia entre los reclamos planteados por el Partido Nacional a
Batlle y nuestro programa, aseguró Tabaré Vázquez horas antes, al retomar la
campaña en el interior del país. Pero el intento llegó tarde. Los blancos ya habían
cerrado sus diferencias programáticas con los colorados y anunciaban la
alianza. No voy a negar la importancia que pueda tener ese acuerdo, pero el
electorado ya dio muestras de independencia de criterio, respondió Roselli. Las
últimas encuestas parecen darle algo de razón. Según la consultora Factum, los dos
candidatos al ballottage Vázquez y Batlle-tienen una base mínima del 40 por ciento
de los votos y están, por ahora, en un empate técnico.
UN JUEZ CHILENO PEDIRIA EXTRADITAR A PINOCHET
La justicia que empieza por casa
Desde su
detención en Londres en octubre del año pasado, Pinochet rechazó incansablemente la
jurisdicción de otros países para procesarlo y adelantó que sólo reconocía
competencia a la Justicia de Chile. Ahora, la posibilidad de que el ex dictador tenga que
rendir cuentas en Santiago parece más cerca que nunca. Ayer, el diario español La
Vanguardia confirmó que el juez chileno Juan Guzmán Tapia que lleva adelante 30
del medio centenar de querellas presentadas contra Pinochet en ese país pedirá el
desafuero parlamentario del senador vitalicio y luego su extradición a Chile para
juzgarlo. Guzmán elevaría el pedido de desafuero a la Corte Suprema de Santiago en
respuesta a la decisión de Pinochet de devolver en blanco el cuestionario enviado por el
juez en el marco de la investigación sobre la Caravana de la Muerte, una de
las operaciones emblemáticas de la represión. Si la demanda es aceptada, Guzmán
procesaría a Pinochet por su responsabilidad en los asesinatos y torturas cometidos
durante la dictadura en base a las querellas que están en sus manos, y allanaría el
camino para lograr su extradición. Un pedido de extradición de parte de un juez chileno
tendría prioridad sobre la del juez español Baltasar Garzón, aseguró La Vanguardia.
Ayer, el Senado chileno aprobó por mayoría la publicación de las leyes
secretas de la dictadura pinochetista, entre ellas las que dispusieron la creación
de la policía secreta del régimen, cuyos jefes están ahora procesados por la Justicia
de Santiago. El comandante en jefe del Ejército chileno, el general Ricardo Izurieta,
salió a criticar el desfile de militares ante los tribunales y advirtió que
no nos parece aceptable caer en la tentación de juzgarlos por hechos acaecidos en
un contexto en que imperaba la lógica de la guerra.Cargando con la promesa del
presidente Eduardo Frei a las Fuerzas Armadas de que Pinochet estaría de vuelta en Chile
antes de terminar su mandato en marzo del 2000, el gobierno recibió con expectativa el
anuncio realizado el viernes pasado por el ministro británico del Interior, Jack Straw,
de reconsiderar las razones humanitarias invocadas por Santiago para liberar a Pinochet
después de realizarle nuevos exámenes médicos. El diario chileno El Mercurio adelantó
ayer que el ex dictador está dispuesto a someterse a esos estudios y que anunciaría hoy
su decisión, después de reunirse con Michael Caplan, uno de sus defensores legales
británicos, y con sus abogados chilenos Miguel Schweitzer y Hernán Felipe Errázuriz.
Los mismos que le habrían aconsejado devolver en blanco el cuestionario al juez Guzmán.
OPINION
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