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Por Cledis Candelaresi Reprocharles legalmente a las distribuidoras eléctricas haber invertido poco y mal, o destituir al directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad son misiones más arduas que las que el Gobierno podría encarar para corregir otras privatizaciones. Edenor y Edesur no tienen un plan de inversiones obligatorio y la cúpula del ENRE fue integrada por concurso, aunque desde la Alianza éstos puedan ser objetables. Fernando de la Rúa apostaría a promover renuncias. Las privatizaciones eléctricas utilizaron un criterio innovador. No existe un plan de inversiones con metas físicas y montos precisos diseñado por el Estado, sino que la gestión privada se evalúa por la calidad del servicio que presta, medida, a su vez, por la estabilidad en la tensión o la cantidad de cortes.Carlos Bastos, el ex secretario de Energía que privatizó Segba, opina que esa flexibilidad evita el riesgo de tener que renegociar los contratos, ya que el concesionario puede ir adaptando sus planes a las nuevas necesidades sin requerir autorización. La contrapartida es que las empresas tienen libertad para invertir cómo y cuánto consideren mejor, con el único riesgo de sufrir penalidades en caso de que su prestación no alcance ciertos estándares técnicos de calidad.Sin embargo, varios informes de la Auditoría General de la Nación sobre el desempeño del ente de control lo acusan de no haber cumplido, siquiera, con su obligación de controlar el servicio en base a aquellos parámetros. Esos documentos van más allá y le objetan haber omitido un control preventivo sobre las inversiones privadas, algo que hubiera resultado útil para advertir los baches del programa de obras que ejecutaron Edenor y Edesur.Junto al Enargás, el ENRE es el único organismo de control creado por ley y cuyos directorios están integrados por concurso. Esto limita la posibilidad de descabezarlo, a diferencia de lo que sucede con el resto de los entes, creados por decreto.Sin embargo, el gobierno de De la Rúa no se resignó a que Juan Legisa, un peronista histórico y de firmes lazos con el partido de Carlos Menem, siga al frente del ente, escoltado por otro justicialista como Alberto Devoto y la duhaldista (y ex asesora de Edenor) Esther Fandiño.La primera objeción aliancista es que los concursos de esos directores fueron definidos por jurados políticos. La segunda es que tienen el mismo status que un secretario de Estado y, por lo tanto, que son removibles por razones de conveniencia o necesidad, ya que no estarán amparados por la estabilidad que beneficia a gran parte del plantel público.Pero tanto Economía como Infraestructura preferirían un recambio de directorio menos traumático que el que se produciría invocando aquellos argumentos: para reemplazarlos por controladores de su confianza, el Gobierno intentará que Legisa y los otros renuncien. Paralelamente, abriría una negociación con las adjudicatarias, para que hagan algunas inversiones imprescindibles para evitar los apagones.El contrato de concesión le ofrece a De la Rúa una herramienta de presión para promover ese diálogo: las prolongadas interrupciones del servicio (quizás como la de febrero) pueden ser invocadas como causal de rescisión del contrato. Opción que por ahora parece lejana.
Un conjuro al fantasma de los apagones |