 El Gobierno
quiere mandar a la cárcel a los grandes evasores, a aquellos a quienes se les constate un
fraude superior a los 200.000 pesos. Para lograrlo, se creará un cuerpo especial de
fiscales que trabajarán en conjunto con la AFIP. “Queremos que la lucha contra la
evasión no sea un verso y se convierta en una realidad”, afirmó ayer José Luis
Machinea al anunciar el proyecto que se enviará al Congreso en la primera semana de
enero, en el marco de la ley ómnibus de emergencia fiscal. A su lado, el jefe de los
fiscales, Nicolás Becerra, añadió: “Vamos a apuntar a los grandes evasores, a los
delincuentes de cuello blanco. Vamos a entrar de lleno en el corazón de la
evasión”. El Gobierno prometió que los primeros resultados del operativo se verán
a principios de febrero. El sector de la carne, el fútbol, la comercialización de
combustibles y hasta las empresas que diseñan programas de computación para evadir
impuestos están bajo la lupa del Gobierno.La ley penal tributaria establece penas de
entre dos a seis años de prisión para quien evada más de 100.000 pesos o 20.000 pesos
si fuera fraude en la seguridad social. Para los reincidentes y para quien evada más de
un millón de pesos o 100.000 pesos en los aportes a la seguridad social, el castigo se
eleva a entre tres y medio y nueve años de cárcel. En ese sentido, Machinea aclaró que,
al menos por ahora, los controles se focalizarán en los evasores de más de 200.000
pesos. “Son muchos”, apuntó. Se calcula que, en total, este segmento de
contribuyentes involucra a 10.000 personas.La idea del Gobierno es que la decena de
fiscales que integren la “Unidad Fiscal de Investigación de Delitos
Tributarios” lleven velozmente a la Justicia los casos de evasión que detecte la
AFIP. Y que, a su vez, mantengan un seguimiento de esas causas. La formación del cuerpo
de funcionarios se completará con un fiscal general que los coordinará, y otro de la
Cámara Penal Económica.Machinea estimó que la evasión ronda los 25.000 millones de
pesos anuales, de los cuales 10.000 millones corresponden a IVA, otros 9000 millones a la
Seguridad Social y el resto a Ganancias. “Lo que se busca penalizar no es la falta de
pago (morosidad), sino el fraude, que es una conducta extremadamente grave”, aseguró
Ricardo Gil Lavedra, ministro de Justicia, quien también rubricó el convenio junto a
Machinea y Becerra. Mediante ese acuerdo, el Gobierno les asegura a los fiscales que
contarán con apoyo tecnológico y medios que garanticen el buen funcionamiento del
cuerpo.Con este plan, la Alianza busca dar una clara señal de que su gestión no se
limita al paquete impositivo que les impondrá una mayor presión a los contribuyentes.
Sino que además se encuentra abocada a bajar los costos de los servicios y a perseguir a
los grandes evasores. “Hasta ahora, el Estado no fue eficaz en el cumplimiento de la
Ley Penal Tributaria”, señaló Gil Lavedra en simultáneo con la promesa de que a
partir de ahora los cambios serán radicales. “No nos vamos a quedar con casos
puntuales; iremos a fondo”, agregó.No son las únicas modificaciones que planean en
la Casa Rosada. La cruzada antievasión incluye la futura creación de un nuevo fuero
judicial dedicado exclusivamente a atender causas relacionadas con el fraude fiscal
–incluidos los aportes a la seguridad social– y el contrabando. Además,
Machinea tiene en carpeta un proyecto para dotar a la AFIP de mayores atribuciones para
cazar evasores, como la posibilidad de trabar embargos y concretar clausuras sin la orden
de un magistrado. Por otra parte, se analiza un cambio en el sistema de remuneraciones de
la AFIP, de manera tal que los funcionarios responsables obtengan un premio por el aumento
en la recaudación de impuestos.“Ya tenemos individualizada a una empresa que se
especializa en diseñar programas informáticos que enseñan a evadir el pago de los
impuestos”, reveló Machinea. No obstante, los principales cañones del Gobierno
apuntan a otros rubros, como los frigoríficos. En la industria de la carne,
losfuncionarios saben de la existencia de empresas “fantasmas”, en cuyos cargos
directivos figuran personas insolventes o testaferros, y que son creadas con el objetivo
de evadir impuestos. En relación con el fútbol, la mira de los funcionarios está puesta
en los empresarios que actúan de intermediarios en los pases de jugadores. No sería la
primera vez que los sabuesos se meten en el negocio del fútbol: durante este año, la
AFIP investigó a una treintena de futbolistas y técnicos. La lista incluyó a Diego
Maradona, Carlos Bilardo, José Luis Chilavert y Daniel Passarella, por citar sólo unos
ejemplos. A mediados del ‘99, Carlos Silvani les pidió a los clubes extranjeros
información sobre algunos pases multimillonarios. A diferencia de lo ocurrido en el
pasado, Machinea asegura ahora que él tendrá éxito en la cruzada “a mediano
plazo”. “Los grandes evasores terminarán en la cárcel”, insistió.
| “Esta moratoria será la última” José Luis Machinea anticipó ayer que la moratoria impositiva y previsional
que anunciará la próxima semana “será la única de este gobierno”. “Es
un compromiso personal”, dijo. Asimismo, señaló que del plan de facilidades
quedarán exceptuados aquellos contribuyentes que se encuentran denunciados ante
Tribunales y justificó la iniciativa “por los 18 meses de recesión y altas tasas de
interés que tuvimos”. Precisamente, la intención del Gobierno es reincorporar al
sistema a las empresas y particulares que dejaron de pagar por culpa de la crisis
económica.Tal como anticipó este diario, la tasa que se les cobrará a los morosos que
se inscriban en el plan será inferior al 10 por ciento anual. Y que habrá rebajas para
los contribuyentes que opten por saldar sus deudas en plazos cortos. El plazo máximo que
otorgará Economía es de 60 meses. En la actualidad, si un contribuyente quiere ponerse
al día con la AFIP, debe afrontar una tasa mensual del 3 por ciento.En el Gobierno se
entusiasman con que esta moratoria tendrá más éxito que la lanzada por Domingo Cavallo
en el ‘95, y que recaudó unos 1000 millones de pesos. Con el plan de facilidades,
Machinea quiere incorporar a quienes tengan deudas declaradas (y no pagadas) al 31 de
octubre último. Se podrán incluir el incumplimiento de impuestos nacionales,
contribuciones patronales y la retención de aportes previsionales de los trabajadores. La
primera cuota será recién en junio, ya que el Gobierno quiere dar tiempo a que la
economía se recupere. |
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