Proyecto de ley para garantizar el
ejercicio de la libertad de prensa
El proyecto
elaborado con la colaboración de la Asociación Periodistas y el Gobierno plantea
eliminar trabas penales que limitan la labor periodística e incorpora la doctrina de la
“real malicia”.
El senador
Del Piero, el ministro Gil Lavedra, el senador Romero Feris, Verbitsky, Cantón y Badeni.
Ayer, en la primera audiencia para debatir el proyecto de ley presentado por los senadores
Genoud y Yoma.
Por Luis Bruschtein
El ministro de
Justicia, Ricardo Gil Lavedra, comprometió ayer el apoyo del Gobierno nacional al
proyecto de ley sobre libertad de prensa para despenalizar lo que la legislación califica
como delitos de calumnias e injurias en la labor periodística. El proyecto, resultado de
la solución amistosa de una controversia ante la Organización de Estados Americanos
(OEA) entre el columnista de Página/12, Horacio Verbitsky, en representación de la
Asociación Periodistas, y el Gobierno nacional, fue presentado con la firma de los
senadores José Genoud, del radicalismo, y Jorge Yoma, del justicialismo. Verbitsky,
presente ayer en la primera audiencia para debatir el proyecto, expresó su esperanza de
que sea aprobado por unanimidad, pese a algunas observaciones que se han planteado en la
Cámara alta.La audiencia fue presidida por el titular de la Comisión de Libertad de
Prensa, José Romero Feris. Además del ministro Gil Lavedra y de Verbitsky, estuvieron
presentes el senador frepasista Pedro Del Piero, Santiago Cantón, relator de la OEA para
la libertad de prensa, y Gregorio Badeni, constitucionalista y asesor de la Asociación de
Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa). Yoma no pudo asistir porque se encontraba
en La Rioja.El proyecto plantea la despenalización de “la difusión por cualquier
medio de informaciones o juicios de valor que versaren sobre hechos de interés público
referidos a funcionarios, personalidades públicas o a particulares, cuando estos últimos
se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público. Se
entiende como juicio de valor también a las expresiones humorísticas”.Y en el caso
de la responsabilidad civil, sólo corresponderá cuando “el afectado pruebe la
falsedad de las mismas y el dolo o culpa grave del autor”. O sea: “Cuando se
demostrare la falsedad de los hechos, la real malicia con que fueron difundidos pese al
conocimiento de esa falsedad por el autor o su temerario desinterés por la
verdad”.Asimismo, quedarían exentos los “juicios de valor referidos a
funcionarios o figuras públicas y a particulares”. También cuando lo que se difunda
sea “reproducción fiel de información ya vertida por otros medios de difusión o
por autoridades públicas o entidades intermedias de cualquier índole, y aun por
particulares, si se consigna la fuente”.Verbitsky recordó que el proyecto era el
resultado del trabajo conjunto entre la Asociación Periodistas, con el respaldo de Adepa
y de la SIP, y los legisladores de la Alianza y el PJ. “En los últimos años, la
Justicia ha tenido fallos contradictorios sobre estos temas –señaló–, y para
evitar estas contradicciones propusimos esta ‘solución amistosa’ ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).” El periodista expresó que un camino
similar había llevado a la derogación por unanimidad de la figura del desacato del
Código Penal en 1993.Cantón destacó que esta legislación constituiría “un avance
significativo para la libertad de prensa, porque una sociedad que no está plenamente
informada no es plenamente democrática”. Por su parte, Gil Lavedra advirtió que
“de esta manera pueden ocurrir algunos excesos, pero entendemos que el remedio está
en la libertad y en la sociedad para dar credibilidad a uno u otro”. Los fundamentos
plantean que “se ha seguido una jurisprudencia de la Corte que ha considerado que la
tutela legal menor respecto del honor de los funcionarios y de las personalidades
públicas es vital para la subsistencia de la república democrática”. Badeni fue
más allá al proponer que la responsabilidad civil no se aplique en ningún caso. Sobre
estos puntos gira la polémica. Gil Lavedra planteó que el Gobierno podría introducir
este debate para el período de sesiones extraordinarias, pero Genoud, más cauteloso,
expresó que seguirían la ronda de consultas con juristas y organismos relacionados con
el tema para que pueda ser aprobado alrededor del mes de abril del año próximo.
