La jueza Garzón de
Lascano empezó ayer a escuchar a las víctimas de la represión ilegal. El objetivo de la
investigación es determinar la verdad histórica de lo ocurrido durante la dictadura.
Está citado el máximo, responsable Luciano Benjamín Menéndez, pero la magistrada
todavía no decidió si deberá declarar bajo juramento de decir la verdad.
Menéndez fue el responsable del Tercer
Cuerpo de Ejército. Se empezaron a recopilar testimonios sobre los 30 asesinatos .
Por Mónica Gutiérrez Desde Córdoba
Con la
declaración de un testigo civil, comenzó ayer la ronda de testimoniales que dispuso la
jueza federal Cristina Garzón de Lascano para comenzar a determinar la verdad histórica
de los crímenes que cometió la última dictadura militar en el ámbito del Tercer Cuerpo
de Ejército. En esta causa, desmembrada del expediente inicial, se investigan 30
asesinatos cometidos en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba, entre abril y octubre de
1976. En los próximos días declararán abogados y jueces federales, y se culminará con
el testimonio de los represores, entre ellos el del general Luciano Benjamín Menéndez.
La jueza aún no decidió el pedido de la fiscal Graciela López de Filoñuk en torno a
que los militares -.citados como testigos– deban declarar bajo juramento de decir la
verdad, aunque trascendió que el pedido podría ser denegado.El testimonio de ayer
correspondió a Eduardo De Breuil, hermano de uno de los asesinados bajo la forma conocida
como “Ley de Fugas”, quien estuvo preso en el mismo penal y vio cómo mataban a
su hermano Gustavo. De Breuil, junto con otros 29 presos políticos que estaban alojados
en la cárcel de barrio San Martín, fue acribillado bajo la simulación de que intentaba
escapar del penal. El asesinato ocurrió el 12 de julio de 1976, fecha en que los dos
hermanos fueron sacados de la cárcel junto con otros dos jóvenes, Higinio Toranzo y
Miguel Hugo Vaca Narvaja. “Vine a ratificar lo mismo que declaré en 1984”,
aseguró De Breuil al término de su declaración, que duró algo más de dos horas. El
testigo reiteró ante la jueza que mientras estaba preso fue retirado de la celda y
llevado al sitio de la masacre, para luego ser obligado a presenciar los fusilamientos.
Según Rubén Arroyo, abogado querellante en la causa y representante de la agrupación
Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), De Breuil
hizo aportes importantes. Precisó, por ejemplo, que en el año 1978, cuando ya estaba en
Sierra Chica, lo fue a visitar el ex juez federal Zamboni Ledesma -.ya fallecido-,
ocasión en que él le contó lo sucedido con su hermano y los otros presos, a lo que el
juez le contestó “‘son cosas que pasan’, y no hizo nada”.El
sobreviviente también relató cómo los represores eligieron “al azar, arrojando una
moneda” entre él y su hermano para decidir a quién ejecutar. El que hoy declaró
como testigo padeció siete años de cárcel durante la dictadura y recuperó su libertad
en 1982.Por estos hechos no podrá haber imputaciones, ya que la Cámara Federal de
Córdoba dispuso la reapertura de las causas sólo para conocer la verdad histórica de lo
acontecido en aquellos años. De modo que los citados lo son en calidad de testigos, y por
eso mismo están obligados a declarar la verdad bajo juramento. La novedosa situación de
la causa incluye como testigos a los represores de aquellos años, entre ellos Menéndez,
quien también deberá prestar testimonio ante la Justicia.“En esta causa yo pedí
expresamente que las declaraciones, en el caso de los militares, sean tomadas bajo
juramento de decir la verdad y bajo apercibimiento de la aplicación del artículo 275 del
Código Penal (falso testimonio)”, explicó la fiscal a Página/12. López de
Filoñuk señaló que con los testigos civiles “eso va de suyo, pero como se trata de
un proceso atípico”, en el sentido de que los represores no son imputables por los
delitos que se investigan y que ya han estado acusados por estos hechos, “estimé
necesario hacer la salvedad. No veo impedimento para que declaren bajo juramento”,
aseguró la funcionaria y aclaró que aún no recibió notificación de ninguna
resolución al respecto por parte de la jueza.Sin embargo, un trascendido indicó ayer que
la magistrada no otorgaría esas condiciones pedidas por la fiscalía y avaladas por el
abogado querellante. Cabe señalar que la Cámara Federal de La Plata, por ejemplo,
aplicó el criterio de que los convocados deben testimoniar bajo el juramento de decir la
verdad y con aviso de la aplicación de la figura penal del falso testimonio.Si Garzón de
Lascano no hace lugar al pedido, tanto la fiscalía como la parte querellante podrían
apelar ante la Cámara Federal para obtener las condiciones que desean a la hora de las
declaraciones. La magistrada ya rechazó el pedido de Arroyo para que estas audiencias
fueran públicas y para que fueran grabadas.Los próximos testimonios serán los del
abogado Luis Reinaudi y del ex juez federal Miguel Angel Puga, quien se desempeñó en ese
cargo en los primeros años de la dictadura. Esta declaración es importante en la causa,
por cuanto los presos políticos que estaban alojados en la UP 1 y que fueron eliminados
por la represión tenían expedientes tramitados por la Justicia Federal.
