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Por Miguel Bonasso Desde Dolores  Por fin
empezó el juicio oral por el asesinato de José Luis Cabezas, pero la sesión inaugural,
llevada a cabo ayer en Dolores, no le dio a la familia del fotógrafo, ni a los gremios
agraviados, ni al conjunto de la sociedad, la seguridad de que esta vez el estado de
derecho se va a imponer al estado de impunidad. Quien mejor lo sintetizó fue el principal
acusado de ser el autor material del asesinato: el policía Gustavo Prellezo. Lívido,
grisáceo, con los ojos desbocados, el presunto asesino de la Cava le dijo al tribunal:
"La sentencia ya está escrita en la computadora, sólo le falta la firma". El rasgo inesperado de escepticismo en la capacidad de hacer justicia por parte de la Cámara Federal de Dolores pretendía explicar por qué había despedido por un corto tiempo a su abogado David Lettieri ("para que no se quemara" en un proceso resuelto de antemano) y había vuelto a tomarlo, en un juego que el presidente del Tribunal había calificado de maniobra dilatoria y "fechoría procesal". Pero, a su vez, Prellezo y los otros acusados, envejecidos y cascados con relación a las jornadas de la instrucción dos años atrás, provocaban en el espectador deseoso de justicia una sensación ominosa: la sospecha de que todos o casi todos sabían mucho más acerca de la horrenda conspiración de lo que ninguno estaba dispuesto a declarar. El ojo de los testigos, ubicados en el ala derecha de la estrecha sala de audiencias, podía recorrerlos en un travelling de terror. Allí estaba el mitómano, buchón policial y estafador Carlos Alberto Redruello, vestido totalmente en tonos grises, con una suerte de dandismo de extramuros y una sonrisa enigmática que oculta sus secretos: el auto y los 20 mil dólares que le dio el desplazado y atónito comisario
Víctor Fogelman (ver recuadro), para que se infiltrara en la banda de los Pepitos y
produjera la primera gran intoxicación de la causa Cabezas. Los cuatro hampones de Los
Hornos, entre los que sobresalía por su invisible sida y su angustia evidente y sudorosa
Miguel Angel Retana (el hornero que le habría dado el "dato posta" al ex
gobernador Eduardo Duhalde para cambiar la película de "los pepitos" por el
film de "los prellezos"). El citado Prellezo, con su cara de pájaro agorero
sacado por un mal sueño. El conocido policía y antiguo proxeneta Sergio Cammaratta,
devenido una suerte de yuppie, bien trajeado y comiendo chicle. El suboficial Tal como se suponía, hubo escasas sorpresas en esta primera audiencia. Pero sí matices interesantes. Indicios de futuras confrontaciones. Escorzos a la carbonilla de quienes serán los principales protagonistas de las jornadas que vienen. Además de la ausencia de Yabrán, el abogado de la revista Noticias, Oscar Pellicori, puso de manifiesto la del ex comisario de Pinamar, Pedro "La Liebre" Gómez, que logró una "articulación dilatoria" para eludir el debate oral, a pesar de estar claramente sospechado de haber otorgado "área libre" para operar la fatídica noche del 25 de enero de 1997. Igual de inexplicable fue la licencia concedida a la fiscal Brignoles de Nazar (esposa de un policía que comandó la comisaría de Pinamar antes que La Liebre Gómez), aquejada de una "profunda depresión", que --según sus confesiones off the record de meses atrás-- se parece mucho al reconocimiento de que no hay elementos muy sólidos para condenar al ex jefe de la custodia de Yabrán, Gregorio Ríos, cuyo eventual sobreseimiento daría al traste, como es lógico, con la tesis de la culpabilidad de Yabrán, defendida históricamente por Eduardo Duhalde y Domingo Cavallo, dos de los testigos estrella de las próximas audiencias. A eso apuntó con prolija argumentación el defensor de Ríos, Jorge Sandro, al que algunos observadores atribuyen la voluntad de llevar a cabo una suerte de "juicio de ruptura", que vaya más allá de la defensa del sargento y apunte a una tarea extrajudicial, metafísica, escondida tras los códigos: la rehabilitación del finado Cartero. De manera clara, didáctica, el abogado que suele encarar los juicios donde el poderoso estudio Anzorreguy no pone la cara, pidió la absolución de su pupilo tras la correspondiente nulidad de las actuaciones, debido a que una "acusación abstracta" atentaba contra el derecho de la defensa, en la medida en que no describía correctamente la acusación (el cómo, cuándo, por qué, de la presunta instigación). El