ACUERDO GENERAL PARA APROBAR EL PRESUPUESTO 2000 ELABORADO POR
ROQUE La Alianza podrá hacer y deshacer a gusto
A cambio de no
tocar fondos especiales para las provincias (Fonavi y Conurbano Bonaerense), De la Rúa
tendrá la facultad de reasignar partidas luego de aprobado el Presupuesto.
José Luis Machinea junto a Darío
Alessandro y Raúl Baglini.
No bajarán aportes patronales para no tocar fondos específicos.
Por David Cufré
La Alianza y el
Gobierno avanzaron ayer en lo que es la primera gran negociación política de la
transición: el Presupuesto del 2000. Acordaron aprobar el proyecto que fue elaborado por
Roque Fernández, pero con algunas modificaciones. La principal es que no se eliminarán
los fondos con asignación específica para las provincias, entre los cuales se destacan
el Fonavi y el del Conurbano Bonaerense. A cambio, la Alianza aceptó suspender la rebaja
de aportes patronales y consiguió una herramienta poderosa: una cláusula por la cual la
Jefatura de Gabinete puede hacer y deshacer a su gusto el destino de las partidas del
Presupuesto. Ese será el mecanismo por el cual el próximo gobierno profundizará el
ajuste, si no alcanza con los recortes que se dispongan ahora para acotar el déficit
fiscal a 4500 millones de pesos. Esa fue la definición central que se produjo ayer, pero
quedan varios puntos por resolver. Los más urgentes son los siguientes: la Alianza quiere
auditar el gasto de las provincias, pero los gobernadores lo rechazan de plano; éstos
también exigen que se mantenga el Plan Trabajar, y reclaman que se sancione al mismo
tiempo que el Presupuesto una ley parcial de coparticipación, que les asegure que no
perderán recursos.Los acuerdos básicos se alcanzaron durante una reunión de cuatro
horas en la Casa Rosada entre los alfiles de Fernando de la Rúa y Carlos Menem. Por la
Alianza estuvieron José Luis Machinea, Rodolfo Terragno, Raúl Baglini y Darío
Alessandro. Los negociadores por el justicialismo fueron Carlos Corach, Humberto Roggero y
Oscar Lamberto. Para hoy está previsto un nuevo encuentro, para seguir avanzando en los
temas en los que aún no hay definición. La discusión es trascendente porque involucra
intereses estratégicos de las dos principales fuerzas políticas del país, y que atañen
directamente a la vida cotidiana de la gente.“No hay tiempo para elaborar un nuevo
presupuesto. Necesitamos que el proyecto se apruebe antes del 10 de diciembre, porque es
la herramienta básica para el funcionamiento del gobierno, y además porque los mercados
están esperando una señal de que la gobernabilidad es posible”, le dijo a
Página/12 un destacado operador aliancista. Con esa premisa, los hombres de la coalición
que ayer se sentaron a negociar con los justicialistas buscaron la forma de acelerar un
acuerdo que garantice la sanción del Presupuesto antes del recambio de autoridades.El
primer punto que se trató fue el de los fondos provinciales. Se trata del Fonavi, el del
Conurbano Bonaerense y el de Desarrollo Eléctrico, que en total involucran partidas por
900 millones de pesos. En la propuesta que Roque envió al Congreso, acompañada por la
firma de Menem, se dispuso la eliminación de esas partidas. Sin embargo, los legisladores
peronistas, atendiendo al reclamo de los gobernadores, anticiparon que de ningún modo
aprobarían esa poda. En consecuencia, se convino con la Alianza mantener la asignación
de esos recursos a las provincias. Esto obliga a recortar por otro lado, y lo que hará
Machinea –próximo ministro de Economía– es suspender la rebaja de aportes
patronales, que estaba programada para diciembre. Así se ahorrará 900 millones de pesos,
que de otro modo dejaría de recaudar.Sin embargo, el economista ya había decidido dejar
sin efecto esa merma de aportes, convencido de que el ajuste propuesto por Roque no
alcanzaba para limitar el déficit fiscal a 4500 millones. Y eso incluía a los fondos
provinciales. Machinea le dijo a De la Rúa que, al mantener las partidas para los
distritos del interior, será necesario disponer un ajuste adicional de 1200 millones. El
presidente electo le respondió que primero cierre el acuerdo para la sanción del
Presupuesto, pero que busque la forma de hacer el ajuste más adelante. En eso consistió
el segundo punto de negociación con Corach & Cía. Los aliancistas reclamaron que se
apruebe una cláusula especial, que ya figura en el proyecto que elaboró Roque y que
también se sancionó en el Presupuesto de este año, que autoriza a la Jefatura de
Gabinete a reformular los gastos pautados a su gusto. Esa será la forma de hacer el
ajuste. Para la Alianza tiene la ventaja adicional de que puede diferir un
“impuestazo”, que piensa instrumentar entre marzo y junio del 2000, y cuya
magnitud dependerá de las necesidades fiscales que se presenten.Sin embargo, el
justicialismo exigió garantías antes de aceptar esa concesión. El temor de los
gobernadores es que la Alianza suprima más adelante los fondos que ahora se aseguraron.
