|
Por Mariana Carbajal El fantasma de los apagones que signaron el último gobierno radical atormenta a la Alianza. Ayer, después de un nuevo corte de energía que dejó sin luz a unos 10.100 usuarios de la Capital Federal y paralizó durante una hora el servicio de la línea C de subterráneos, el presidente Fernando de la Rúa ordenó investigar las privatizaciones del sistema eléctrico para determinar las verdaderas causas de los sucesivos cortes, ante el temor de que se profundicen durante el verano y la Alianza sufra el costo político de un nuevo colapso eléctrico. Estoy preocupadísimo. Veo una situación muy peligrosa. Mi sensación es que el sistema es de alta vulnerabilidad, señaló el jefe de Gobierno porteño, Enrique Olivera, a Página/12, tras analizar el tema con De la Rúa. El Presidente encomendó el informe del sector al ministro de Economía, José Luis Machinea. Olivera, por su parte, envió a su secretario de Obras Públicas, Abel Fatala, al Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) para solicitarle mayores sanciones contra las empresas Edesur y Edenor y una intervención técnica donde es crítico el servicio. Sin embargo, el titular del organismo, Juan Legisa, alegó limitaciones contractuales y presupuestarias para acceder al pedido.Al producirse un nuevo corte de luz, el séptimo en los últimos 17 días, y ante la posibilidad de que la situación se agrave a medida que aumente la temperatura, funcionarios del nivel nacional y porteño de la Alianza salieron ayer a cuestionar la herencia recibida en el sector, con la intención de despegarse de la responsabilidad de que ocurra próximamente otro gran apagón como el que, en febrero, dejó a oscuras durante diez días a buena parte de la ciudad de Buenos Aires. Hay que prevenir para evitar circunstancias como las que hemos vivido, dijo Olivera. El proceso de privatización del sector eléctrico que llevó adelante el menemismo y las condiciones de vulnerabilidad del sistema fueron el blanco de las críticas.El ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, opinó que hubo imprevisión en la planificación de las inversiones y consideró que el apagón del miércoles mostró que hay inoperancia en la administración de las redes, porque, si falla un centro de distribución, en este caso Puerto Nuevo (como ocurrió el miércoles), no hay circuitos alternativos de provisión.Por la mañana, Olivera se reunió con De la Rúa en la Casa Rosada para evaluar la situación. Al término del encuentro, el jefe de Gobierno porteño anunció la investigación del diseño técnico y contractual de las privatizaciones, ordenada por el Presidente, para determinar si las empresas han cumplido con las obligaciones de inversión y de innovación tecnológica que les imponían los contratos de concesión. Tras recibir la orden de De la Rúa, Machinea encargó el informe al secretario de Energía, Daniel Montamat y al titular del ENRE, quienes hoy se reunirán con directivos de Edenor y Edesur.Le pedí a De la Rúa que intervengan los organismos nacionales porque veo que la situación es muy peligrosa. En la reunión con Edenor y Edesur no encontré garantías de que no se repitan las interrupciones. La sensación es que el sistema tiene una alta vulnerabilidad, detalló a este diario Olivera. El jefe de Gobierno se reunió el miércoles con directivos de las dos empresas encargadas de la distribución de la electricidad en el área metropolitana para pedirles explicaciones sobre los recientes apagones (ver aparte) y los convocó para el lunes, a fin de que informen sobre sus planes de contingencia para enfrentar una posible emergencia. Según comentó, con indignación, el secretario porteño de Obras Públicas, las compañías plantearon que la calidad del servicio que están prestando es acorde con las tarifas que se cobran.El Gobierno tiene dos fantasmas: uno, que el sistema colapse el 31 de diciembre, a raíz del efecto 2000; el otro, que se sucedan los cortes amedida que avance el verano, con el incremento de la demanda de electricidad.Por la tarde, Olivera envió a Fatala a reclamar al titular del ENRE una virtual auditoría técnica sobre Edenor y Edesur, para detectar los puntos más críticos del sistema y actuar preventivamente. El organismo de control nos respondió que no tienen capacidad para contratar recursos humanos que esa tarea, informó Fatala a Página/12. El funcionario porteño también pidió a Legisa que se analicen rigurosamente los contratos para ver la posibilidad de castigar a las empresas con mayores sanciones por los cortes, pero el funcionario alegó que los contratos de privatización lo limitan en ese sentido. Legisa parecía más un abogado de las empresas que un represente de un ente de control, observó un testigo del encuentro. El nivel de precariedad con el cual se está manejando el sistema de distribución de energía eléctrica en la ciudad es realmente vergonzoso, calificó Fatala, y consideró que el problema es estructural y crónico. Las empresas no pueden alegar fallas humanas. Tiene que haber personal de seguridad que controle al operario que realiza procedimientos de mantenimiento, cuestionó Fatala.
Corregir las
privatizaciones OPINION |