El ministro de
Justicia, Ricardo Gil Lavedra, comprometió ayer el apoyo del Gobierno nacional al
proyecto de ley sobre libertad de prensa para despenalizar lo que la legislación califica
como delitos de calumnias e injurias en la labor periodística. El proyecto, resultado de
la solución amistosa de una controversia ante la Organización de Estados Americanos
(OEA) entre el columnista de Página/12, Horacio Verbitsky, en representación de la
Asociación Periodistas, y el Gobierno nacional, fue presentado con la firma de los
senadores José Genoud, del radicalismo, y Jorge Yoma, del justicialismo. Verbitsky,
presente ayer en la primera audiencia para debatir el proyecto, expresó su esperanza de
que sea aprobado por unanimidad, pese a algunas observaciones que se han planteado en la
Cámara alta.La audiencia fue presidida por el titular de la Comisión de Libertad de
Prensa, José Romero Feris. Además del ministro Gil Lavedra y de Verbitsky, estuvieron
presentes el senador frepasista Pedro Del Piero, Santiago Cantón, relator de la OEA para
la libertad de prensa, y Gregorio Badeni, constitucionalista y asesor de la Asociación de
Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa). Yoma no pudo asistir porque se encontraba
en La Rioja.El proyecto plantea la despenalización de “la difusión por cualquier
medio de informaciones o juicios de valor que versaren sobre hechos de interés público
referidos a funcionarios, personalidades públicas o a particulares, cuando estos últimos
se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público. Se
entiende como juicio de valor también a las expresiones humorísticas”.Y en el caso
de la responsabilidad civil, sólo corresponderá cuando “el afectado pruebe la
falsedad de las mismas y el dolo o culpa grave del autor”. O sea: “Cuando se
demostrare la falsedad de los hechos, la real malicia con que fueron difundidos pese al
conocimiento de esa falsedad por el autor o su temerario desinterés por la
verdad”.Asimismo, quedarían exentos los “juicios de valor referidos a
funcionarios o figuras públicas y a particulares”. También cuando lo que se difunda
sea “reproducción fiel de información ya vertida por otros medios de difusión o
por autoridades públicas o entidades intermedias de cualquier índole, y aun por
particulares, si se consigna la fuente”.Verbitsky recordó que el proyecto era el
resultado del trabajo conjunto entre la Asociación Periodistas, con el respaldo de Adepa
y de la SIP, y los legisladores de la Alianza y el PJ. “En los últimos años, la
Justicia ha tenido fallos contradictorios sobre estos temas –señaló–, y para
evitar estas contradicciones propusimos esta ‘solución amistosa’ ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).” El periodista expresó que un camino
similar había llevado a la derogación por unanimidad de la figura del desacato del
Código Penal en 1993.Cantón destacó que esta legislación constituiría “un avance
significativo para la libertad de prensa, porque una sociedad que no está plenamente
informada no es plenamente democrática”. Por su parte, Gil Lavedra advirtió que
“de esta manera pueden ocurrir algunos excesos, pero entendemos que el remedio está
en la libertad y en la sociedad para dar credibilidad a uno u otro”. Los fundamentos
plantean que “se ha seguido una jurisprudencia de la Corte que ha considerado que la
tutela legal menor respecto del honor de los funcionarios y de las personalidades
públicas es vital para la subsistencia de la república democrática”. Badeni fue
más allá al proponer que la responsabilidad civil no se aplique en ningún caso. Sobre
estos puntos gira la polémica. Gil Lavedra planteó que el Gobierno podría introducir
este debate para el período de sesiones extraordinarias, pero Genoud, más cauteloso,
expresó que seguirían la ronda de consultas con juristas y organismos relacionados con
el tema para que pueda ser aprobado alrededor del mes de abril del año próximo.