Por eso, pidieron que junto al Presupuesto se sancione una ley parcial de
coparticipación, a través de la cual el Estado nacional queda obligado a girar a las
provincias la misma cantidad de recursos que este año, incluidos los fondos con
asignación específica. “En esto hubo fumata”, aseguró en diálogo con este
diario un operador del PJ.En cambio, no se acordó la propuesta de la Alianza de crear un
cuerpo especial de auditores con capacidad para verificar el destino de los gastos
provinciales. Como anticipó Página/12, De la Rúa pidió que se preparara un proyecto de
ley con esas características, que también incluye la posibilidad de enjuiciar a los
funcionarios del interior que malgasten las partidas que les envía el gobierno central.
“Esto no se va a aprobar por nada”, aseguró un diputado justicialista. Otro
punto en conflicto es que los gobernadores reclaman que se mantenga el Plan Trabajar, que
el proyecto de Presupuesto de Roque elimina. “Les dijimos que en lugar de ese
programa se subsidiará a las pymes para la creación de empleos, pero ellos se resisten
porque de ese modo se les saca a los gobernadores el manejo de esos fondos, que utilizan
para pagar punteros políticos”, enfatizaron desde la Alianza. La discusión quedó
para ser zanjada en los próximos días.
Impuesto a jubilaciones
“El objetivo es pagar el aguinaldo en término, pero tenemos que ver
cuál es la disponibilidad de recursos cuando asumamos”, señaló ayer Machinea. El
próximo ministro de Economía intentó tranquilizar a los empleados públicos y
jubilados, pero no pudo dejar de ser ambiguo. Si bien “la intención” es pagar
antes de fin de año, Machinea lo condicionó al estado de las cuentas públicas. En
rigor, todavía faltan varias definiciones. Una de ellas se relaciona con el Presupuesto.
En el proyecto de Roque Fernández se fija un tope de 2500 pesos a las jubilaciones.
Machinea considera que eso vulnera derechos adquiridos, y propondrá suprimir ese
artículo. Sin embargo, para no perder recursos, se estudia aplicar un impuesto que
tendría el mismo efecto que esa disposición. Por ley, se aplicaría un gravamen del
ciento por ciento sobre el excedente de esa cifra. Otra medida polémica del Presupuesto
es la reducción en un 50% de los contratos del Estado con consultores y el achicamiento
del 3% de la planta de toda la administración pública.
La Alianza y el
Gobierno avanzaron ayer en lo que es la primera gran negociación política de la
transición: el Presupuesto del 2000. Acordaron aprobar el proyecto que fue elaborado por
Roque Fernández, pero con algunas modificaciones. La principal es que no se eliminarán
los fondos con asignación específica para las provincias, entre los cuales se destacan
el Fonavi y el del Conurbano Bonaerense. A cambio, la Alianza aceptó suspender la rebaja
de aportes patronales y consiguió una herramienta poderosa: una cláusula por la cual la
Jefatura de Gabinete puede hacer y deshacer a su gusto el destino de las partidas del
Presupuesto. Ese será el mecanismo por el cual el próximo gobierno profundizará el
ajuste, si no alcanza con los recortes que se dispongan ahora para acotar el déficit
fiscal a 4500 millones de pesos. Esa fue la definición central que se produjo ayer, pero
quedan varios puntos por resolver. Los más urgentes son los siguientes: la Alianza quiere
auditar el gasto de las provincias, pero los gobernadores lo rechazan de plano; éstos
también exigen que se mantenga el Plan Trabajar, y reclaman que se sancione al mismo
tiempo que el Presupuesto una ley parcial de coparticipación, que les asegure que no
perderán recursos.Los acuerdos básicos se alcanzaron durante una reunión de cuatro
horas en la Casa Rosada entre los alfiles de Fernando de la Rúa y Carlos Menem. Por la
Alianza estuvieron José Luis Machinea, Rodolfo Terragno, Raúl Baglini y Darío
Alessandro. Los negociadores por el justicialismo fueron Carlos Corach, Humberto Roggero y
Oscar Lamberto. Para hoy está previsto un nuevo encuentro, para seguir avanzando en los
temas en los que aún no hay definición. La discusión es trascendente porque involucra