pedido de Sandro, que en su momento también fue defensor de Alejandro Vecchi --ahora ubicado en la vereda de enfrente como abogado de los padres de Cabezas-- motivó un cuarto intermedio fuera de programa para que el tribunal le diera una respuesta. Antes de que los jueces Raúl Begué (presidente), Susana Darling Yaltone y Jorge Dupuy regresaran a su augusto estrado, enmarcado por el clásico cortinado de terciopelo rojo con el crucifijo de rigor, todo el mundo sabía que el planteo de Sandro sería rechazado. La argumentación principal fue la negativa de los abogados de parte y el ministerio público y la precisión que defendió su escueta acusación, prometiendo arroparla con una amplia base probatoria en las sesiones subsiguientes del debate. En el aire quedaron flotando los previsibles recursos a la Casación, a la Corte Suprema de la Provincia, a la propia Corte Suprema de la Nación, por qué no, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) en caso de ser necesario. Por debajo de los argumentos jurídicos subyacía la convicción generalizada de que el país y la provincia anteriores a las elecciones de octubre seguían librando su pulseada. Duhalde parecía seguir en la gobernación y Menem en esa antesala del poder donde más de una vez ingresó el finado Alfredo Yabrán para que se cocinaran decretos a la medida de sus sueños. También la aprensión de que la Cámara de Dolores (dos de cuyos miembros fueron recusados por Yabrán) trabajaba a marchas forzadas para sacar en tiempo el expediente. La impaciencia del presidente Begué por llegar a tiempo se patentizó, patéticamente, en más de un momento. En un día pródigo en desventuras eléctricas, la defensora oficial Analía Pepi fue regañada por el presidente del tribunal debido a su improcedente pretensión de sentarse en una mesa donde no le cayera el agua de un acondicionador de aire. Al fin de la jornada, cuando un corte de luz ensombreció la provincia-potencia gobernada ahora por Carlos Ruckauf, el juez Begué ordenó que trajeran faroles y los acusados fueran prolijamente esposados durante media hora, mientras por secretaría se seguían leyendo las interminables fojas de la causa, en un ejercicio masoquista que el defensor Sandro trató infructuosamente de limitar mediante acuerdos entre las partes para leer lo que cada uno considerase sustancial. Criterio razonable que rechazó el ministerio público, a través de sus bisoños fiscales Felipe Defelitto y Eduardo Campos Campos, que temieron una maniobra para plantear más nulidades. O tal vez encontraron así lo que muchos sospecharon: la posibilidad de enterarse acerca de la frondosa causa que les habían endilgado. En su apertura el presidente del tribunal, Raúl Begué, se presentó como un
garantista de hueso
* La extensa jornada comenzó con el acto organizado por la UTPBA y ARGRA en el frente del edificio de Tribunales. Bajo el lema "Toda la verdad, toda la justicia" los gremios, junto a Gladys Cabezas y Cristina Robledo, hermana y mujer del reportero, pidieron por el total esclarecimiento del crimen. Se soltaron globos negros, se guardó un minuto de silencio para terminar con el grito de "Cabezas, presente". * A las 10, con sólo media hora de previsible atraso, el presidente de la Cámara, Raúl Begué, abrió la sesión y, después de identificar a los diez imputados de la causa, les advirtió: "Ustedes tienen que estar atentos de todo lo que aquí se diga o haga". Los horneros Braga, González, Auge y Retana, los ex policías Prellezo, Luna y Camaratta, Silvia Belawski, el jefe de custodios de Yabrán, Gregorio Ríos, y el testigo falso Carlos Redruello escucharon con atención. * El primer momento de tensión ocurrió cuando la Cámara recriminó duramente al abogado de Prellezo, David Lettieri, al que acusó de realizar una "fechoría procesal indigna del ejercicio de la profesión", con el aparente objetivo de dilatar el proceso. Lettieri hizo su descargo y el mismo Prellezo intervino pidiendo la palabra al tribunal. "Acuso que la sentencia ya está escrita, ya está en la computadora y sólo falta firmarla", afirmó el ex policía acusado de ser el autor material del crimen de Cabezas. "No quise que (Lettieri) se quemara en mi defensa", agregó Prellezo, para defender a su abogado. Durante el resto de la audiencia se mantuvo callado, como resignado. * Los jóvenes fiscales Felipe Defelito, Claudia Castro y Eduardo Campos, asignados a la causa después del pedido de licencia de María Elena