Con la
declaración de un testigo civil, comenzó ayer la ronda de testimoniales que dispuso la
jueza federal Cristina Garzón de Lascano para comenzar a determinar la verdad histórica
de los crímenes que cometió la última dictadura militar en el ámbito del Tercer Cuerpo
de Ejército. En esta causa, desmembrada del expediente inicial, se investigan 30
asesinatos cometidos en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba, entre abril y octubre de
1976. En los próximos días declararán abogados y jueces federales, y se culminará con
el testimonio de los represores, entre ellos el del general Luciano Benjamín Menéndez.
La jueza aún no decidió el pedido de la fiscal Graciela López de Filoñuk en torno a
que los militares -.citados como testigos– deban declarar bajo juramento de decir la
verdad, aunque trascendió que el pedido podría ser denegado.El testimonio de ayer
correspondió a Eduardo De Breuil, hermano de uno de los asesinados bajo la forma conocida
como “Ley de Fugas”, quien estuvo preso en el mismo penal y vio cómo mataban a
su hermano Gustavo. De Breuil, junto con otros 29 presos políticos que estaban alojados
en la cárcel de barrio San Martín, fue acribillado bajo la simulación de que intentaba
escapar del penal. El asesinato ocurrió el 12 de julio de 1976, fecha en que los dos
hermanos fueron sacados de la cárcel junto con otros dos jóvenes, Higinio Toranzo y
Miguel Hugo Vaca Narvaja. “Vine a ratificar lo mismo que declaré en 1984”,
aseguró De Breuil al término de su declaración, que duró algo más de dos horas. El
testigo reiteró ante la jueza que mientras estaba preso fue retirado de la celda y
llevado al sitio de la masacre, para luego ser obligado a presenciar los fusilamientos.
Según Rubén Arroyo, abogado querellante en la causa y representante de la agrupación
Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), De Breuil
hizo aportes importantes. Precisó, por ejemplo, que en el año 1978, cuando ya estaba en
Sierra Chica, lo fue a visitar el ex juez federal Zamboni Ledesma -.ya fallecido-,
ocasión en que él le contó lo sucedido con su hermano y los otros presos, a lo que el
juez le contestó “‘son cosas que pasan’, y no hizo nada”.El
sobreviviente también relató cómo los represores eligieron “al azar, arrojando una
moneda” entre él y su hermano para decidir a quién ejecutar. El que hoy declaró
como testigo padeció siete años de cárcel durante la dictadura y recuperó su libertad
en 1982.Por estos hechos no podrá haber imputaciones, ya que la Cámara Federal de
Córdoba dispuso la reapertura de las causas sólo para conocer la verdad histórica de lo
acontecido en aquellos años. De modo que los citados lo son en calidad de testigos, y por
eso mismo están obligados a declarar la verdad bajo juramento. La novedosa situación de
la causa incluye como testigos a los represores de aquellos años, entre ellos Menéndez,
quien también deberá prestar testimonio ante la Justicia.“En esta causa yo pedí
expresamente que las declaraciones, en el caso de los militares, sean tomadas bajo
juramento de decir la verdad y bajo apercibimiento de la aplicación del artículo 275 del
Código Penal (falso testimonio)”, explicó la fiscal a Página/12. López de
Filoñuk señaló que con los testigos civiles “eso va de suyo, pero como se trata de
un proceso atípico”, en el sentido de que los represores no son imputables por los
delitos que se investigan y que ya han estado acusados por estos hechos, “estimé
necesario hacer la salvedad. No veo impedimento para que declaren bajo juramento”,
aseguró la funcionaria y aclaró que aún no recibió notificación de ninguna
resolución al respecto por parte de la jueza.Sin embargo, un trascendido indicó ayer que
la magistrada no otorgaría esas condiciones pedidas por la fiscalía y avaladas por el
abogado querellante. Cabe señalar que la Cámara Federal de La Plata, por ejemplo,
aplicó el criterio de que los convocados deben testimoniar bajo el juramento de decir la
verdad y con aviso de la aplicación de la figura penal del falso testimonio.Si Garzón de
Lascano no hace lugar al pedido, tanto la fiscalía como la parte querellante podrían
apelar ante la Cámara Federal para obtener las condiciones que desean a la hora de las
declaraciones. La magistrada ya rechazó el pedido de Arroyo para que estas audiencias
fueran públicas y para que fueran grabadas.Los próximos testimonios serán los del
abogado Luis Reinaudi y del ex juez federal Miguel Angel Puga, quien se desempeñó en ese
cargo en los primeros años de la dictadura. Esta declaración es importante en la causa,
por cuanto los presos políticos que estaban alojados en la UP 1 y que fueron eliminados
por la represión tenían expedientes tramitados por la Justicia Federal.