intereses estratégicos de las dos principales fuerzas políticas del país, y que atañen
directamente a la vida cotidiana de la gente.“No hay tiempo para elaborar un nuevo
presupuesto. Necesitamos que el proyecto se apruebe antes del 10 de diciembre, porque es
la herramienta básica para el funcionamiento del gobierno, y además porque los mercados
están esperando una señal de que la gobernabilidad es posible”, le dijo a
Página/12 un destacado operador aliancista. Con esa premisa, los hombres de la coalición
que ayer se sentaron a negociar con los justicialistas buscaron la forma de acelerar un
acuerdo que garantice la sanción del Presupuesto antes del recambio de autoridades.El
primer punto que se trató fue el de los fondos provinciales. Se trata del Fonavi, el del
Conurbano Bonaerense y el de Desarrollo Eléctrico, que en total involucran partidas por
900 millones de pesos. En la propuesta que Roque envió al Congreso, acompañada por la
firma de Menem, se dispuso la eliminación de esas partidas. Sin embargo, los legisladores
peronistas, atendiendo al reclamo de los gobernadores, anticiparon que de ningún modo
aprobarían esa poda. En consecuencia, se convino con la Alianza mantener la asignación
de esos recursos a las provincias. Esto obliga a recortar por otro lado, y lo que hará
Machinea –próximo ministro de Economía– es suspender la rebaja de aportes
patronales, que estaba programada para diciembre. Así se ahorrará 900 millones de pesos,
que de otro modo dejaría de recaudar.Sin embargo, el economista ya había decidido dejar
sin efecto esa merma de aportes, convencido de que el ajuste propuesto por Roque no
alcanzaba para limitar el déficit fiscal a 4500 millones. Y eso incluía a los fondos
provinciales. Machinea le dijo a De la Rúa que, al mantener las partidas para los
distritos del interior, será necesario disponer un ajuste adicional de 1200 millones. El
presidente electo le respondió que primero cierre el acuerdo para la sanción del
Presupuesto, pero que busque la forma de hacer el ajuste más adelante. En eso consistió
el segundo punto de negociación con Corach & Cía. Los aliancistas reclamaron que se
apruebe una cláusula especial, que ya figura en el proyecto que elaboró Roque y que
también se sancionó en el Presupuesto de este año, que autoriza a la Jefatura de
Gabinete a reformular los gastos pautados a su gusto. Esa será la forma de hacer el
ajuste. Para la Alianza tiene la ventaja adicional de que puede diferir un
“impuestazo”, que piensa instrumentar entre marzo y junio del 2000, y cuya
magnitud dependerá de las necesidades fiscales que se presenten.Sin embargo, el
justicialismo exigió garantías antes de aceptar esa concesión. El temor de los
gobernadores es que la Alianza suprima más adelante los fondos que ahora se aseguraron.
Por eso, pidieron que junto al Presupuesto se sancione una ley parcial de
coparticipación, a través de la cual el Estado nacional queda obligado a girar a las
provincias la misma cantidad de recursos que este año, incluidos los fondos con
asignación específica. “En esto hubo fumata”, aseguró en diálogo con este
diario un operador del PJ.En cambio, no se acordó la propuesta de la Alianza de crear un
cuerpo especial de auditores con capacidad para verificar el destino de los gastos
provinciales. Como anticipó Página/12, De la Rúa pidió que se preparara un proyecto de
ley con esas características, que también incluye la posibilidad de enjuiciar a los
funcionarios del interior que malgasten las partidas que les envía el gobierno central.
“Esto no se va a aprobar por nada”, aseguró un diputado justicialista. Otro
punto en conflicto es que los gobernadores reclaman que se mantenga el Plan Trabajar, que
el proyecto de Presupuesto de Roque elimina. “Les dijimos que en lugar de ese
programa se subsidiará a las pymes para la creación de empleos, pero ellos se resisten
porque de ese modo se les saca a los gobernadores el manejo de esos fondos, que utilizan
para pagar punteros políticos”, enfatizaron desde la Alianza. La discusión quedó
para ser zanjada en los próximos días.