Brignoles de Nazar, leyeron la acusación fiscal contra los imputados. Jorge Sandro, abogado de Gregorio Ríos --que había sido acusado como "instigador" del crimen por los fiscales-- planteó la nulidad de la acusación, que consideró "deficiente" por no describir cómo se habría "ejecutado la acción". Aunque la Cámara finalmente no hizo lugar al pedido de Sandro, el mismo paralizó de la audiencia por 30 minutos, cuando el tiempo es oro en este juicio oral y público. * Los abogados defensores de los imputados mantienen distintas estrategias. En el caso de la banda de Los Hornos, el objetivo de sus letrados es asignarles el mote de "testigos de lujo" y evitar, dentro de lo posible, que queden "pegados" en el asesinato. Sí aceptan su participación en lo que insisten en denominar un "apriete", que no tenía intención de terminar con una muerte. En el caso de Prellezo, se volvió a poner en duda la legitimidad como prueba del arma encontrada en la casa del pepito Martínez Maidana. A Silvia Belawski sus abogados la consideraron "sin ningún grado de participación en el asesinato" ni en otro delito relacionado con el caso. Y el defensor de Camaratta y Luna afirmaron que en la investigación realizada durante la etapa de instrucción se introdujeron pruebas falsas. "Trataremos de destruir la prueba que nos quiere incriminar", afirmó Horacio Lanza. * Los abogados querellantes apoyan la acusación de los fiscales en cuanto al móvil del asesinato de Cabezas ("la labor profesional de la víctima y un mensaje claro y profundo a la prensa en general"). Pero no dudan en puntualizar la existencia de dos ausentes en el juicio: Pedro Gómez, ausente por "una articulación dilatoria", y Alfredo Yabrán, muerto el 20 de mayo de 1998. * El juicio oral seguirá su curso. 560 testigos pasarán por la sala de audiencias, en menos de dos meses. El apuro y la urgencia deberán confrontarse con los puntos débiles de la investigación. OPINION
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Gregorio Ríos, disfrazado involuntariamente de mafioso, con traje azul oscuro y camisa
del mismo color, repitiendo los gestos de su jefe, Alfredo Enrique Nallib Yabrán, el gran
ausente, como lo llamó uno de los abogados de la parte acusadora, que logró la
extinción de la acción penal en su contra (fojas 36.120), mediante el sencillo
expediente de meterse un escopetazo en la garganta. El torvo y anodino Aníbal Luna, el
cuarto ex policía acusado de participar en la planificación del crimen. Atenta,
taciturna, Silvia Belawsky, la ex mujer de Prellezo que sindicó a Yabrán como el
instigador del asesinato y venía haciendo inteligencia sobre Cabezas desde varios meses
antes del secuestro. Separados por una valla no muy alta, los agraviados. Los familiares
de Cabezas: su mujer Cristina, su hermana Gladys y su cuñado Carlos, porque los padres no
tuvieron --comprensiblemente-- ánimos de asistir. Y junto a ellos, sus abogados, los
jóvenes fiscales poco instruidos en una causa que les dejó como presente griego la
fiscal María Helena Brignoles de Nazar; los sindicalistas de ARGRA y UTPBA, que hicieron
un acto previo a la audiencia, y los periodistas que cubrimos el juicio como una misión
especial, imaginando contra toda lógica que la verdad con mayúsculas podría emerger de
este debate. A pesar de una etapa de instrucción que acumuló 250 cuerpos, 50 mil fojas y
demasiados dislates que deben cargarse en la cuenta de los investigadores de Fogelman y en
la del propio juez José Luis Macchi. A pesar del maratón de 593 testigos que deberán
desfilar por Dolores de aquí al 23 de enero del 2000, fecha cabalística aparentemente
decidida por el tribunal para producir el fallo, atendiendo al hecho de que dos días
después se cumplirá el tercer aniversario del crimen.
colorado ("propiciaremos el uso y aún
el abuso del derecho de defensa"), pero en los papeles resultó un golpeador. Cuando
uno de los abogados de ARGRA, Alberto Bovino, inició una descripción de los hechos que
involucraba de manera más orgánica e intensa a la Policía Bonaerense, el presidente del
Tribunal lo interrumpió destempladamente: "Perdón doctor, pero no se trata de un
alegato". Y también le notificó que no se permitían lecturas, por lo que Bovino se
vio obligado a cerrar improvisadamente una exposición que rompía con los moldes de
"la historia oficial". La que pareciera querer implementarse a marchas forzadas,
para conmemorar, no se sabe qué, el 25 de enero del año 2000.